Según los testimonios y documentos conocidos hasta el momento, la historia comienza mucho antes de aquel marzo de 1887. Más de mil indígenas habitaban la Reducción de San Antonio de Obligado. Durante años, las comunidades atravesaron situaciones de maltrato, desigualdad económica y conflictos vinculados a sus tierras y títulos de propiedad. A igual trabajo, los criollos podían llegar a percibir hasta tres veces más que los trabajadores indígenas.
Pero hubo un hecho que llevó la indignación a un punto límite.
El pedido de una niña indígena por parte del general Rudecindo Roca —hermano de Julio Argentino Roca, entonces gobernador de Misiones y propietario de un ingenio azucarero— para su «servicio personal», según consta en el telegrama original, se convirtió en un punto de quiebre.
El 7 de marzo de 1887, la comunidad reaccionó.
La respuesta fue una fuerte movilización de fuerzas militares provenientes de distintos puntos de la región, que emprendieron una persecución contra integrantes de las comunidades, acompañadas —según los testimonios y documentos que forman parte de la investigación— por terratenientes y comerciantes de la zona.
Entonces comenzó la represión.
El 11 de marzo de 1887, al menos 16 indígenas que se encontraban detenidos y que, según los testimonios conocidos, no habían participado de la sublevación, fueron asesinados.
El relato del sacerdote que encontró los cuerpos describe una escena estremecedora: personas atadas de pies y manos dentro de una habitación, entre ellas una mujer y un niño. Otros dos indígenas, que se encontraban trabajando junto a un agrimensor, fueron detenidos cuando regresaban por el camino y posteriormente asesinados y quemados.
Aquel hecho quedó guardado en la memoria de las comunidades como el Día de la Masacre de San Antonio de Obligado.
Durante generaciones, esta historia sobrevivió principalmente a través de la memoria oral.
Pero la memoria nunca desapareció.
Las voces de las comunidades continuaron transmitiendo lo ocurrido. Los documentos fueron conservados. Los testimonios permanecieron. Y con el paso del tiempo comenzó a construirse una investigación destinada a reconstruir aquella verdad desde distintas disciplinas: la historia, la antropología, la antropología forense y, fundamentalmente, desde la memoria de los pueblos originarios.
139 años después, esa historia vuelve a hacerse presente.
El 3 de agosto de 2026 comenzaron las excavaciones en la Cruz Alta de San Antonio de Obligado, en el marco de la investigación de estos hechos.
Durante los primeros días fueron recuperados dos elementos óseos humanos, que fueron resguardados conforme a los protocolos correspondientes y puestos a disposición de la Justicia para los estudios científicos que permitan determinar su origen y aportar nuevas evidencias a la investigación.
Para las comunidades, no se trata solamente de encontrar restos.
Se trata de encontrar respuestas.
Se trata de recuperar una historia que durante décadas fue silenciada.
Se trata de darle un lugar a quienes no pudieron contar su propia historia.
Se trata de memoria, verdad, justicia y reparación histórica.
Hoy San Antonio de Obligado comienza a mirar nuevamente hacia aquel marzo de 1887, pero esta vez con herramientas para investigar, documentar y reconstruir lo sucedido.
Porque la historia no desaparece cuando deja de escribirse.
Permanece en la memoria de los pueblos.
Y cuando esa memoria encuentra documentos, testimonios y evidencia, comienza un nuevo camino:
el camino hacia la verdad.
Dra. Cintia Chávez representante de las comunidades quien inicio e impulsa la causa.
Colectivo GUIAS Universidad Nacional de La Plata. Fernando Pepe Antropólogo
Juan Nobile antropólogo junto al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Sonia Alesso CTERA
Patricia Hernández secretaria adjunto de AMSAFE
Marco Bufano Fernández/Colectivo GUIAS.
Gastón Maidana /Rqta Santa Fe.
