Mamá de Fiama y Ciro, encabeza otro frente de batalla contra los agrotóxicos en Pergamino, una de las capitales del transgénico fumigado. Los pueblos siguen pagando con salud el engorde económico del agronegocio.
Por Patricio Eleisegui
“Nunca pero nunca hasta ese momento vinculé lo que le pasaba a mi hija con los agrotóxicos. No lo asociaba. Cuando les mencioné a los especialistas que vivo en una zona donde se fumiga, que yo misma perdí un embarazo por los venenos, ahí abrieron los ojos y dijeron que había que tener en cuenta ese aspecto como la punta del hilo. Ahí fue cuando nos derivaron al área de toxicología del Hospital Austral y luego empezaron a analizar los agrotóxicos que tenemos en el cuerpo”.
Desde Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Sabrina Ortiz me recuerda cómo comenzó su gesta por la salud de la comunidad que habita. El inicio, como el de tantas mujeres que sufren los peores efectos del agronegocio que predomina en la Argentina, fue el de mamá fumigada de Fiama y Ciro.
“Todo empezó por el 2011, sí. Con Fiama y Ciro sufriendo los primeros broncoespasmos. Cada vez que fumigaban cerca de casa, se desataban todos los problemas. Ciro empezó con brotes y desprendimientos en la piel, se le inflamaba la lengua. También el cuello, la pancita. Íbamos al médico y no le encontraban nada. Le inyectaban un corticoide, se desinflamaba y el proceso reiniciaba cada vez que aplicaban agrotóxicos”, detalla.
La salud de Fiama se deterioró fuerte a partir de los 13 años. “Un día despertó y cuando quiso levantarse se dio cuenta que tenía las piernas inflamadas. Después vino el dolor, mucho dolor. Al tercer día ya no pudo salir de la cama. El pediatra que la vio en ese momento habló de una infección, que tal vez podía tratarse de una bacteria”, rememora.
Después llegó la fiebre. Las dos piernas afectadas de la rodilla para abajo. El diagnóstico impreciso. “La internaron 25 días y no pudieron ubicar la causa”, cuenta. Fue extenso el listado de profesionales de la salud consultados por Sabrina en aquellos años: médicos clínicos, traumatólogos, endocrinólogos. También sanatorios, hospitales y clínicas de todo tipo.
“Hablamos con 15 profesionales diferentes hasta llegar a una fundación en Buenos Aires”, detalló. “Luego de, también, 15 placas, descubrieron algo chiquito, quistes pequeños dentro de los huesos de mi hija. Ahí comienzan los procedimientos en el tobillo, sacan una porción del hueso, biopsia para ubicar la bacteria que supuestamente generaba todo, repiten la cirugía. Pero no hubo diagnóstico para Fiama”, relata.
Hasta que una junta médica optó por derivar a la niña al área de infectología. Y ahí una profesional preguntó por la alimentación de la familia, como había sido el parto de Sabrina y reparó en un aspecto hasta ese momento nunca consultado: la situación ambiental del lugar que habitaban Ortiz, su pareja e hijos.
“Tenemos que empezar a manejar que esa sea la punta del hilo, dijo un especialista en cuanto mencioné que vivíamos en una zona donde se fumiga y que yo ya había perdido un embarazo por efecto de los venenos”, repasa Sabrina.
Ciro, mientras tanto, también sufría cuadros de fiebre. “En distintas ecografías notaron que tenía los ganglios del intestino agrandados. A veces sufría de sangrados en la orina. Se le inflamaba la lengua. Teníamos miedo de que se asfixie por esa causa. Los síntomas aparecían y luego se iban. Le hacían estudios de alta complejidad y tampoco encontraban las causas. Pero todo volvía cada vez que fumigaban”, cuenta.
La explicación, tras dar con los profesionales adecuados, llegó tras años de padecimientos. Estudios de toxicología posteriores determinaron que Ciro poseía –posee– una cantidad de agrotóxicos 120 veces superior a lo que su cuerpo es capaz de tolerar. “A mi hija le dio un poquito menos, 100 vez más de lo que podría resistir. Ambos tienen por lo menos el doble de lo que nos encontraron a los adultos”, señala Ortiz.
La familia completa tiene, también, daño genético, según estudios realizados por Delia Aiassa, reconocida genetista e investigadora de la Universidad de Río Cuarto. Sabrina me habló de su peor miedo a partir de ese diagnóstico: “Para mí, como mamá, lo peor es no saber lo que puede pasar después, más adelante, con la salud de mis hijos”.
Cuenta Sabrina que en los últimos años sufrió dos accidentes cerebrovasculares (ACV). Que no sabe qué le podría ocurrir mañana. Que los meses, desde 2013 para acá, transcurren entre visitas a toxicólogos y médicos en general. Que Ciro sigue con episodios de fiebre, inflamación de ganglios, incluso hemorragias intestinales.
“A Fiama le realizamos controles cada tres meses. Cada dolor que reaparece es correr a los especialistas. Hoy tiene 20 años. Ciro cumplió 9. Crecen marcados por agrotóxicos que les afectaron por completo la salud”, remarca.
“A mí me encontraron glifosato, AMPA –metabolito del mismo herbicida– y lambdacialotrina. Mi afectación es menor a la de mis hijos quizás por la tolerancia del cuerpo cuando uno es adulto. En mi caso, la cantidad detectada es 58 veces más de lo que se puede tolerar. Lo más probable es que jamás logre eliminar los venenos de mi organismo. Todos vivimos con riesgo biológico. Víctimas de problemas de salud graves que podrían dispararse en cualquier momento”, concluye.
Sabrina Ortiz, mamá fumigada de Pergamino, también es cabeza de una gesta. Símbolo de una resistencia que nació del territorio, como ocurre con las causas que realmente valen la pena. Del dolor pasó a la acción. Y vaya que lo viene haciendo de un modo tan conmovedor como grandioso.
A la par de la batalla por la supervivencia familiar que libra en su casa, Ortiz activó una cruzada contra los envenenadores que la misma Sabrina viene motorizando desde su profesión de abogada. Litigio judicial mediante, está decidida a ponerle fin al desastre socioambiental que generan los patrones del agronegocio en ese rincón del norte bonaerense.
Y los resultados están empezando a darse.
La pelea, desde la lógica desventaja que implica enfrentar desde legal al mismo Estado que defiende y alienta la pulverización con plaguicidas, sumó recientemente un round con victoria categórica para Ortiz y sus vecinos en Pergamino: a fines de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, ex titular y ex auditor, respectivamente, de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, por incumplimiento del deber de funcionario público.
En concreto, y según lo que viene ratificando la Justicia, desde el poder que les otorgaban sus cargos estos hombres no hicieron más que permitir el uso a mansalva de agrotóxicos junto a zonas habitadas, fuentes de agua y escuelas rurales, entre otros ámbitos siempre en ese distrito.
Lo que viene en términos judiciales, asegura Sabrina, será un hito determinante para empezar a inclinar la balanza, de una vez por todas, a favor de aquellas poblaciones que hoy siguen pagando con salud el engorde permanente del agronegocio consolidado a base de transgénicos y venenos.
