El período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID-19 trajo consecuencias para muchas de las mujeres que sufren violencia de género. Según el Observatorio de las Violencia de Género Ahora que sí nos ven, en lo que va del año ocurrieron 265 femicidios en el país, lo que implica que una mujer fue asesinada cada 29 horas. “El riesgo se mantuvo latente y se advirtió un aumento de casos de femicidios”, detalla un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Sudestada conversó con Julieta Molina (@abogadademujeres), abogada independiente y asesora en perspectiva de género, sobre las distintas manifestaciones de la violencia, la aplicación de la Ley Micaela y los desafíos en esta materia desde el Estado.
Por Marisol Ramos
Nacida y criada en la provincia de Santa Fe, Molina asegura haber crecido rodeada de mujeres independientes y trabajadoras. Estudió en la Universidad del Litoral, donde pudo ver materializadas las desigualdades de género. Fue eso lo que la impulsó a leer y especializarse en el tema. “Como abogada y feminista creo que venimos avanzando mucho, pero siento que todo el tiempo somos nosotras las que tenemos que estar exigiendo al Estado que nos reconozca, o que haga algo ante la vulnerabilidad de nuestros derechos, cuando en realidad debería hacerlo sin necesidad de que lo pidamos. Creo que aún no se ha generado la emergencia en cuanto a la violencia de género”, plantea en esta entrevista con Sudestada.
¿Cómo creés que impacta la violencia hacia las mujeres, tanto en la niñez como en la adultez?
En ambas etapas realmente genera cicatrices que son muy difíciles de borrar y que después pueden llegar a limitarlas en su vida cotidiana, tanto en el trabajo como en su vida personal. Es muy fuerte lo que puede provocar esa violencia en las personas. Muchas veces genera traumas psicológicos que no se borran nunca y que son difíciles de expresar. En mi cuenta de Instagram (@abogadademujeres) hablo mucho de no juzgar cuando una mujer no denuncia. Hay que entender que esa decisión implica todo un proceso al que se tienen que someter, y no es fácil porque realmente una persona que fue violentada queda lastimada de por vida.
A lo largo de su carrera, Molina ha tenido que abordar casos de diferentes tipos de violencia. En ese sentido, es fundamental recalcar que hay una serie de variantes posibles: por ejemplo, la violencia psicológica comprende aquellas acciones donde se menosprecia la autoestima de la mujer. A su vez, la violencia simbólica, muy presente en los medios de comunicación, se ejerce poniéndola en el lugar de objeto sexual, al igual que en la violencia laboral. “La violencia económica se da muy seguido. Muchos maridos o parejas tratan de controlar o limitar la economía de la mujer, o directamente no les pasan plata para sus hijos después de separarse”, profundiza.
En relación al entorno digital, ¿creés que los nuevos formatos y la virtualidad crean nuevos espacios y formas de violencia?
La violencia contra la mujer en el entorno digital lamentablemente está en ascenso. La situación de pandemia que estamos viviendo ha facilitado que esto se multiplique. Hoy existen nuevos formatos y nuevas maneras de ejercer esa violencia, hay mucho acoso y hostigamiento por las redes sociales. He tenido casos de chicas que les han subido sus fotos a páginas pornográficas. Hay situaciones en las que personas mayores se hacen pasar por menores de edad para acosar y violentar niñes. Creo que falta avanzar desde el derecho en nuevas tipificaciones en lo que tiene que ver con estas violencias que sufrimos las mujeres en la virtualidad.
Teniendo en cuenta el caso de Paola Tacacho, quien denunció 13 veces a su acosador y aun así fue asesinada, ¿qué sucede con las denuncias que realizan las mujeres? ¿Cómo ves el accionar de la justicia?
En este caso, igual que en otros, las denuncias queden en la nada. Necesitamos que estas cosas se tomen en serio, pero justamente no sucede por la falta de capacitación que hay sobre la violencia de la mujer. Se cree que se exagera, que no pasa nada, pero así es como ocurren los femicidios. El sistema judicial y penitenciario también ejerce lo que llamamos violencia institucional. Muchas veces se revictimiza a la mujer que va a denunciar, se la hace pasar por un montón de organismos para que repita lo que le pasó, no les creen o no les toman la denuncia. Tenemos que entender las políticas públicas como herramientas que tienen un tiempo determinado, porque la mujer no puede vivir y desarrollar su vida para siempre con un botón antipánico al lado. No es justo que, encima viene atravesando una situación de violencia y está siendo vulnerada en sus derechos, tenga que ser ella la que viva una pesadilla en la cual tiene miedo de salir a la calle.
Ley Micaela
En 2017, en Gualeguay, Entre Ríos, Micaela García salió de un boliche y nunca más regreso a su casa. Una semana después, fue encontrada enterrada, violada y estrangulada por Sebastián Wagner, quien hoy cumple una condena de prisión perpetua. En su momento, la justicia entrerriana había dejado libre a su femicida y solo le había dado cinco años de prisión a Néstor Pavón por encubrir el asesinato. Hoy, está en libertad.
Este caso fue el disparador para la creación de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. “Así como hay funcionarios judiciales que entienden y contienen a las mujeres, tenemos falencias que necesitamos que se resuelvan. Es fundamental que se aplique la Ley Micaela porque todavía falta perspectiva de género cuando una mujer se encuentra ante una situación de violencia o abuso”, detalla la abogada feminista.
¿Crees qué la implementación de la Educación Sexual Integral es un aporte para combatir la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué?
Creo que la sociedad continúa teniendo actitudes machistas porque todavía no tenemos la aplicación de la ESI, tanto en las provincias como en las localidades. Falta trabajar fuertemente ahí. Una educación sexual integral que nos muestre desde chicos lo que significa el consentimiento y la construcción de los roles de género, y que nos enseñe a respetar las diversidades y disidencias sexuales es un aporte fundamental no solo para combatir la violencia hacia las mujeres sino para la sociedad en general. Es lo que va a lograr un cambio de acá a un futuro para las próximas generaciones: entender que somos iguales como personas, que merecemos recibir el mismo respeto, los mismos derechos y oportunidades de acceso al trabajo.
¿Qué relación hay entre lo que sucede con el aborto y la violencia hacia mujeres y niñas?
Hay mucha relación. La raíz común es que no se le permite decidir a la mujer, y esto afecta a su propia libertad. Cuando se trata de niñas, se las tortura y se las obliga a parir, a llevar adelante un embarazo que fue producto de una violación. Esto vulnera el Código Penal y el fallo F.A.L, que indican que cuando una niña, una mujer o una adolescente sufre un embarazo producto de una violación tiene derecho de abortar. Creo que es fundamental que no se criminalice ni se persiga a las mujeres por realizarse un aborto. Sabemos que en la Argentina todas las mujeres que quieren abortar y que tienen la posibilidad económica pueden hacerlo en una clínica clandestina, a diferencia de las que no por ser pobres. Deberíamos dejar de mirar para un costado y hacer las cosas como corresponden.
¿Qué crees que hace falta para erradicar la violencia de género?
Que las instituciones públicas se informen sobre todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Hace falta mucha educación, empatía y prevención en todos los estamentos del Estado porque la violencia de género es trasversal, ocurre en todos lados: en el trabajo, la universidad, la escuela y demás. Necesitamos que se acompañe y contenga a la mujer no solo desde el entorno familiar sino también desde el Estado y la sociedad. Que no se desestimen las denuncias y que nos crean.
