Sucumben los territorios al calor de una inacción oficial que brota más alto que cualquier llama. De Santa Cruz a Misiones, el desastre se agiganta a la par de otro Gobierno que juega a favor del extractivismo. La pasividad política engendra nuevas zonas de sacrificio ambiental.
Por Patricio Eleisegui
La voracidad de las llamas predomina. Cualquiera sea el momento, el año. Pero a no confundirse: el fuego no es lo que prevalece cuando se desata la catástrofe: lo que manda es la inacción, la irresponsabilidad política. También la impunidad. Para dejarse estar mientras el presupuesto millonario se envuelve como otro regalo de Navidad que aliviará la caja de las urgencias dirigenciales que vienen.
Arden una y otra vez los territorios. De Santa Cruz a Formosa y Misiones, de Chubut a Entre Ríos y Santa Fe. Probablemente al momento en que se publican estas líneas los focos estén controlados o extintos. Probable, reitero.
Quizás todo lo contrario.
Pero el fuego del que hablo alude a otra cosa. Refiere a la desesperación de familias y ecosistemas que han transitado un 2021 marcado por el desastre socioambiental. Y un reclamo agigantado, masivo, de medidas y soluciones de fondo que los gobiernos no toman porque las cenizas abonan un extractivismo posterior que financia cargos.
Ahí donde algo se quema brota una caja.
El monte nativo patagónico es reemplazado con plantaciones exóticas que abren la puerta a la futura comercialización multimillonaria de bonos o créditos de carbono por parte de las administraciones provinciales y nacional. Panacea del capitalismo verde.
Lo expuso muy bien la Asambleas del Agua del Norte Neuquino en un comunicado emitido a mediados de esta semana: “Desde el año 1996, cuando se aprueba la Ley 2.183 que autoriza a las petroleras a pagar en hectáreas forestadas las servidumbres e indemnizaciones reparadoras por daños producidos sobre el territorio, se garantiza a las empresas no sólo un negocio redituable al tratarse de un monocultivo de pino exótico maderable, sino también porque estas plantaciones son reconocidas como sumideros de carbono y por lo tanto cotizan en bonos verdes”.
“Lo que no interesa a los empresarios forestales y petroleros, que arrasan con el territorio y su biodiversidad, es la cantidad excesiva de agua que consume el pino ‘ponderosa’ en comparación con cualquier otra especie nativa. Así como también lo altamente inflamable de su resina. Por esta el fuego se propaga 5 veces más que con vegetación autóctona. El daño es innegable y es política de Estado”.
En la Patagonia hay certezas de que los fuegos, intencionales o no, se dejan proliferar. Que no es casual la ausencia de planes de prevención. Del suelo carbonizado también germinan los complejos inmobiliarios y la minería.
“Es evidente, tanto en Neuquén como en Río Negro y la heroica Chubut, que, sin el diseño de un plan de prevención que efectivice la contención de un incendio apenas se genera, para luego aparecer con helicópteros y aviones de escasa capacidad de almacenamiento de agua y sin la técnica correspondiente para volar en condiciones adversas, el objetivo no es combatir los incendios, sino dejarlos crecer para luego ceder tierra a los empresarios inmobiliarios, turísticos y mineros”, afirmó la organización.
La convicción del dejar hacer se comparte en la zona del Delta. Se habla de lo mismo en la provincia de Córdoba, que mutó en infierno a principios de octubre. Responsabilidades de gobernaciones y, por supuesto, Nación.
“Yo veo que el norte viene progresando. Y nuestro norte viene progresando por la voluntad de su gente y porque se ha extendido la frontera agropecuaria en estos últimos años. Antes, cuando uno sobrevolaba el norte, veía el monte. Hoy, la parte más llana, se ve lleno de cultivos, lleno de animales de los que crían ganado. Se ven establecimientos agropecuarios modelos. Porque también en el norte, la producción agroalimentaria es fundamental, es motor del progreso”, declaraba, justamente a principios de octubre, el mandatario cordobés Juan Schiaretti.
En simultáneo, se quemaban 63.000 hectáreas. Con epicentro en el norte celebrado por el gobernador.
