En febrero de 2021 Martín, un niño de 7 años, contó los abusos sexuales que sufrió por parte de su progenitor. En diálogo con Revista Sudestada, Daniela Dosso, su madre protectora y trabajadora social especializada en salud mental y derechos Sexuales, habló sobre el caso de su hijo y el encubrimiento del sistema judicial en los casos de Abuso Sexual en la Infancia (ASI).
“Estamos enfrentando a un pedófilo, a un abusador con experiencia. Él ya fue denunciado por otra ex pareja, mamá de su hija mayor exactamente por lo mismo, abuso sexual. Lo defendió en ese momento la misma abogada que lo defiende ahora, se llama Elsa González. Es muy conocida en el ámbito de los organismos de protección de los que trabajan con el abuso sexual en la infancia, es miembro de APADESHI, una agrupación de padres impedidos de contacto con sus hijos. A su vez es un pedófilo que tiene otro antecedente de haber dejado embarazada a una niña de 14 años, siendo él mayor de edad también en una situación abusiva donde no se consintieron las condiciones en la relación. A eso me estoy enfrentando”, contó Dosso.
El abuso sexual en la infancia atenta contra los derechos de millones de niñas y niños, y es considerada como una forma de tortura. Según datos de la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Por otro lado, el ex juez federal Carlos Rozanski, director de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales informa en su libro “Abuso sexual infantil, ¿denunciar o silenciar?”: Cada mil abusos se denuncian 100, y 99 de 100 niños y niñas que denuncian abuso sexual pueden quedar a merced de quien los abusó.
“Al contrario de lo que vienen planteando los medios de comunicación antiderechos de que hay falsas denuncias, no hay denuncias suficientes de abuso porque el volumen del abuso es mucho mayor al de las denuncias. Entonces es un problema de salud pública y es un problema de derechos humanos, porque el campo de la justicia en vez de cumplir la función de la ley de la terceridad, imparcialidad y la reparación, está actuando de forma sistemática de espaldas a la ley. Además, es un problema de salud mental. En muchos de los casos a los niños y niñas no se les cree y eso tiene una afectación muy importante es su salud mental. Y cuando es creído por un familiar que va a la justicia, el encubrimiento judicial obstruye las pruebas y no hay condena, y lo revinculan con la persona que él dijo que lo torturó. Esto directamente es un aniquilamiento psíquico. Cuando la justicia tendría que protegerlo”, sostuvo la madre protectora.
En la mayoría de los casos, en donde se denuncia ASI, se repiten patrones que revictimizan, enlentecen el proceso y en la mayoría de los casos logran que el abusador quede impune. Sobre este tema, Daniela Dosso sostuvo: “Este modus operandi de encubrimiento utiliza cuatro herramientas en el proceso de investigación penal. Primero aluden al falso SAP -Síndrome de Alienación Parental-. Se los aplican a las madres. Con eso desestiman y echan por tierra a todo el testimonio que tenemos las madres sobre los indicadores de abuso sexual porque somos testigos claves. En segundo lugar, aplican el Síndrome de Falsas Memorias a les niñes. Una vez que les niñes pueden hablar en la justicia les dicen que lo que relatan está implantado por la mamá. Tercero: aplican lo que se llama el Backlash, que es un término que usa para dar cuenta de las amenazas y denuncias que están recibiendo lxs profesionales que abordan el tema ¿Qué hacen estos grupos antiderechos? Amenazan y denuncian penalmente. Y por último, el negacionismo liso y llano en el examen físico, negando las lesiones físicas o dislocando las causas. Tienen operadores dentro de la justicia, dentro del mismo cuerpo médico forense que cuando viene un imputado pedófilo acompañado de estos grupos antiderechos ya saben lo que tienen que hacer”.
En el caso de Martín también se repitió este patrón. Según contó Dosso, a Martín lo llevan a una Cámara Gesell que iba a dar negativa. Cuando les dieron fecha para la Cámara Gesell Martín empezó a decir que no quería hablar y no quería ir. Incluso pasó a la etapa que se llama de retractación, en la que ante tanto cambio dijo que no pasó nada. “Acá hay que entender que a veces lo traumático no es narrable. La psiquis de lxs chicxs tratan de borrarlo para poder seguir viviendo. Mi hijo no pudo hablar en Cámara Gesell. Se supone que hay que respetar los tiempos del niño, pero le hacen una entrevista, una pericia psicológica de 40 minutos y luego me hacen una entrevista a mí. Esta etapa se dio en el Ministerio Público Tutelar de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, con la licenciada María Fernanda Mattera como coordinadora del equipo infanto-juvenil de ese Ministerio. Pero dijeron que no vieron nada, cuando mi perito de parte hizo un informe donde Martín dibuja y plantea un montón de cuestiones”, relató. Y sostuvo: “Yo recuerdo que a la entrevista había ido con un cuadernito con montón de textuales de Martín para no olvidarme y en vez de preguntarme sobre eso, me empezó a preguntar cómo había sido la relación con el padre de Martin, cómo me había separado. Mis descripciones eran situaciones de violencia de género, yo no hice denuncias, me separé. Y con esto, Mattera hizo un informe final donde dice que Martin está afectado psíquicamente, lo reconoce como un fenómeno observable, pero la causa puede ser por victimización social o puede ser disfuncionalidad parental. ¿Y de dónde saca esta disfuncionalidad parental Mattera? De la entrevista que me hizo. Mattera me plantó prueba de la conflictiva familiar. No contenta con eso, al final de informe dice ‘El niño no pudo hablar en Cámara Gesell, si en el futuro pudiera armar un relato hay que tener en cuenta que este relato puede estar contaminado por la familia – la madre-, por la psicóloga clínica que lo trata, o por alguna médica que lo atienda’. Con ese párrafo violó el derecho de mi hijo de ser oído en el futuro, violó un derecho constitucional de un niño, y no lo hace sólo con Martín, lo hace con todos”.
