La búsqueda de un mayor consenso generó una nueva demora para el arribo del proyecto de ley al recinto. En el plenario de comisiones los diputados alineados con el extractivismo mostraron las cartas y lograron una pausa hasta el jueves próximo. Las falacias que pregona el agronegocio. La movilización social sin pausa, fundamental para que finalmente salga la ley.
Por Patricio Eleisegui
La batalla decisiva será el jueves de la próxima semana. Lo saben las más de 500 organizaciones que consensuaron el proyecto que podría, al fin, transformarse en ley. Pero también el agronegocio, los jerarcas de la megaminería y las cúpulas detrás de la especulación inmobiliaria. Pese al masivo apoyo popular y la movilización que se concentró en torno al Congreso, el extractivismo volvió a meter la cola y logró que el dictamen en torno a la iniciativa que llegaría al recinto se demore al menos hasta el día 29.
Lo de al menos no es antojadizo: los representantes de los intereses del empresariado que promueve el saqueo ambiental, nucleados mayormente en bloques de diputados bajo las banderas de la Unión Cívica Radical (UCR), Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica, lograron escatimar consenso.
Y la pausa otorgó una semana más de gracia para que actores y entidades con responsabilidad directa en la destrucción de los humedales intenten por todos los medios demorar de manera indefinida el tratamiento propuesto de forma popular.
El plenario de las tres comisiones que tuvo lugar el último jueves mostró quiénes están de un lado y otro del cuidado ambiental. Del lado de la protección de estos ecosistemas se ubicaron desde Leonardo Grosso, presidente de la comisión de Recursos Naturales, hasta Myriam Bregman, del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires, pasando por Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, y Enrique Estévez, del Partido Socialista, por mencionar algunos nombres.
Por el extractivismo tomaron parte Ximena García, del bloque UCR-Juntos por el Cambio de Santa Fe, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Vara, de la UCR de Corrientes, y Ricardo Buryaile, de la UCR de Formosa, entre otros. Este último es titular de la comisión de Agricultura y ex ministro de esa cartera durante los años del macrismo.
Los dichos que desnudan el quién es quién
Algunos dichos que desnudaron posiciones e intereses defendidos en el plenario:
- Leonardo Grosso: “Hace una década que este Congreso viene debatiendo la necesidad de establecer una ley de presupuestos mínimos de preservación de nuestros humedales. El proyecto lo firmé yo, pero es el resultado de organizaciones y aportes de muchísima gente, de la comunidad científica y de discusión con diputados que pensamos distinto pero que nos pusimos de acuerdo. No viene a prohibir nada sino a establecer estándares de nuestra propia actividad”.
- Miryam Bregman: “Apoyamos el proyecto de consenso y la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión. La Sociedad Rural siempre quiere un poquito más, incluido el ambiente. También los mineros, que hablan de recursos naturales, una versión mercantilista de nuestros territorios. La naturaleza no contempla jurisdicciones”.
- Graciela Camaño: “Esta ley de humedales no va a impedir la producción sino exigirles a quienes produzcan, que lo hagan de manera sustentable. En el primer mundo no se produce de cualquier manera”.
- Enrique Estévez: “Cada vez va a haber más incendios, inundaciones y sequías. Como sociedad tenemos que empezar a tomar conciencia y a debatir y establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar, porque tenemos que hacerlo”.
- Ricardo Buryaile: “Para muchos se juega el futuro. Acá estamos hablando de cuestiones ambientales y no estamos hablando de triple impacto: la gente, el ambiente y la producción. Nosotros pretendemos compatibilizar todo esto”.
- Ximena García: “Debemos despejarnos de las posiciones fundamentalistas. Nos deben guiar las voces que logran equilibrar la producción y el ambiente”.
- Maximiliano Ferraro: “Nuestro aporte como proyecto es que brinda certeza y previsibilidad. Se acota la discrecionalidad de las autoridades. La ley que buscamos no debe obstaculizar las actividades productivas”.
- Jorge Vara: “Tenemos un 15 por ciento del territorio provincial protegido por la Constitución de Corrientes, que es el Iberá. Si eliminamos la ganadería de las islas por los incendios que afectan el ambiente, ¿qué prueba científica tenemos de que solucionamos el problema?”
