La universidad siempre ha sido un lugar donde dar pelea.
Pero, como sabemos muchos, las peleas no siempre consisten en armarse violentamente contra otros. A veces dar pelea significa pensar colectivamente, encontrarse y escucharse. Construir un espacio para seguir parados en la vida. Y mantenerse en pie implica, muchas veces, poder sentirse sostenido por otros.Algo de eso tiene nuestro proyecto. Reunirnos, conocernos, escuchar historias que muchas veces llegan cargadas de dolor, de violencia, de pérdidas y de oportunidades que nunca estuvieron. Contarnos a nosotros mismos qué nos pasa cuando una sociedad parece dejarnos cada vez menos lugares donde encontrarnos y, al mismo tiempo, nos ofrece respuestas cada vez más rápidas para señalar culpables.
Desde el Programa Jóvenes y Prácticas Restaurativas del Instituto de Justicia y Derechos Humanos (dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica) de la Universidad Nacional de Lanús trabajamos con adolescentes y jóvenes que atraviesan conflictos con la ley penal, desde una perspectiva de Justicia Restaurativa y Derechos Humanos.
Pero decirlo así puede resultar demasiado sencillo. Porque trabajar con jóvenes que atraviesan un proceso penal no es solamente trabajar sobre un delito. Es encontrarse con una historia, con una familia, con una escuela que quizás quedó lejos,con vínculos que se rompieron, con consumos problemáticos,con dificultades para acceder a la salud, al trabajo o a una formación, con barrios donde las oportunidades no siempre llegan. Y también con capacidades, deseos, intereses y posibilidades que muchas veces quedan invisibilizados cuando toda una vida empieza a ser narrada a partir de un expediente.
Por eso, desde hace cuatro años intentamos construir otra forma de mirar esas trayectorias. No para negar la responsabilidad frente a un hecho. Todo lo contrario.
Para nosotros, responsabilizar implica poder reconocer lo sucedido, comprender sus consecuencias y asumir las responsabilidades que correspondan. Pero también implica algo más: generar las condiciones para que una persona pueda construir algo diferente hacia adelante.
Porque si la única respuesta que ofrecemos frente a un adolescente que cometió un delito es el castigo, ¿qué estamos haciendo con todo lo que sucede después?
Una nueva etapa para el sistema penal juvenil
Esta pregunta adquiere hoy una dimensión particular.
Argentina acaba de poner en marcha un nuevo Régimen Penal Juvenil. La Ley 27.801 establece un régimen aplicable a adolescentes desde los 14 años y deroga la antigua Ley 22.278. Pero el cambio no consiste únicamente en bajar la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por el sistema penal. El nuevo régimen amplía considerablemente el alcance del sistema penal sobre las adolescencias. Es decir, no baja solamente la edad de punibilidad: también desaparecen determinadas exclusiones que alcanzaban a adolescentes de 16 y 17 años, de modo que cualquier conducta tipificada como delito puede habilitar el ingreso al sistema penal.
Esto significa que, a partir de ahora, adolescentes más jóvenes y frente a un universo más amplio de conductas podrán quedar bajo intervención penal.
Y esto nos obliga a hacernos preguntas que durante el debate legislativo quedaron muchas veces desplazadas. ¿Qué hacemos como sociedad cuando un adolescente de 14 años ingresa al sistema penal?
Estas preguntas no son accesorias. Son, creemos, el centro de la discusión que se abre con la implementación del nuevo régimen.
Del expediente a la persona
Nuestra experiencia nos fue llevando justamente hacia ahí. Trabajamos con jóvenes que atraviesan procesos penales en libertad y también con quienes transitan o egresan de contextos de encierro. Lo hacemos articuladamente con las Defensorías y con distintos actores del sistema de justicia de Lomas de Zamora y Lanús-Avellaneda, y hemos encontrado en los distintos Departamentos Judiciales espacios de recepción y apertura para construir experiencias de trabajo conjunto.
Esto nos enseñó algo que parece sencillo, pero no siempre sucede: ningún actor puede resolver solo una trayectoria compleja. El desafío es que esas intervenciones no funcionen como compartimentos separados.
Porque una misma trayectoria puede atravesar muchas instituciones y, cuando cada una mira solamente su propia parte, el joven termina quedando en el medio.
Por eso hablamos de articulación. No para que las instituciones hagan lo que no les corresponde, sino para que cada una pueda hacer mejor aquello que sí le corresponde y, juntas, puedan construir respuestas que ninguna podría generar por sí sola.
