La comunidad del IFDC reclama la reincorporación inmediata de las cuatro trabajadoras y el restablecimiento del Consejo Directivo. Docentes y estudiantes denuncian una medida persecutoria y el avance de la Dirección de Educación Superior sobre la autonomía institucional.
Por Revista Sudestada
En el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina, en los días 29 y 30 de julio, cuatro profesoras fueron apartadas preventivamente de sus cargos y separadas de sus funciones como representantes del claustro docente en el Consejo Directivo. La medida se produjo en el marco de un conflicto originado por la implementación de la Resolución 439/26 del Consejo Provincial de Educación de Río Negro, aprobada sin una instancia efectiva de participación de las comunidades educativas de los Institutos de Formación Docente Continua, y cuestionada por docentes de los distintos institutos de la provincia.
No se trata, por lo tanto, de un conflicto individual ni de la defensa corporativa de cuatro trabajadoras de la educación feministas, activistas y comprometidas con su formación permanente. Las docentes sumariadas fueron elegidas como representantes de su claustro y actuaron en el marco de las funciones que les asigna el Reglamento Orgánico Marco del Nivel Superior (ROM). En sucesivas asambleas, el cuerpo docente del IFDC de Villa Regina expresó su rechazo a distintos aspectos de la nueva normativa y mandató a sus representantes para llevar esa posición al Consejo Directivo con el objetivo de solicitar la suspensión de decisiones vinculadas con los concursos hasta obtener una respuesta formal de las autoridades educativas.
El reclamo era colectivo. También lo era la preocupación por las consecuencias que la aplicación de la Resolución 439/26 estaba produciendo en los Institutos de Formación Docente de la provincia. A pesar de ello, la respuesta no fue la apertura de una instancia de diálogo que permitiera discutir las objeciones planteadas y habilitara una medida colectiva avenida a la responsabilidad otorgada al equipo directivo en términos de representación. La respuesta fue, por el contrario, iniciar cinco sumarios administrativos, incluido el del director de IFDC -que aún continúa en su función -, y apartar de sus cargos, solamente, a las cuatro consejeras docentes.
Las consecuencias de esa decisión trascienden la situación laboral y profesional de las profesoras afectadas. Su separación dejó sin funcionamiento al Consejo Directivo del IFDC de Villa Regina, restringiendo la participación de los distintos claustros en las decisiones institucionales. Las funciones del órgano de cogobierno fueron asumidas por la Dirección de Educación Superior, a cargo de Gabriela Yocco, mientras una parte del equipo docente y estudiantes —representados por su Centro y Claustro— denuncian que se ha producido una intervención de facto en la institución.
Resulta particularmente preocupante la secuencia de hechos que rodea a este proceso. Mientras el Consejo Directivo se encontraba en cuarto intermedio, se avanzó con designaciones docentes cuya legalidad y procedimiento fueron cuestionados por representantes de los claustros. Posteriormente, las consejeras fueron apartadas de sus espacios curriculares y, pocos días después, se publicaron como vacantes sus propios cargos de carácter titular, obtenidos mediante el concurso correspondiente regulado por el Consejo Provincial de Educación de Río Negro.
El Equipo Directivo del IFDC Villa Regina está conformado por el director Jorge Haap, sumariado pero no apartado de su cargo y las coordinadoras Carolina Bravino, Samanta D’Ervé y Ana Bottos, quien recientemente ha renunciado a la coordinación. Este Equipo directivo lleva a cabo acciones antidemocráticas elevando informes sobre las diferentes actividades de protesta por parte de la comunidad educativa. Además, y esto es muy grave, ha prohibido el ingreso de las docentes afectadas al IFDC. Esta suerte de exilio al que se las somete, inconcebible bajo un gobierno democrático, las excluye también de cualquier acción cotidiana o educativa en esta y otras dependencias del Ministerio de Educación de la provincia, conducido por Patricia Campos. En este sentido, esta sanción reservada para casos extremos – que no guardan relación con la situación descripta – resignifica el carácter “preventivo” argüido en términos de la “peligrosidad” que significaría el ejercicio libre de las funciones obtenidas legítimamente por concurso y por el voto de la comunidad educativa del IFDC.
Sumado a esto, y en desmedro del valor de la formación y sus incumbencias —pilar que sostiene gran parte de los documentos oficiales para garantizar el nivel de la Formación Inicial y Permanente—, las docentes han sido reubicadas en dependencias estatales para realizar tareas administrativas y de atención al público que no se vinculan con su formación ni con las funciones que desarrollaban anteriormente. Es necesario hacer hincapié en que las cuatro docentes son profesoras titulares por concurso, consejeras elegidas por el voto del claustro docente, con títulos de posgrado de universidades públicas y feministas con destacado recorrido en la defensa por los derechos de las mujeres. Asimismo, las trayectorias estudiantiles son afectadas en su continuidad, la comunidad educativa denuncia restricciones a la circulación de información, al derecho de reunión y a la realización de acciones públicas en defensa de la reincorporación de las profesoras.
Estos hechos no pueden analizarse aisladamente. Está en discusión la vigencia efectiva de la democracia institucional en los Institutos de Formación Docente, el funcionamiento de los órganos de cogobierno y el derecho de docentes, estudiantes y no docentes a participar en las decisiones que afectan sus condiciones de trabajo, sus trayectorias formativas y la vida de las instituciones públicas. También está en discusión el derecho a sostener posiciones críticas y ejercer la representación colectiva sin que ello derive en mecanismos de sanción y disciplinamiento.
La educación pública necesita instituciones capaces de debatir sus conflictos, tramitar sus diferencias y construir decisiones con participación de sus comunidades. Los desacuerdos sobre políticas educativas, reglamentos, concursos o condiciones de trabajo no pueden resolverse mediante el silenciamiento de quienes cuestionan esas políticas, ni mediante sanciones punitivas disciplinantes.
Defender hoy a las cuatro docentes del IFDC de Villa Regina no significa intervenir en un conflicto personalizado ni desconocer las instancias administrativas que correspondan. Significa exigir que esas instancias no se conviertan en instrumentos de poder para desarticular la representación colectiva, paralizar los órganos de cogobierno y disciplinar la protesta.
Por todo lo expresado solicitamos la adhesión de instituciones educativas y culturales, organizaciones de Defensa de Derechos y personas de la comunidad para acompañar el reclamo de docentes, estudiantes, graduadas y graduados, jubilados, jubiladas, trabajadoras y trabajadores y de la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina.
Exigimos la inmediata reincorporación de las cuatro profesoras a sus cargos y al pleno ejercicio de sus funciones de representación, la restitución del funcionamiento del Consejo Directivo y la apertura de una instancia genuina de diálogo sobre la Resolución 439/26 y sus consecuencias para los Institutos de Formación Docente Continua de la provincia.
A cincuenta años del golpe cívico-militar, la defensa de la democracia no puede limitarse a una conmemoración. También exige defender, en el presente, las instituciones en las que esa democracia se ejerce cotidianamente: el derecho a participar, a disentir, a organizarse y a sostener colectivamente una posición.
Su reincorporación es urgente. Por la democracia institucional. Por el cogobierno. Por el derecho a la participación y a la protesta. Por la educación pública.
La comunidad educativa de los IFDC de Río Negro solicita la adhesión de instituciones educativas, culturales, organizaciones y personalidades destacadas de la política, la cultura y la educación.