Ambiente vs. producción: la falsa dicotomía que pregona el extractivismo
Los planteos en contra del proyecto de ley, matices al margen, cuestionan cualquier límite que se proponga para contrarrestar el extractivismo desatado que hoy impera en el interior de la Argentina. Y que explica, por ejemplo, el contexto de incendios permanentes que atraviesan buena parte de las provincias. La presunta “prohibición” de actividades productivas es el argumento que repiten una y otra vez aquellos que quieren que todo continúe tal como está.
Lo particular es que el escenario económico derivado de la aniquilación de los humedales, y que pretenden perpetuar los actores que rechazan cualquier regulación, exhibe en la actualidad un derrumbe notorio. La ecuación financiera, por decirlo de otra manera, ya casi no cierra para quienes quieren seguir usufructuando ecosistemas como hasta ahora. Incluso sin la potencial ley en discusión.
Algunos números que exponen esto:
- A raíz de la bajante del río Paraná, en septiembre del año pasado la Bolsa de Comercio de Rosario reconoció pérdidas del orden de los 620 millones de dólares. La afectación de los ecosistemas redundó en una merma hídrica como no se ha visto en casi 80 años.
- La producción agrícola ya perdió 23.000 millones de dólares por los incendios en Corrientes.
- La Sociedad Rural Argentina (SRA), a partir de reportes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), reconoce pérdidas del orden de los 40.000 millones de pesos sólo en Corrientes tras los últimos incendios en zonas de humedales.
- Investigadores del CONICET como Paola Peltzer y Rafael Lajmanovich afirman que los incendios permanentes en las islas del delta del Paraná generaron un “colapso ambiental” cercano a un “punto de no retorno”. Esto implicaría que, de continuar el régimen de focos ígneos, la zona en breve ni siquiera tendrá utilidad para las actividades agroexportadoras que pretenden imponerse.
Sin embargo, el agronegocio no cede en su intento por sostener la catástrofe como status quo. Vía entidades como Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), los patrones de la soja transgénica y el feedlot salieron a pegarle al proyecto popular alegando que la propuesta gira en torno a una “demagogia circunstancial” y que solo responde a “urgencias de situaciones ambientales presentes”. Como si esto último fuera poco.
“No simplifiquemos los temas importantes ni actuemos bajo la presión de falsas consignas. La sobreabundancia y superposición de legislación no evita los daños. Lo que previene los siniestros y conserva el ambiente es cumplir las leyes vigentes. Hagámoslo. No ocultemos la verdad”, agitó CRA a través de un comunicado puesto en circulación el jueves 22.
En un tono similar, FAA sostuvo que la eventual ley de humedales generará “contaminación normativa”, mientras que la Mesa de Enlace habló de la iniciativa como una “sinrazón” que “debe ser enfrentada con argumentos científicos y técnicos”.
Jueves 29, el día determinante
Rafael Colombo, experto clave de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, me explicó que “los votos para el dictamen del jueves estaban” pero que la intención es que el proyecto que llegará al recinto “cuente con el mayor consenso posible y por eso la demora de una semana más”.
¿La propuesta construida por las organizaciones se puede caer? “Los actores del extractivismo van a utilizar esta semana para intentar boicotear el proyecto, de eso no hay dudas. De no ocurrir ningún cambio de posición impensado, habrá dictamen para esa iniciativa el jueves próximo”, dijo.
Igualmente, Colombo acercó una advertencia: “El lobby extractivista utilizará estos días para intentar prolongar la discusión de forma indefinida, de modo tal que la propuesta no llegue nunca al recinto. Este contexto nos obliga a intensificar aún más el apoyo al proyecto popular. De ahí que esta semana la movilización tiene que ser mayor a la de estos días. No hay que relajarse”.
“Estamos muy cerca de lograr un objetivo histórico, pero lo cierto es que del otro lado también se están organizando para tirar abajo la propuesta. En el plenario se dejó en claro que este modelo ya es inviable hasta para el extractivismo que se opone a la ley. Se expusieron números que lo prueban. Sin embargo, el agronegocio, las inmobiliarias y las mineras siguen difundiendo falacias para confundir mientras el desastre se multiplica en los territorios”, concluyó.
