El agronegocio utiliza al menos 580 millones de litros de plaguicidas al año, según reconoce un trabajo del INTA. La aplicación de agrovenenos que se realiza en nuestros territorios supera ampliamente las estadísticas de otros sitios donde se hace culto a la fumigación como Estados Unidos, Brasil o China. El INTA reconoce el desastre sanitario, pero se pone del lado del modelo agroexportador y pide consultar al ingeniero agrónomo que receta estos venenos.
Por Patricio Eleisegui
Al menos 580 millones de litros de agrotóxicos se vierten cada año sobre territorios y poblaciones de la Argentina. De ese total, 230 millones corresponden a formulaciones de herbicidas como el cancerígeno glifosato y la porción restante comprende bombas químicas rotuladas por la industria de los agrovenenos cómo insecticidas, acaricidas y fungicidas, entre otras categorías.
Semejante volumen, dividido entre los 45 millones de personas que padecen este modelo en nuestro país, arroja que por cada habitante se aplican casi 13 litros de venenos siempre en términos anuales. Ajustado sólo a aquello le importa al agronegocio, esto es, la ecuación productiva en desmedro de la salud colectiva y la seguridad y la soberanía alimentaria, la cuenta da un uso superior a los 16 litros de agrotóxicos por hectárea –36 millones destinadas a la agricultura intensiva, según datos oficiales–.
Estos y otros detalles del atentado permanente con plaguicidas que sufren los ecosistemas y las poblaciones de la Argentina integran un informe presentado a fines de octubre por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El trabajo, titulado “Los productos fitosanitarios en los sistemas productivos de la Argentina”, incluso aporta datos de los volúmenes de uso de agrotóxicos en los principales mercados de producción agrícola del mundo.
“La Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de PFs (Productos Fitosanitarios), muchos de los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados. En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros PFs. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17.000 toneladas de polietileno cada año…”, puede leerse en la página 10 del informe.
La comparación con otros países o bloques donde también se realizan prácticas agrícolas intensivas acerca el peor de los resultados: Argentina lidera los números globales de uso de agrovenenos tanto en la proporción por habitante como en la relación de litros aplicados por hectárea.
Así, precisa el INTA, Brasil promedia los 376 millones de litros anuales según los últimos datos oficiales de ese país. En tanto la nación vecina reconoce 86,7 millones de hectáreas productivas y una población total del orden de los 214 millones de habitantes, estamos hablando de 1,7 litros de agrotóxicos por brasileña o brasileño y 4,3 litros por hectárea.
En el caso de Estados Unidos, el informe señala un uso anual de 540 millones de litros de formulaciones de herbicidas, fungicidas e insecticidas, entre otros productos. El país norteamericano suma 913 millones de acres productivos –casi 370 millones de hectáreas– y 330 millones de habitantes. Esto equivale a 1,6 litros por habitante y 1,45 por hectárea.
El informe también menciona a la Unión Europea y la utilización de agrovenenos que ocurre en el bloque: 375 millones de litros anuales sobre alrededor de 175 millones de hectáreas productivas y una población total de 447 millones de personas. Aquí el promedio baja a 0,8 litros por habitante y 2,1 por hectárea.
Por último, el INTA aporta cifras correspondientes a China. Expone una aplicación anual de plaguicidas del orden de los 1.767 millones de litros para la producción de 117 millones de hectáreas ocupadas con granos. La potencia asiática suma 1.400 millones de habitantes. Esto equivale a 1,2 litros de venenos por persona y 15,1 litros por hectárea.
“Existen en el mercado argentino cerca de 5.387 productos formulados registrados en el SENASA. Los herbicidas son el grupo mayoritario con 43%, seguido por los insecticidas y fungicidas. El resto, léase acaricidas, nematicidas, molusquicidas, reguladores de crecimiento, etc., no superan el 14%”, detalla el organismo en uno de los apartados del trabajo.
En el aspecto sanitario, el informe señala que en Argentina se comercializan herbicidas y fungicidas identificados con bandas verde, azul y amarilla, e insecticidas con esos colores y también rotulados con etiquetas rojas.
Respecto de estas tonalidades, vale mencionar que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) utiliza esos colores para hablar de formulados “prácticamente no tóxicos”, “ligeramente tóxicos”, “moderadamente tóxicos” o “altamente tóxicos”. Por supuesto que esta clasificación cruje por todos lados y no hace más que operar a favor de los intereses de las corporaciones de los plaguicidas.
Una muestra de esto último es el glifosato, que en Argentina mantiene su status de banda verde –o sea, “prácticamente no tóxico”–, mientras que la evidencia científica y médica global ya lo considera un agente cancerígeno. Claro que la diferencia de coloración de los agrotóxicos no elimina la naturaleza letal que distingue a cada una de estas combinaciones de moléculas de síntesis química.
En ese sentido, el trabajo del INTA apela a una clasificación toxicológica donde se expone que un litro de cualquier producto banda verde es suficiente para matar a una persona. Es decir, destierra cualquier idea de inocuidad o ausencia de riesgo fatal como en más de una oportunidad se intentó instalar, desde carteras oficiales como el Ministerio de Ciencia, durante las gestiones de gobiernos kirchneristas y el período macrista.
En el caso de los formulados clasificados como banda azul –“ligeramente tóxicos”–, el informe fija la dosis letal en 250 gramos, mientras que para los productos banda amarilla –“moderadamente tóxicos”– señala que bastan 30 gramos del compuesto para exterminar a cualquier individuo. En cuanto a los plaguicidas banda roja, cuya presencia en el segmento de los insecticidas es expuesta por el INTA, la dosis letal oscila entre 1 gota o grano y 1 cucharadita de agroveneno –4 mililitros–.
Pese a la toxicidad comprobada de estos productos, y a la tragedia socioambiental que transitan infinidad de poblaciones en el interior de la Argentina, el INTA no oculta su sintonía con el agronegocio al definir a los plaguicidas como “potenciales fuentes de contaminación ambiental” en uno de los tramos de su informe.
Aunque en el trabajo se hace enumera la cuantiosa evidencia científica generada en el país que demuestra el desastre sanitario que genera el modelo agrotóxico, el organismo no duda en posicionarse del lado de los patrones de la fumigación y remarca que desterrar el uso de los venenos para la generación de comestibles y forrajes redundaría en una afectación grave del sistema productivo dominante.
“Este documento se redactó a partir de la premisa de que los productos fitosanitarios constituyen una herramienta para el manejo de plagas de la cual, actualmente, la agricultura no puede prescindir completamente sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción de alimentos…”, dice el INTA en las consideraciones finales del documento.
“Es indispensable que todas las acciones inherentes al manejo de los productos fitosanitarios se realicen bajo la dirección, planificación y/o supervisión de profesionales Ingenieros Agrónomos (IA)”, recomienda en el párrafo siguiente. En sintonía, otra vez, con los intereses de compañías y jerarcas de la producción intensiva que, apuntalados por organismos y actores de gobierno, siguen enriqueciéndose a partir de un sacrificio ecosistémico y poblacional permanente y desde el desprecio a la generación real de alimentos.
