Valeria Foglia | @valeriafgl
Por primera vez en la historia argentina, empresas fabricantes e importadoras de agrotóxicos fueron sancionadas con una multa de casi ochocientos millones de pesos en total por incumplir la ley que las obliga a gestionar la recolección y el tratamiento de envases con restos de estos productos riesgosos para el ambiente y la salud. Al drama de los pueblos fumigados en la Provincia de Buenos Aires se suma la desidia a la hora de descartar los recipientes tóxicos.
Revista Sudestada accedió al listado con las veinticinco firmas que recibieron multas, donde destacan líderes del sector como Bayer-Monsanto, Syngenta, Sigma Agro, Dupont, Dow y Basf. Todas adhirieron en mayo de 2018 al sistema de gestión de envases de la fundación CampoLimpio, aprobado con observaciones por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que debió sancionarlas por incumplir reiteradamente cronogramas y compromisos. Otras ochenta empresas, entre las que se encuentran YPF Agro y Los Grobo, fueron apercibidas mediante carta documento. CampoLimpio ya adelantó que apelará la resolución. Más de doscientas empresas ni siquiera tienen sistema de gestión y también serán notificadas.
Según el OPDS, en 2019 73 agroquímicas comercializaron 13. 151. 863 envases en suelo bonaerense, pero en 2020 solo se recuperó el 8 % (1. 081. 710). Esto quiere decir que hay unos doce millones descartados sin ningún control, a lo que deberá sumarse la cantidad volcada en 2020.
CampoLimpio rechaza la cifra del OPDS por “carente de sustento técnico”. Desde el área de prensa del organismo provincial respondieron, ante la consulta de Revista Sudestada: “contamos los envases en función de las declaraciones juradas que ellos presentan”. Y aclararon que más de treinta compañías no lo hicieron. “Ellos en su página publican datos de kilos de plástico a nivel nacional, no de la Provincia, y no es lo mismo cantidad de plástico que cantidad de envases. Estos son totalmente diferentes unos de otros, entonces, ¿cómo comparás?”. Los envases volcados en 2019 serían aún más.
El proceso de sanciones comenzó en octubre pasado tras más de mil notificaciones. Las empresas fueron imputadas quince meses después de vencidos los plazos que establece la Ley 27. 279 para adecuar los sistemas de gestión. Entre estas, se sancionó económicamente a aquellas que en 2019 volcaron más de cien mil envases, mientras que las que vertieron menos son apercibidas y deben presentar un nuevo plan.
La ley nacional de “gestión ambiental de envases vacíos de fitosanitarios” -eufemismo para agrotóxicos- establece responsabilidades compartidas entre aplicadores, comercializadores, registrantes (portadores del certificado de uso y comercialización), transportistas, operadores de envases (encargados del reciclado) y usuarios, cada uno en su rubro.
La norma sancionada en 2016 obliga a las empresas que venden plaguicidas a “organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases”, por el que deben construir Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT). Según CampoLimpio, los compromisos iniciales -seis para 2019 y veinte para 2023- fueron superados con creces, dado que cuentan diecisiete CAT en total, a los que suman otros nueve en espera de habilitación del OPDS. “Algunos desde septiembre de 2020”, se quejaron.
La Asociación Agraria señaló que en 2020 cuadruplicaron la recolección de envases con respecto al año anterior, pero consideraron que es imposible hacer más si no se habilitan esos CAT. Sin embargo, desde el OPDS aseguraron a Revista Sudestada que “el informe que motiva la imputación fue elaborado sobre los incumplimientos previos a septiembre de 2020” y que, de treinta CAT habilitados en la Provincia, hay seis en proceso porque les falta documentación, otros seis funcionan sin ofrecer su incorporación al sistema y dieciséis están efectivamente funcionando. La mayoría fueron construidos y financiados a nivel municipal, con asistencia técnica del OPDS. Son, de todas maneras, cifras muy pobres para dar respuesta a una provincia con 135 municipios.
Otra de las quejas de CampoLimpio es la falta de implementación del sistema único de trazabilidad dispuesto por la ley para monitorear envases vacíos y determinar con exactitud cuántos se han puesto en el mercado. El OPDS retrucó que dicho sistema depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que su ausencia no impide que las empresas con grandes recursos implementen sistemas de gestión y monitoreo propios.
Los recipientes deben pasar por un proceso de triple lavado o lavado a presión, perforado y acopiado en CAT o nodos logísticos. Cuando no haya, los productores agropecuarios deben almacenarlos hasta que municipios o empresas hagan campañas de recolección. Según la resolución 505/19 del OPDS, deben estar a más de quinientos metros de escuelas, centros de salud y recreativos, así como de ríos y depósitos de agua, por un plazo que no supere el año.
El resultado de sus incumplimientos es un riesgo extra a la salud pública y al ambiente: los envases se entierran, queman a cielo abierto, desechan en basurales junto con residuos urbanos o se venden y terminan en circuitos informales de reciclado, desde donde se pueden reconvertir a vasos, bolsas e incluso juguetes, lo que está expresamente prohibido.
