Una decena de diputados del Pro presentaron un proyecto para impedir que personas privadas de la libertad puedan ejercer el derecho al voto. La firma del mismo lleva el nombre de Alberto Asseff, quien hace poco pidió la libertad condicional a genocidas por crímenes de lesa humanidad. Resulta llamativo que dentro de los diez diputados que integran el proyecto no estén los nombres más reconocidos del Pro. Ellos son: Gerardo Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, María Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.
Por Editorial Sudestada
Esto se podría tomar como una maniobra para instalar un debate que no sólo atrasa sino que es fiel a las acciones de este sector de privilegiados que gobiernan para beneficiar a los suyos. Con la estigmatización que los caracteriza se intenta cortar con los derechos de las personas que están entre rejas, argumentando que la norma para que estas personas voten es un “mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado que detenta el oficialismo”. Se apunta contra los presos, que en un gran porcentaje cumplen condena sin sentencia firme, la mayoría pobres y de sectores vulnerables.
El proyecto hace referencia a que “la persona detenida mal puede lograr un estado mental en el cual le permita el discernimiento tal que lo lleve a elegir correcta y conscientemente a sus representantes”, sin fundamento concreto y señalando como ya hicieron con lxs pibxs de 16 que iban a votar, y cuando intentaron ir más allá con el “voto calificado”, tema al que recurren de vez en cuando. En relación a las personas con causas pareciera que estos diputados olvidan que su “líder”, Mauricio Macri, tiene decenas de causas como por ejemplo por ser responsable del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, contrabando de armas en Bolivia, Correo Argentino, y que al menos en 7 de ellas está imputado.
El derecho de votar para las de personas privadas de la libertad es justamente un derecho. No está en debate ni debería estarlo. Lo que sí podríamos debatir y reclamar es la injusticia de que un porcentaje altísimo de personas que están entre rejas no tienen sentencia firme, muchas de ellas posiblemente inocentes, casi todas de sectores marginados, casi todas pobres, y que las condiciones de las cárceles son inhumanas.
Imagen: Pablo Toranzo
