Las familias tilcaras de Querusiyal volvieron a ser atacadas por una barrabrava gubernamental que destruyó espacios sagrados, paredes de viviendas e interrumpió actividades comunales. Buscan imponer una ruta que incentivará la megaminería en la selva de las Yungas y sus zonas cercanas. La gestión de Gerardo Morales, responsable de la violencia.
Por Patricio Eleisegui
Habla con urgencia, casi sin tomar aire. Su voz brota desesperada por el parlante del teléfono. Dice que fueron al menos 80 personas, entre ellas el diputado provincial Humberto López y Marcelo Jorge, director de vialidad local. Derribaron paredes, robaron bienes y destruyeron oratorios y espacios para ceremonias a la Pachamama. Interrumpieron la asamblea mensual que llevaba a cabo la comunidad y espantaron al muy poco ganado que reunía una de las familias. Dijeron que volverían, al igual que lo hicieron hace algo más de año y medio.
Carlos Colque, mejor conocido como El Yaguareté, es el cacique de la comunidad originaria de Querusiyal, en el departamento de Tilcara, plena quebrada jujeña de Humahuaca. El ataque, me relata, ocurrió a fines de marzo. Dolido, señala que la familia Quispe-Martínez fue la más afectada por la violencia de hombres alineados con el gobernador radical Gerardo Morales. Y recuerda cuando, en octubre de 2020, otros 100 individuos agredieron a los habitantes de Querusiyal y antes de retirarse asesinaron al menos a 40 ovejas.
“Ahora los denunciamos por vandalismo y destrucción de la propiedad. Pero de ahí a que la Justicia de Jujuy se pronuncie, quién sabe. Vivimos en un estado de apriete, de extorsión. Mandan gente violenta al territorio. Nunca nos avisan cuándo y quiénes van a venir. Y todo porque les pedimos que cumplan con las leyes establecidas para las comunidades, con los acuerdos internacionales”, comenta.
Los aprietes y la violencia contra las familias de Querusiyal responden a un objetivo gubernamental concreto: la construcción de una ruta nacional que atravesaría las tierras de la comunidad para conectar a la región de la quebrada con las selvas de montaña de las Yungas. La gestión que encabeza Morales gasta millones en los medios provinciales para instalar que el trazado vinculará a las distintas escuelas de la zona. El Gobierno de Jujuy, precisa Colque, “asegura que la ruta es una propuesta con fines pedagógicos, educativos”.
Los habitantes de la comunidad tilcara saben que el interés pasa por otro lado. Sin permiso previo, sendos cateos realizados durante los últimos años en la zona constataron la presencia de petróleo, oro, plata, hierro y hasta tierras raras en los alrededores de Querusiyal. “Quieren abrir un camino para la minería. De eso no hay dudas. Dicen que conectarán a los establecimientos educativos. Bueno, la ruta, según el trazado que se dio a conocer, pasará a una distancia de 8 kilómetros de la escuela más cercana”, explica.
El Yaguareté comenta que en 2013 un decreto del ex gobernador peronista Eduardo Fellner habilitó la actividad minera en parte del departamento. Allí comenzó el ir y venir –la mayoría de las veces clandestino– de los peritos y de ese monitoreo brotó, por ejemplo, el permiso minero para el proyecto San Bernardo de plomo, cobre, plata y “otros” sobre una superficie de 3.000 hectáreas. También, la solicitud para iniciar el yacimiento La Josefina de “cobre, plomo, plata y otros” en un espacio de 1.577 hectáreas. A eso hay que sumarles distintas solicitudes de cateo pedidas en torno a estas potenciales explotaciones.
Pablo Rubén y Pedro Héctor Besín son los empresarios detrás de estos yacimientos que se podrían desarrollar en el corto plazo. El permiso provincial está. En diciembre de 2015, pobladores originarios de la región de Ocloyas expresaron su temor ante el impacto que generaría la apertura de una mina en San Bernardo. Los Besín respondieron con amenazas de acciones penales contra quienes manifestaron la inquietud.
“Nosotros tenemos agua y ese es un atractivo tremendo para las mineras. Una empresa de esas características consume al menos 10 millones de litros por día. Las Yungas les interesa por eso, por la disponibilidad del recurso. Ellos ya han intentado instalar que la minería es beneficiosa, pero nosotros sabemos que en los territorios donde se lleva a cabo las personas se enferman, a la gente le dan despojos, la transforman en mano de obra barata y destruyen todo el territorio”, remarca Colque.