Así, trabajamos con acompañamientos individualizados. Cada joven que ingresa al Programa cuenta con un referente que lo acompaña durante todo su proceso penal (y, en muchos casos, lo sigue acompañando también cuando culmina). Intentamos generar espacios de escucha y propuestas educativas y de formación. Y, sobre todo, intentamos construir las estrategias junto con los propios jóvenes.
Lo restaurativo no es ser “blando”
En tiempos donde la discusión pública suele reducirse rápidamente a castigo o impunidad, hablar de Justicia Restaurativa puede ser interpretado como una posición ingenua. Una perspectiva restaurativa no significa desconocer el daño producido ni evitar la responsabilidad. Tampoco significa negar el conflicto. Significa mirarlo de otra manera.
Preguntarnos qué ocurrió, quiénes fueron afectados, qué responsabilidades pueden asumirse, qué vínculos fueron dañados y qué posibilidades existen de reparar y transformar esa situación.
Significa entender que la responsabilidad no termina necesariamente en reconocer una conducta pasada. También puede consistir en construir condiciones para no repetirla.
Por eso, cuando trabajamos en los talleres sobre vínculos, participación, resolución pacífica de conflictos o proyectos de vida, no estamos haciendo algo separado de la cuestión penal.
Estamos trabajando sobre una de las preguntas centrales de cualquier política de prevención: cómo generar condiciones para que un joven pueda construir una trayectoria diferente.
Y allí aparece una palabra que para nosotros es inseparable de lo restaurativo: derechos.
La prevención también se construye con oportunidades
Muchas veces hablamos de inclusión social de manera abstracta. Pero en la vida cotidiana la inclusión tiene formas muy concretas: es volver a estudiar, es acceder a una capacitación, es aprender un oficio, es conseguir un espacio donde participar, es construir un vínculo distinto con otros, es tener un referente que pueda escuchar, es poder acceder a una institución que antes parecía inaccesible (como una Universidad Nacional).
En nuestro trabajo, muchas de esas cosas aparecen en pequeños movimientos. Un joven que vuelve a estudiar. Otro que empieza un curso. Otro que se acerca a una actividad comunitaria. Otro que puede hablar por primera vez de algo que le preocupa.
No siempre son grandes transformaciones, pero muchas veces una trayectoria empieza a cambiar justamente ahí.
El desafío que tenemos por delante
La implementación de un nuevo Régimen Penal Juvenil nos coloca frente a un desafío enorme.
No solamente porque habrá más adolescentes alcanzados por el sistema penal y porque el Estado deberá responder frente a nuevas situaciones. También porque la propia ley incorpora herramientas que requieren instituciones, equipos, programas y redes capaces de hacerlas realidad.
La pregunta, entonces, no puede ser solamente cuántos adolescentes serán alcanzados por el nuevo sistema.
Tenemos que preguntarnos qué sistema vamos a construir para recibirlos. Porque si ampliamos el alcance del sistema penal pero no ampliamos las oportunidades, las respuestas educativas, los dispositivos de salud, las propuestas de formación, los espacios comunitarios y los acompañamientos individualizados, corremos el riesgo de ampliar solamente la capacidad de castigar.
Y quizás ese sea uno de los principales desafíos de este momento: lograr que las medidas alternativas no sean simplemente alternativas al encierro, sino verdaderas oportunidades para construir otros recorridos.
Que la intervención penal pueda constituirse, cuando sea posible, en una oportunidad para que un joven reconstruya vínculos, retome estudios, acceda a derechos y pueda imaginar un proyecto de vida diferente.
Lo que sí sabemos es que no alcanza con preguntarnos qué hacemos con los jóvenes cuando llegan al sistema penal. Tenemos que preguntarnos qué hacemos con ellos antes, durante y después. Y esa pregunta no le corresponde solamente a la Justicia.
Nos corresponde a todos/as como sociedad.
Porque quizás, en definitiva, de eso se trata también dar pelea.
De reunirnos cuando parece más fácil separarnos. De generar espacios respetuosos para nuestros adolescentes.
De construir vínculos cuando todo empuja al aislamiento.
De insistir en que un joven no puede quedar reducido al delito que cometió.
Y de sostener, incluso cuando el mundo se pone más oscuro, que una vida no tiene por qué quedar definida por su peor momento.