Sólo en el final de julio ardieron 1.700 hectáreas en el extremo sur del Paraná. “Hay distintos móviles con respecto a los incendios, pero el objetivo es que hay un cambio en el uso del suelo: desarrollo inmobiliario, agropecuario y nuevos terrenos que aparecen por la baja del río”, reconocieron en ese momento sendos expertos del Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Hoy el Delta es tierra de fuegos. Otra vez.
Rafael Colombo es uno de los referentes de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas. No dudó en aportarme su opinión respecto de esta consolidada era de las grandes quemas. “A pesar de que los incendios son un fenómeno que nos retrotrae, como mínimo, a 10 años de historia, los gobiernos, en casi todos sus niveles, no se encuentran debidamente preparados para responder a estas crisis”, afirmó.
“La fenomenología de los incendios, su proyección y distribución, obliga a, en primer lugar, reconocer que existe un problema grave y recurrente que no se está abordando con seriedad. Segundo, debe interpelarse duramente al Estado respecto de cuáles son los problemas que condujeron a esta crisis de los sistemas y subsistemas de manejo del fuego. Tercero, deben mejorarse los déficits identificados. Y, ya en el cuarto lugar, se tiene que asumir la necesidad de articular agencias y sectores del Estado”, detalló.
En nuestro intercambio, Colombo sostuvo que resulta “realmente desconcertante que estemos ante problemas tan básicos como la falta de financiamiento, infraestructura, recursos logísticos, capacidad de movilidad y transporte. Y que no se incorporen más recursos humanos o se fortalezcan o emplacen brigadas estables en los puntos territoriales críticos”.
La burocracia también es un combustible inflamable.
Ante el fuego, la respuesta del Gobierno nacional es siempre la misma: remarca que si las provincias no solicitan ayuda, por efecto de los marcos administrativos vigentes no puede intervenir de forma directa. Que, según la normativa que rige, el problema primero debe ser atendido por el mismo distrito que lo sufre, luego la región y más tarde, sí, la Nación. Ahí aparecen los aviones, las cuadrillas, las autobombas. Cuando la catástrofe llega al punto de no retorno.
“No se toman las medidas cuando se tienen que tomar. Cuando se dio la tormenta, tendrían que haber monitoreado el foco del fuego y no esperar al gran incendio. Sabemos que los grandes incendios no los para nadie, solo las lluvias”, declaró en las últimas horas Patricia Dambielle, titular de la regional Noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Desde el incendio de marzo no hubo prevención y se debió haber hecho en todo el invierno porque ya sabíamos que tendríamos un verano seco. El registro de lluvias daba a entender que iba a ser así. Sabíamos que iba a ser un verano peligroso”, agregó.
Sin embargo, hecatombe.
La pasividad política engendra nuevas zonas de sacrificio ambiental. Para el aprovechamiento de un extractivismo que se regenera de forma permanente. Habrá oportunidades para los empresarios forestales a partir de las llamas de la Patagonia. Ya ha ocurrido.
También para los proyectos turísticos premium, claro. Los focos se multiplican en torno a Añelo, la capital de Vaca Muerta. Ganaderos, sojeros, inversores de eco emprendimientos inmobiliarios en las islas, soplan las llamas que vuelven a propagarse en el Delta.
Formosa es otro territorio que sigue siendo colonizado a fuerza de correr la frontera agropecuaria del transgénico y el feedlot. Lo mismo aplica para Corrientes, el Chaco, la escasa selva que todavía late y respira en Misiones.
Según el Ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandié, en 2021 se quemaron 302.451. Pero la cartera sólo tiene contabilizados los siniestros ocurridos entre el 1° de enero y el 2 de diciembre. En la estadística no ingresan los focos de estos últimos días. Síntoma de la rigurosidad política con que se sigue tomando el desastre. En términos de prevención, dice la dependencia que acaba de finalizar la construcción de las primeras cuatro torres de un sistema de alerta temprana pautado para el delta del Paraná.
Cuatro torres.
Cuatro.
Sólo esta semana ardieron miles y miles de áreas distribuidas en 11 provincias. La ausencia de criterios de prevención y la respuesta posterior al desastre desatado merece leerse en clave extractivista.
Detalles ígneos al margen –no faltará quien insista con echarle la culpa a un rayo–, no hay intención estatal de modificar un “status quo” económico que ha hecho de la posibilidad de pérdida total de la biodiversidad, del aprovechamiento monetario de la catástrofe generalizada, una ilusión permanente que protagoniza sus sueños más mojados.
