El Gobierno nacional busca derogar la normativa apelando a argumentos elaborados por la industria alimenticia y sus aliados en organizaciones como la COPAL. La ofensiva contra el marco también es promovida por actores de la nutrición con llegada mediática y que operan alineados con corporaciones lácteas, de los ultraprocesados y las gaseosas. El rol de Sergio Britos, Mónica Katz y Cormillot. Más de 300 organizaciones demandan la continuidad de la ley. La evidencia científica confirma la importancia y la efectividad del marco legal vigente.
Dispuesto a hacer de la preservación de la salud pública y el consumo consciente otro apéndice enterrado en el pasado, el gobierno que encabeza Javier Milei busca avanzar con la derogación de la normativa 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida de forma popular como “Ley de etiquetado frontal”. Atenta a las exigencias de gigantes de los ultraprocesados, los lácteos, y las bebidas azucaradas como Nestlé, Danone, Arcor, Pepsico, Mondelez y La Serenísima, por mencionar algunas corporaciones, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) se propone desmantelar una de las políticas sanitarias más importantes y efectivas del país.
Esto, pese a la contundente evidencia científica local e internacional que demuestra la efectividad de la establecido por el marco legal vigente, que entre otros aspectos brinda detalles de aquellos comestibles que presentan excesos de ingredientes nocivos para la salud —a través de los ultraconocidos octógonos negros—, limita la publicidad orientada a captar la atención de las infancias, y busca alejar de las escuelas a las compañías que alientan el consumo de chatarra promocionada como alimento.
La decisión de derribar el marco representa la máxima aspiración para empresas cuyos negocios se han visto menguados por los límites que establece la normativa, reglamentada en marzo de 2022. Desde tiempos previos a esa promulgación hasta hoy, las compañías de los ultraprocesados, los lácteos, las gaseosas y las bebidas azucaradas, energizantes y carbonatadas, han ejercido un lobby en el sector político y dirigencial que hoy las coloca al borde de lograr el cometido de tomar el control del devenir nutricional de todo un país.
Los intereses de ese sector se concentran y ven representados en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina, más conocida como COPAL, una entidad de la que forman parte desde empresas como Arcor, Cabrales, Cargill, Coca Cola, Quilmes, Fargo, Danone, Ledesma, Molinos, Mondelez, La Serenísima, Pepsico, Nestlé y Unilever hasta organizaciones como el Centro Azucarero Argentino, el Centro de la Industria Lechera (CIL) y la Asociación Civil de Empresas de Nutrición Infantil (ANI), entre otros actores.
El lobby corporativo también se apoya en aliados mediáticos
En esta ofensiva por derribar la ley de etiquetado frontal, este bloque de empresas con llegada directa al gobierno de Milei se ve apuntalado, además, por la acción discursiva y mediática de un pelotón de nutricionistas y otros expertos ligados a la salud y la alimentación que operan en sintonía con los intereses de los nucleados en COPAL.
En todos los casos, dichos nombres han mantenido o sostienen algún tipo de relación con las compañías que quieren el fin de la normativa 27.642, en otra muestra de un conflicto de intereses que estos personajes ejercen sin ruborizarse. Algunos ostentan un elevado perfil mediático, como es el caso de Mónica Katz, una nutricionista que suele publicar columnas en el diario Clarín y supo ejercer la presidencia de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).
Entre otros roles, Katz integra PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil), una organización que acumula años haciendo lobby a favor de la industria lechera. En septiembre del año pasado, PROFENI tuvo una fuerte promoción mediática a partir de su alianza con Danone para el lanzamiento de otra versión del Danonino.
Además de Katz, también integran la entidad nutricionistas e investigadores como María Elena Torresani, Florencia Flax Marcó, Andrea F. González, Gabriel Vinderola y Sergio Britos. Precisamente, ese bloque aparece firmando un estudio con pretensión científica que, publicado en abril de 2024 por Frontiers in Nutrition, alienta el consumo de yogur incluso para un presunto mejor “manejo” de la diabetes tipo 2.
Lo interesante se ubica casi en el epílogo de ese trabajo: la misma publicación incluye un apartado titulado “Incompatibilidad” que menciona lo siguiente: “Los autores participaron en actividades de consultoría o fueron ponentes en reuniones científicas patrocinadas por empresas que producen alimentos fermentados y/o probióticos u otros bióticos, en orden alfabético: Adare Microbiome, ADM-Biópolis, B-Life, Biaconsult, Biohelper, Biomills, Carnot, Chr. Hansen, Danone, Diagramma SA, Difare, Equaquímica, Ethical Nutrition, Cassará, Lácteos Manucho SRL, La Serenísima, Lesaffre, Mead Jhonson, Megalabs, Nestlé, Nexus Agro, Nutricia, Pileje, Sacco Systems, Sucesores de A. Williner SA.”