La realidad de los pueblos fumigados más allá de los números
Mientras empresas y Gobierno provincial forcejean con cifras y se pasan la pelota, las fumigaciones no han tenido restricciones ni cuarentena en tiempos en que se habla de poner la salud por encima de todo.
Monsanto ($76. 957. 232) y Bayer ($55. 167. 094) ocuparían el tercer y cuarto lugar, respectivamente, entre las empresas con mayores sanciones económicas, pero tras la compra de la multinacional norteamericana por parte de la alemana ascienden al primero, con $132. 124. 126, desplazando a Syngenta ($86. 468. 800) al segundo. Es una cifra que no le hace cosquillas si se considera que en 2020 Bayer aumentó a más de 22. 000 millones de dólares sus ventas en el rubro agrícola, especialmente gracias a América Latina y Asia. Venía de un último trimestre de 2019 en el que sus ganancias subieron a 10. 934 millones de dólares, aun con las decenas de miles de demandas de víctimas del glifosato “heredadas” de Monsanto.
En Argentina, la planta donde la mayor agroquímica del mundo produce plaguicidas se encuentra en Zárate, Provincia de Buenos Aires, desde donde exporta cerca de ocho mil toneladas anuales a Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Los almacena en los galpones de la Estación Experimental Fontezuela -partido de Pergamino-, donde, según Bayer, hay “un fuerte vínculo con las comunidades aledañas, gracias a diferentes actividades de voluntariado y programas solidarios”. Los vecinos opinan muy diferente.
En plena pandemia, Javier Martínez, intendente macrista de Pergamino, incumplió un fallo que lo obligaba a proveer bidones con agua potable a los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, severamente afectados por las fumigaciones: dieciocho sustancias tóxicas usadas en el agro y gran cantidad de arsénico fueron detectados en el agua en distintas concentraciones, por lo que no es apta para consumo o aseo. “El agua sin veneno es un derecho”, dijeron los vecinos agrupados en Paren de Fumigar.
No es un caso aislado: el partido de Pergamino es una de las “capitales agrotóxicas” de la Provincia. La ONG Naturaleza de Derechos, en representación de vecinos, denunció que la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, en cuyo predio funcionan un jardín y una escuela secundaria, en 2020 pidió ser exceptuada de cumplir las restricciones para fumigar dispuestas el año anterior por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, por las que está prohibido aplicar agrotóxicos a menos de 1095 metros en tierra y 3000 si es desde el aire.
En diálogo con Revista Sudestada, una pergaminense cuya identidad se preserva asegura que las “buenas prácticas” en el agro no existen cuando se trata de venenos. “Acá están Bayer y Dupont, las otras no sé”, respondió ante la noticia de las sanciones. Aunque se habla de reciclar el material de los recipientes, ella desconfía: “Acá en las verdulerías y algunas panaderías te dan una bolsas verdes con olor a veneno. Yo ya lo conozco, es inconfundible”.
En mayo de 2020, a menos de un kilómetro del barrio pergaminense Villa Alicia, se hallaron bidones de Syngenta y Nufarm descartados en un camino rural. Algunos, contó la vecina, “se terminan usando en las casas de las familias que viven y trabajan en los campos como baldes o bebederos de animales”.
Independientemente de dónde estén sus plantas, las agroquímicas comercializan sus productos en toda la Provincia. Syngenta es la mimada de Alberto Fernández, que escogió el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, el 3 de diciembre de 2020, para celebrar en la planta de Venado Tuerto el vigésimo aniversario de la multinacional de origen suizo, a la que también invitó a su “mesa contra el hambre” a través de Antonio Aracre, su carismático CEO para el cono sur. Allí el presidente celebró el acuerdo de la mole de biotecnología con la china Sinograin Oils Corporation para exportar más de un millón de toneladas de soja argentina y uruguaya por más de quinientos millones de dólares. “La Argentina del futuro”, la llamó Fernández.
Pero en realidad el monocultivo de soja solo implica atraso, dependencia y contaminación. Se abre paso gracias a la deforestación y, según Eduardo Cerdá de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, implica que se empleen unos quinientos millones de litros de agrotóxicos al año. CampoLimpio se enorgullece de haber recuperado 1. 361. 512 kilos de plástico de envases entre enero de 2019 y diciembre de 2020. Los números no cierran.
La soja transgénica de Syngenta, Bayer-Monsanto y otras empresas que venden paquetes biotecnológicos es adicta a la fumigación con agrotóxicos en zonas de cultivo con plagas cada vez más resistentes. Esos plaguicidas, que alcanzan a las comunidades linderas por las derivas en el aire y el agua, también llegan a nuestras mesas a través de productos derivados de ese cultivo genéticamente modificado: bizcochuelos, alfajores, caramelos, leche, café y salchichas, entre muchos otros de las marcas más importantes.
“Las liberaciones accidentales de nuestras actividades de fabricación de productos químicos son una preocupación particular y destinamos suficientes recursos para prevenir dichos incidentes”, declararon en el sitio de Syngenta, aunque no dan precisiones.