Una de las personas que sufrió (y sufre) la violencia y los abusos del gobierno de Jujuy es doña María Quispe. Les comparto su testimonio:
Resistencia ancestral y derechos que deben ser respetados
La mayoría de los integrantes de la comunidad de Querusiyal vive de la cría de ovejas y chivos y la siembra de papas, maíces y zapallos. Muy pocos cuentan, además, con alguna vaca o caballo. Suman 30 las familias en ese apartado montañoso de la zona más verde de Jujuy.
“Estamos en resistencia. Exigimos que se cumplan con derechos como la consulta previa, se presenten los estudios de impacto ambiental correspondientes y nos muestren los planos de la ruta que van a hacer. No pedimos más que aquello que establecen las normas nacionales e internacionales. La respuesta que nos da el gobierno de Jujuy es la violencia porque es claro que las intenciones reales no son las que se publicitan en los medios de acá”, dice el cacique, siempre con la voz encendida.
Tras el ataque de fines de marzo, los habitantes de Querusiyal emitieron un comunicado. Comparto algunos párrafos:
“La violencia (y no el diálogo) y el racismo han sido los modos de tratarnos por parte de los funcionarios estatales del Gobierno de Jujuy. Todo con el objetivo de trazar un camino sin ley, sin norma, sin estudio de impacto, sin consulta (artículo 75, inciso 17, convenio 169 de la OIT), sin ningún trámite burocrático legal correspondiente”.
“Se intenta hacer un camino fuera de la ley y con el uso de violencia estatal delictual verbal, física, síquica, no sólo con nosotros sino también con nuestros animales y, ahora, nuestros lugares espirituales. Se intenta hacer un camino para las escuelas que, extrañamente, o pasa lejos o no se dirige a ninguna escuela de los Valles de Tilcara”.
“Sabemos que hay intereses y codicia de las grandes potencias y sus empresas trasnacionales en los recursos naturales (minerales e hidrocarburos) que se hayan en nuestro territorio. Tal vez dichos intereses justifican la violencia de los funcionarios estatales y otros. Una violencia que nos retrotrae a tiempos de la colonia. Y a momentos que no corresponden a esta democracia y su estado de derecho”.
La provincia que es un queso gruyere
El atropello que enfrentan las familias de Querusiyal es inseparable de la decisión política de hacer de Jujuy un territorio de sacrificio a manos de la megaminería. El mapa de proyectos de extracción iniciados, solicitados o en etapa de cateo que mantiene online la Secretaría de Minería e Hidrocarburos muestra a la provincia como un auténtico queso gruyere.
A este momento de abril de 2022 totalizan 160 los emprendimientos en marcha o en vías de concreción para explotar litio, plata, cobre, zinc, plomo, oro, manganeso, wolframio, tierras raras, uranio, hierro y estaño a lo largo y ancho de la geografía jujeña.
Prácticamente toda la Puna está entregada a las mineras, con prioridad para aquellas empresas orientadas a la extracción de litio. Uno de los proyectos más avanzados en torno a ese metal es Cauchari-Olaroz, ubicado en el salar de Cauchari.
La iniciativa está bajo control de Minera Exar, firma propiedad de la china Jiangxi Ganfeng Lithium y la canadiense Lithium Americas. Con una participación minoritaria –del orden del 8 por ciento–, la provincia de Jujuy interviene en el negocio a través de la estatal JEMSE.
Además, ya están operativos los yacimientos Pirquitas –plata, estaño y zinc– y Chinchillas –plata, plomo y zinc–, y avanzan los proyectos de Mina Aguilar –plomo, plata y zinc–, Loma Blanca –boratos–, Urkupiña –sulfato de calcio–, Las Vicuñas-Sol de Mayo –plata y zinc–, Ajedrez –oro–, La Providencia –plata, plomo, cobre y zinc–, y las canteras Puesto Viejo –piedra caliza– y Los Tilianes –piedra caliza–, entre otros.
El mapa que sigue expone las minas concedidas –en rojo–, los pedidos de explotación –amarillo–, los cateos -azul– y las canteras activas en Jujuy:
La voluntad política está puesta en migrar al rojo el poco verde que aún puede apreciarse en la imagen. De ahí el interés del gobierno de Jujuy por avanzar sobre las Yungas. Los intentos por hacer a un lado o directamente desarticular a la comunidad de Querusiyal. Darle fin a poblaciones originarias que el Ejecutivo provincial entiende como un obstáculo para el incremento de la caja partidaria.
Recreación permanente de la ocupación, el avasallamiento, la destrucción de las formas de vida, las culturas, autóctonas. Jujuy es otro de los territorios donde aún sobreviven buena parte de las prácticas más funestas de los peores momentos de la conquista. Un feudo minero que bien podría haber soñado Roca. Si es que no lo hace hoy desde alguno de sus infiernos.
