No es un privilegio, es una deuda. Y nos estamos muriendo esperando. Lo sabíamos. Sabíamos que apenas el proyecto volviera a moverse iban a salir a decir que es un privilegio. Siempre pasa. El proyecto de reparación se presentó durante años y nunca prospera. Y en cada espera se nos fueron muriendo compañeras sin que el Estado les pidiera perdón ni les devolviera nada. Ni un peso. Ni una palabra. Ahora, en varios medios, la misma historia, jubilación travesti, un beneficio vitalicio que el Estado no puede pagar.
Por Florencia Guimaraes
No es una nota aislada. Es una línea discursiva que se repite para instalar una idea, que nuestros derechos son un gasto y que somos un problema para la gente. Lo digo como activista y como sobreviviente de los códigos contravencionales y los edictos policiales. Sé de qué hablo. No es una abstracción de los fundamentos de un proyecto. Es haber vivido con la policía como amenaza permanente solo por existir. Primero, el nombre. Una jubilación premia años de aportes. A nosotras el Estado nos impidió aportar, nos expulsaron de casa, de la escuela y del mercado laboral, y nos persiguieron con edictos y contravenciones. Esto no es una jubilación. Es una reparación por un daño que causó el propio Estado, que tiene que reconocerlo y pedir perdón.
Segundo, la sospecha. Hablan de personas que afirman haber sufrido violencia institucional, como si hiciera falta dudar de las sobrevivientes. No afirmamos, lo vivimos. Está documentado en testimonios, informes y en los archivos de las mismas dependencias que nos detenían. La amplitud probatoria existe porque el Estado persiguió sin dejar registro. No se le puede pedir una sentencia firme a quien fue castigada sin juicio.
Tercero, y lo que más me indigna, la hipocresía. Somos ciudadanas de segunda para cobrar y de primera para pagar. Pagamos impuestos, como cualquiera, y nutrimos al Estado como cualquiera. Ese dinero se derrama sobre casi toda la sociedad, escuelas, hospitales, obras, jubilaciones. Menos sobre nosotras. Nos cobran como a todes y nos excluyen de lo que se financia con eso. Y cuando por fin se propone devolver una mínima parte, nos dicen que la billetera está flaca y que las prioridades están lejos de la gente. ¿Y nosotras? ¿Acaso no somos gente?
Esto no pasa solo. Lo fabrica un discurso que baja desde arriba. En Davos, Milei asoció homosexualidad con pedofilia. Desarmaron el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Intentaron prohibir por DNU tratamientos a menores de 18 que garantiza la Ley 26.743. En ese clima, llamar curro a una reparación no es casual, es la misma palabra que usaron contra los organismos de derechos humanos.
El mecanismo es conocido. Se toma a un grupo pequeño, se lo presenta como privilegiado que le saca a la gente y se lo señala como culpable de lo que falta. Se lo convierte en el enemigo interno. Después la violencia se vuelve tolerable, y esa violencia llega a nuestros cuerpos.
Se estima que la expectativa de vida travesti ronda los 35 a 40 años. Quien llega a los 40 es una sobreviviente. La mayoría de nuestras compañeras murió sin reconocimiento. Cada año que pasa sin esta ley es otro año de compañeras que mueren sin reparación. La demora también es violencia.
No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado se haga cargo de lo que hizo. Y quien llama privilegio a una reparación tendría que explicar por qué prefiere que las sobrevivientes mueran sin ella.
Que se hagan cargo, mientras todavía quedamos.