Martín contó en febrero el abuso. En mayo estaban con las pericias psicológicas. En aquel entonces, Daniela se contactó con Red Viva, una ONG que trabaja con el Abuso Sexual en la Infancia. Cuando la estaban asesorando, le preguntaron si le había hecho un examen físico y Daniela respondió que no. Entonces, lxs derivaron al Hospital de niños de San Justo y lxs atendió una médica de guardia especialista en abuso sexual, una pediatra infanto juvenil, que le hizo la revisación física a Martín después de que diera su consentimiento. Ese día, Daniela se enteró de que Martín tenía secuelas físicas del abuso sexual. “Martín además pudo decirle a la médica quien lo lastimó, dijo el nombre de su progenitor. La médica lo puso en la historia médica, y yo lo entregué en el juzgado. A partir de esto, el juez pidió que el cuerpo médico forense evalúe y haga un examen físico. Yo fui confiada, la médica del hospital público me dijo que me quede tranquila que eso que vio ella lo puede ver cualquiera, me dijo que eran abusos sexuales crónicos. Ese día los tres médicos del cuerpo médico forense dijeron que no había nada. Mi médica perito de parte vió exactamente lo mismo que vió la médica del hospital público. Discutió e hizo un informe aparte en total disidencia explicando los cuatro indicadores físicos. Le pedimos al juez que cite a la médica del hospital público y no la citaban”, narró Dosso.
El 22 de diciembre pasado, el Juzgado en lo Criminal 36 de la Ciudad de Buenos Aires dictó el sobreseimiento al progenitor de Martín. Quien está a cargo de este juzgado es Alejandro Ferro, responsable de desestimar las pruebas que la madre acercó a la justicia. Sin embargo, apelaron al sobreseimiento y ya tienen fecha para el 1 de marzo. Pasará a Cámara 4, y serán tres jueces nuevos. Ese día la cámara va a recibir y evaluar la apelación de este sobreseimiento. También están pidieron que se cite a las médicas que reconocieron el abuso en las pericias y que se vuelva a realizar la pericia psicológica y la Cámara Gesell, pero con un personal que esté a la altura de los hechos. Por otro lado, el fiscal que entiende la causa desestimó las denuncias hacia Daniela, hacia la médica.
“Una cree que el niño en la Cámara Gesell dice lo mismo que nos cuenta, pero eso no sucede. Además quienes están a cargo de esas Cámara Gesell hacen todo para que el niño no hable. En el Ministerio Público Tutelar hay mala fe. La defensoría de menores, la profesional que se encargó en un momento de la causa, repetía que Martín no pudo hablar. Martín sí pudo hablar, un montón, me lo contó a mí. Yo puedo contar lo que Martin me contó siendo testigo directo porque lo escuché, y no se me cree por ser mujer y por haber tenido una relación sexo-afectiva con el imputado. Eso es una falla constitucional. Sin embargo, siguen apelando a este prejuicio patriarcal de que las mujeres por despecho o porque queremos plata o venganza hacemos estas denuncias”.
Por último, de cara al primero de marzo, Daniela Dosso concluyó: “En este camino me encontré con un montón de mujeres, de madres protectoras, organización. El caso de la niña sol, el de la niña arcoíris, el de Flavia Saganías no son extremos ni algo que pasa cada tanto. Es sistemático. Una vez que salen sobreseídos, después vienen por nosotras. A hacernos pericias, a decir que estábamos locas, a sacarnos la tenencia de nuestros hijos. Ahora me siento tranquila gracias a la red que se generó, pero yo he sentido el terrorismo de Estado. En la primera etapa de la investigación penal veía que la misma perito del estado era la que me estaba implantando prueba, no escuchando los indicadores de abuso me preguntaba ¿a quién apelo? Si una parte del Estado está de facto, falla a espaldas de la ley ¿cómo nos pueden pedir a nosotras que tenemos una responsabilidad ética y moral con nuestros hijos e hijas que obedezcamos una orden judicial de revinculación en contra de los derechos de nuestros hijos?”.