Del grupo que integra PROFENI otra figura a resaltar es Sergio Britos, nutricionista e impulsor de esa entidad y también director del Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Alimentación (CEPEA). Dicha organización, aliada de Danone y La Serenísima por años, también mantiene un lazo muy estrecho con entidades del agronegocio como AAPRESID, una de las principales promotoras y defensoras del uso de agrotóxicos y la siembra de transgénicos en la Argentina.
Britos y CEPEA, puede observarse en las publicaciones del centro en sus redes sociales, también suelen realizar actividades conjuntas o compartir espacios de promoción con Nestlé y la fundación Bunge y Born —la familia que fundó Molinos Río de la Plata—, entre otros actores.
Por último, otros de los opositores históricos a la ley de etiquetado frontal es el inefable Alberto Cormillot, un auténtico dinosaurio en términos de culto al conflicto de interés y el uso de los medios para la divulgación de todo lo que la industria alimenticia busca imponer en el mercado de consumo masivo.
En la cruzada a favor de los ultraprocesados y las gaseosas lo secunda su hijo Adrián, otro amigo de las lácteas más potentes del país y de la misma AAPRESID. Precisamente, en uno de los congresos de esa organización que se llevó a cabo en agosto de 2018 el doctor Adrián Cormillot dijo, sin despeinarse, que la sal de mesa era más peligrosa para la salud que el cancerígeno glifosato.
Cientos de organizaciones se oponen a la derogación
En la vereda de enfrente a los conflictos de interés y las relaciones carnales con la industria alimenticia, y en favor de un consumo consciente, libre y soberano, más de 300 organizaciones expresaron su rechazo a este intento del Gobierno de avanzar con la derogación de la ley de etiquetado frontal.
Subrayan que una decisión así eliminaría “una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población —especialmente, la de niños, niñas y adolescentes— y el acceso a la información de las y los consumidores”.
Además, observan la acción como “un ataque directo al derecho a la información y la salud”. En un comunicado al que accedió Sudestada, se señala que “la propuesta oficialista de derogación generó una profunda alarma en las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, quienes advierten sobre el absoluto estado de desprotección en el que quedará la ciudadanía”.
“La Ley N° 27.642 no solo establece sellos de advertencia en los envases; también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. Su eliminación implicaría desmantelar por completo el sistema de protección de manera inmediata”, enfatizan.
En el comunicado las organizaciones remarcan: “Rechazamos profundamente esta medida que representa un ataque directo a la salud pública. No existen argumentos sanitarios ni científicos que justifiquen la necesidad de derogar la Ley de Etiquetado. Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas, e implicaría un grave retroceso en el derecho a la salud y a una alimentación adecuada”.
Los intereses que defiende el Gobierno y el rol del Mercosur
Consultada respecto del apuro del oficialismo nacional por tirar abajo la normativa, Belén Nuñez, nutricionista y directora institucional de Fundación Sanar, dijo a Sudestada que el Gobierno busca terminar con la ley omitiendo todo tipo de debate técnico y dejando a un lado el rigor científico. “Los argumentos que se repiten son los que envía la COPAL y todas las organizaciones que intervienen desde el conflicto de interés. Están diciendo lo mismo que en 2020 y 2021, en momentos en que se discutió la creación de la normativa”, afirmó.
“Esto es algo que también ha pasado en Chile, México y Uruguay. Cada vez que se busca avanzar o se implementa un etiquetado frontal, aparecen campañas para instalar narrativas de que se afecta la libertad de elección, que se destruyen empleos, que se generan costos, o que hay que hacer educación alimentaria, como si con solo eso alcanzara. Hay que revisar el entorno más allá de la educación alimentaria. En sí, lo que se dice forma parte de las estrategias de interferencia corporativa”, expresó.
Nuñez señaló que la renovada ofensiva de la industria alimentaria cobra mayor fuerza a partir de un “trasfondo ideológico bastante claro”. Así, “el Gobierno viene manteniendo una mirada desregulatoria que se aprecia en el desmantelamiento de programas de salud y alimentación. Es permeable a los intereses corporativos, sin dudas. Que tengan en la mira a una política pública que limita el marketing, obliga a transparentar la información, y restringe ciertas estrategias comerciales no debería sorprendernos”.
Tal como está hoy, sostuvo Núñez, la ley afecta sobre todo los intereses comerciales de las empresas que dominan el mercado de los alimentos y las bebidas.
“Por eso hay tanta resistencia. Uno de los puntos que más cuestionan son las restricciones a las estrategias de marketing dirigidas a niños y niñas. La ley no prohíbe el uso de personajes infantiles en todos los productos, sino únicamente en aquellos que presentan excesos de nutrientes críticos y llevan sellos de advertencia. Las empresas tienen que adecuarse a estas reglas. Estamos hablando de productos cuyo consumo excesivo se asocia a problemas de salud y existe muchísima evidencia que demuestra que el uso de personajes, dibujos y otros recursos dirigidos a las infancias, influye en las preferencias y aumenta la intención de compra de esos productos”, afirmó.
