La decisión de Brasil de habilitar la importación de harina basada en el OGM profundizará una siembra que en Argentina ya suma miles y miles de hectáreas. En sólo dos años, Bioceres invadió los campos con el transgénico. Una contaminación inevitable.
Por Patricio Eleisegui
Lo que acaba de ocurrir en Brasil es relevante, por supuesto. Pero la aprobación, en términos de su efecto para el consumo local, puede interpretarse, también, como un paso meramente simbólico.
Ocurre que, más allá de lo decidido por la Comisión Nacional de Biotecnología de Brasil (Ctnbio) –que esta semana aprobó la utilización de harina basada en el trigo transgénico patentado por Bioceres–, el camino para el arribo de esta manipulación genética a la mesa de los argentinos comenzó a allanarse el año pasado. A partir de las primeras hectáreas que se declararon sembradas con esa semilla: alrededor de 6.000.
Ese volumen, para nada menor, en términos de despliegue, estalló a lo largo de este año. Y así lo reconoció la misma Bioceres en un informe reciente a sus accionistas en el NASDAQ estadounidense. Recordemos que, en abril de 2021, la compañía santafesina transfirió su cotización desde NYSE neoyorkino al índice tecnológico en el que también participan Apple, Tesla, Facebook, Amazon, Microsoft y Google.
Los números de siembra informados por la compañía dueña del trigo transgénico –OGM, en la jerga– permiten anticipar que los derivados del cereal arribarán al mercado doméstico ya en el transcurso de 2022.
En su último balance trimestral, Bioceres reconoció que existen 55.000 hectáreas sembradas en el país. Y que la superficie ocupada con ese trigo HB4 creció 686 por ciento versus el mismo trimestre pero del año anterior. Ese volumen le garantizará a la empresa una cosecha del orden de las 200.000 toneladas que, pronostican en el ámbito del agronegocio, pasarán rápidamente al ámbito de la industria alimenticia.
La compañía informó que, a la fecha, el número de productores que siembra el cereal resistente al glufosinato de amonio asciende a 225 –crecimiento del 880 por ciento en un año–. Detalló, también, que la expansión del trigo HB4 ya generó ganancias por 6,4 millones de dólares. Esto es, una suba del 303 por ciento comparado con el mismo período pero de 2020.
Para motorizar la expansión del territorio ocupado con HB4, Bioceres trabaja en sintonía con la semillera Don Mario, firma también de origen argentino –pero con negocio basado en Brasil–y una de las líderes globales en el ámbito de la comercialización de transgénicos.
Las precisiones de esta avanzada no concluyen ahí. En otra comunicación a sus accionistas que pude revisar esta semana, la compañía notificó que acaba de completar la siembra de HB4 correspondiente a este año pero que, en los próximos días, “iniciará las siembras tardías” en nuevas hectáreas.
“La cosecha de trigo HB4 ya comenzó y, actualmente, se encuentra en un avance de aproximadamente un 10 por ciento”, precisó la firma en el mismo texto, además de celebrar lo dictaminado por Brasil. Sólo en el último trimestre, Bioceres aumentó sus ingresos casi un 55 por ciento respecto de 2020.
El negocio que genera la comercialización de transgénicos y plaguicidas marcha a todo vapor. Consulté a referentes de organizaciones ligadas al agronegocio como Federación Agraria Argentina (FAA) y también a ex asesores vinculados a la cartera de Agricultura de la Nación. En todos los casos, el pronunciamiento fue unánime: no hay forma de evitar la contaminación del trigo convencional con el OGM.
El desastre ocurrirá.
Y lo que viene es la pérdida de biodiversidad si no hay un freno rápido a la venta de esta manipulación que ofrece Bioceres. Al mismo tiempo, la legislación vigente en términos de información al consumidor, incluida la reciente ley de etiquetado frontal, no establece la inclusión de rótulos que en algún momento notifiquen la presencia del grano transgénico en los productos basados en trigo.
“El volumen que dejará la cosecha es obvio que no irá todo a multiplicación, como dicen en torno a la empresa. A lo sumo dejarán un 10 por ciento para ese fin. Todo lo demás irá al mercado y la industria alimenticia de seguro será la primera en utilizar harina basada en el HB4. Ya están levantando ese trigo, por lo que durante la primera mitad de 2022 deberíamos empezar a tener novedades en los panificados y otros comestibles”, me anticipó un dirigente de la FAA.
Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba, son algunas de las provincias que concentran los miles de hectáreas que ya albergan al trigo OGM. “La contaminación es inevitable. Por algo toda la cadena triguera rechazó al transgénico desde el primer día. El Gobierno salió a decir que lo establecido en Brasil es un hecho auspicioso. Sí, para Bioceres. Hablan de que los rindes subirán 25 por ciento. Todo en potencial, porque hasta ahora lo único que tenemos son los resultados que informa la misma empresa que lo vende”, agregó la fuente.
A diferencia de otros momentos, el agronegocio en su conjunto se expresó en más de una oportunidad en contra de la liberación del transgénico. De hecho, a mediados de la semana pasada CIARA-CEC, la cámara que integra a exportadores de cereales y aceiteros, pidió identificar a los 225 que siembran HB4 para excluirlos de la venta triguera al exterior.
“Si podemos identificar áreas de riesgo, bueno, evitaremos comprar allí. También testearemos el trigo que llega a las terminales portuarias. Cualquier detección de trigo transgénico resultará en su rechazo”, declaró Gustavo Idigoras, director de la entidad.
El impacto negativo derivado de la liberación del trigo de Bioceres es tal que incluso los actores de la exportación de la soja transgénica, fieles discípulos de la iglesia del glifosato, consideran que es una locura comercializar esa modificación genética. Por supuesto que no hablan de lo que ocurrirá con el mercado interno. O sea, ustedes y yo. Les asusta la potencial pérdida de mercados: a excepción del Brasil de Bolsonaro, nadie en el mundo tiene interés en consumir semejante experimento.
Es en estos momentos que, desde las empresas y cuando se les enrostra la responsabilidad en el desastre socioambiental, rebrota ese discurso que alude al Estado como único gran responsable de velar por la salud y la calidad de los alimentos que llegan a la población.
El Estado, a través del Gobierno de turno, expresó su voluntad el 7 de octubre de 2020: aprobó una variedad de trigo manipulado genéticamente que ningún otro país del mundo se animó a habilitar. Resistente a un herbicida, el glufosinato de amonio, provisto de una toxicidad 15 veces superior a la expresada por el cancerígeno glifosato. Resultado, además, de una investigación llevada a cabo por una casa de estudios pública –la Universidad Nacional del Litoral (UNL)–, concretada por científicos del CONICET –la doctora Raquel Chan y su equipo– y financiada con fondos estatales.
Dos décadas de gobiernos destinando millones para llegar a este presente. Con Bioceres, única ganadora de este campeonato de uno solo, rompiendo todos sus récords de ganancias. El agronegocio discutiendo estrategias para sacar otra tajada. Para el final quedamos nosotros, arreados en una fila interminable, rumbo a las panaderías del peor de los futuros.