En la web de Sigma Agro destinan un espacio importante a las recomendaciones de una especialista en manejo de envases, que indica que el acopio debe ser en un lugar cerrado, señalizado, con techo y a la sombra, con una superficie que impida la filtración del producto, desde donde debe llevarse a un CAT para su tratamiento y reciclado. Sin embargo, a la empresa la multaron con poco más de ocho millones y medio de pesos.
Pero Sigma Agro, de capitales argentinos, no solo no controla sus envases de agrotóxicos vacíos: tampoco los llenos. La madrugada del 27 de septiembre de 2019 su planta formuladora ubicada en La Verde, a cinco kilómetros de Mercedes, se incendió y explotó, liberando al ambiente una verdadera bomba biológica: más de ochocientos mil litros de plaguicidas como glifosato, glufosinato de amonio, paraquat, 2,4-D, atrazina y clorpirifos, cada uno con un prontuario de enfermedades sobre las comunidades, muchos de ellos prohibidos en otros países. Rubén Ponce, trabajador contratado de Sigma Agro, resbaló sobre un charco de veneno y recibió una quemadura química que le provocó la muerte pocas horas después. En un hecho insólito, en ese entonces el OPDS clausuró las instalaciones sin haberles extendido jamás la habilitación en el predio situado a apenas dos cuadras y media de una escuela y a tres de la estación de tren. Un año después, vecinos y vecinas de La Verde seguían peleando por la remoción de los escombros y los envases contaminados, denunciando este crimen ambiental que pasó sin mayores consecuencias gracias al blindaje político y judicial.
La multa actual es inédita por el monto y los destinatarios. El antecedente más cercano fueron los $30 millones por “daño ambiental” impuestos en 2020 por el Gobierno de La Pampa contra CampoLimpio. Tras eso, la provincia debió sancionar una ley que fija distancias para la aplicación de agroquímicos y otra para el desarrollo de la producción agroecológica. En febrero de este año la empresa FerroExpreso Pampeano, propiedad del Grupo Techint, fue multada por $27 millones tras haber enterrado más de cuatrocientos bidones de agrotóxicos -algunos llenos- en la localidad de Ojeda. Era la tercera vez que procedía de esa manera.
¿Es el único sistema posible?
En su libro AgroTóxico, editado por Sudestada, el escritor y periodista especializado Patricio Eleisegui describe sin tapujos la catástrofe ambiental de la Argentina fumigada, donde hay glifosato, atrazina y 2,4-D hasta en el agua de lluvia, según un estudio de 2014 del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), que depende de la Facultad de Exactas de la UNLP. Incluso hay presencia de agrotóxicos donde se supone que no debería, como en gasas, hisopos, tampones y toallas femeninas, lo que fue descubierto por un grupo de científicos en 2015. Los plaguicidas también son los “condimentos no declarados” en frutas y verduras evaluadas por el CIMA en un estudio dirigido por el doctor Damián Marino. Y la lista podría seguir.
Según describe Eleisegui en su libro -el tercero que publicó sobre el tema-, los plaguicidas pueden persistir hasta seis meses en los ecosistemas, como es el caso del glifosato, que se acumuló en la tierra tras casi tres décadas de aplicación en el país. Al perder efectividad ante las malezas, se sumaron otros agrotóxicos como el dicamba, el tercer herbicida más aplicado en Argentina. Creado como arma química para la guerra de Vietnam, es aún más dañino que el glifosato, pero se lo usa en céspedes, pastizales y cultivos como maíz, arroz y algodón. El pronóstico no es alentador mientras siga girando la rueda tóxica sobre el campo argentino, en gran medida extranjerizado y megaconcentrado.
Otros proponen un sistema totalmente diferente: la agroecología. Se puede producir sin agrotóxicos (el problema de los envases quedaría pulverizado al instante), conociendo y respetando los ciclos de la tierra, cuidando la salud del suelo donde se planta y de las localidades vecinas. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) propone colonias agroecológicas integradas por familias productoras, que comercien en las cercanías para evitar costos y otros inconvenientes del transporte y los intermediarios. En territorio bonaerense tienen colonias en Luján, San Vicente, Máximo Paz y Mercedes. “Todos los productos son agroecológicos, sin químicos, absolutamente naturales. Además del beneficio en salud, no gastan un centavo en carísimos venenos y agroquímicos”, dicen.
El plan de la UTT se encuentra con el obstáculo de siempre: la propiedad de la tierra. Necesitan tierras municipales, provinciales y nacionales para desplegar sus colonias. Pero, pese a que el Gobierno nacional creó una Dirección de Agroecología al asumir, en los hechos se sigue alineando con el agronegocio y países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil. Lo demostró en el Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU, donde descartó las propuestas de movimientos campesinos, pequeños productores y pueblos originarios.
En su libro, Eleisegui recuperó las palabras de Osvaldo Bayer durante una charla que compartieron en 2016: “Hoy solo queda seguir luchando en un contexto desigual. Viendo cómo la economía se concentra todavía más en quienes especulan, la tierra y las semillas no son de quienes trabajan, el saqueo extranjero se hace carne y lo que predomina es la entrega. Queda seguir luchando”.
Nosotros y el ambiente donde vivimos no somos descartables. Entonces luchemos.