“La norma también toca intereses como los sellos de aval. Antes había productos que venían con sellos de organizaciones científicas. Las barritas de cereal, por poner un ejemplo, tenían el logo de la SAN, algunas papas fritas el de Favaloro, y Cormillot aparecía en un montón de productos. Se trataba de meros acuerdos comerciales. Todo eso acabó con la implementación de la ley. Esas organizaciones y actores vieron afectados sus modelos de financiamiento, por eso hoy están entre las que salen a decir que la ley no sirve. Tenemos asociaciones científicas con supuestos expertos en salud que operan como voceros de los intereses de las empresas limitadas por la normativa”, precisó.
Por su parte, Ignacio Porras, licenciado en nutrición y director ejecutivo de Fundación SANAR, también coincidió en afirmar que “este gobierno es más permeable a la interferencia corporativa”, y dijo a Sudestada que al trasfondo del apuro oficial también debe añadirse el hecho de que 2027 será un año electoral y las alimenticias son financiadores clave de todo el arco político.
El referente de SANAR expuso que el proyecto legislativo oficial que busca derribar la ley de etiquetado frontal cita a la SAN entre sus fundamentos, y también mencionó a la quita de los sellos de aval como el argumento que explica la crítica furibunda que vienen emitiendo distintas organizaciones que se presentan en los medios como promotoras del “buen comer”.
“En los fundamentos del proyecto de derogación también están las palabras de voceros de CEPEA y PROFENI, financiadas por Danone. Son actores que, por ejemplo, siempre hablan de las bondades del yogur o la lactancia mixta para promover las fórmulas comerciales infantiles. Rentan su matrícula profesional con interferencias a favor de la industria láctea”, puntualizó.
Porras sostuvo ante Sudestada que la derogación de la ley de etiquetado frontal que intenta el Gobierno va en línea con la intención de reemplazar la norma local por un rotulado laxo ya a nivel Mercosur. En otro diálogo reciente con quien aquí escribe, el experto mencionó a Brasil como el integrante del bloque que, sobre todo por peso comercial, parece encaminado a extender su sistema de etiquetado a todo el Mercosur.
“Tiene mayor impronta y peso comercial. Además, Brasil no se quiere mover de lo que ya tiene vigente en términos de normativa. El inconveniente está en que cuando uno compara el etiquetado frontal de ese país, Uruguay y la Argentina, encuentra que la ley más fuerte y completa es la nuestra. Por ejemplo, en el etiquetado se incluye la cafeína y los edulcorantes, algo que Brasil y Uruguay no contemplan. También grasas totales, ausentes en el marco de Brasil”, declaró.
Ahora bien, la maniobra a la que podría recurrir LLA es derribar la norma local para, luego, optar por un alternativa más “amigable” con la industria alimenticia y avalada por el bloque regional. En virtud de las pautas legales que rigen para el Mercosur, una ley aprobada en ese nivel implicaría una adopción directa por parte de la Argentina y la posterior dificultad de que ese mismo marco resulte modificado si no hay acuerdo entre los integrantes de la alianza de países.
En ese sentido, Porras afirmó que “quedarnos sin ley y que luego el Mercosur trabaje y apruebe un proyecto de etiquetado haría más difícil cualquier intento por cambiar el marco desde la sociedad civil”. Agregó que “generar una nueva ley argentina implicaría que luego podamos aplicarle modificaciones y el Gobierno sabe eso. Pero si se impone un etiquetado a nivel Mercosur la complicación estará en lograr que los países luego se pongan de acuerdo para generar algún cambio posterior. La supralegalidad de una norma aprobada en el bloque hace muy difícil que se puedan generar cambios”.
La evidencia científica avala la ley de etiquetado vigente
De acuerdo al comunicado emitido por las más de 300 organizaciones que exigen la continuidad del etiquetado frontal vigente —y a diferencia de los cuestionamientos del Ejecutivo, que califica el sistema como “inconsistente” o “simplificado”—, distintos estudios generados por el propio Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF y FIC Argentina tras la implementación de la ley demuestran que los sellos funcionan.
En esa línea, se expuso que el 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables. Al mismo tiempo, más de la mitad de la población afirma haber modificado su intención de compra de bebidas (63%), yogur (62%) y galletitas (50%).
Relacionado con esto, un estudio realizado por UNICEF y FIC demostró que el etiquetado frontal es identificado como una herramienta que permite “desenmascarar engaños” al mostrar la verdadera composición nutricional de los productos. En este sentido, tras la implementación de la ley se redujo notablemente el promedio de las personas que percibían como saludables productos con nutrientes críticos como el yogur, los cereales de desayuno y el jugo.
Hay más: se comprobó que casi el 56% de los argentinos utiliza los sellos negros “siempre o casi siempre” como guía primordial al momento de decidir sus compras.
“Antes de la sanción de la norma, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019) solo el 13% de la población lograba interpretar la compleja información nutricional tradicional declarada al dorso de los envases”, subrayaron las organizaciones. Para luego concluir que desde su entrada en vigencia “los octógonos democratizaron el acceso a la información para toda la población independientemente de su nivel educativo”.
