La disponibilidad de reservas hídricas, amplias zonas selváticas, mano de obra precarizada y gobiernos alineados con el capital corporativo, hacen de Yucatán uno de los territorios con mayor concentración de mega granjas en México. El modelo de producción, extendido en torno a las comunidades mayas de la región, prolifera a partir de la violación sistemática de derechos indígenas, la ausencia de controles ambientales, el despojo de tierras, e incluso la violencia con fuerte protagonismo de las fuerzas de seguridad estatales.
La sombra del colapso ambiental se despliega sobre la Península de Yucatán, en el sureste de México, y la posibilidad cierta de un daño ecosistémico irreversible golpea el horizonte de las comunidades indígenas de la región. El territorio maya se ve impactado por la proliferación de un modelo comercial que, alentado desde la ausencia casi absoluta de controles gubernamentales y bajo la forma de un monopolio corporativo que no se oculta, ha hecho de la región uno de los epicentros en Latinoamérica de la producción de carne para consumo masivo: las mega granjas de cerdos y pollos.
Estas instalaciones, que operan como auténticas fábricas de animales, también se multiplican a partir de prácticas que van desde la explotación laboral hasta el rompimiento del tejido social de las poblaciones indígenas, con consecuencias funestas en las actividades económicas tradicionales y las prácticas de soberanía alimentaria ejercidas a lo largo de la historia por las comunidades mayas.
El estado de Yucatán integra más de 500 factorías porcinas según datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dependiente del gobierno federal de México. En cambio, organizaciones como Mercy For Animals elevan ese número a más de 800. Cada instalación llega a albergar a más de 50,000 cerdos, según el caso.
La Asociación Ganadera Local de Porcicultores del estado, la entidad que integra a los empresarios del rubro, da cuenta de una población que asciende a los 1,9 millones de porcinos aglomerados en mega granjas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reconoce una cifra similar de personas viviendo en núcleos urbanos de Yucatán. Por ende, la relación existente en el territorio yucateco es de casi 1 cerdo por habitante urbano del estado.
Por su parte, el sector avícola, a través de la Asociación de Avicultores de Yucatán, institución emblema de ese sector, reconoce 112 mega instalaciones operativas. De acuerdo a datos del censo agropecuario efectuado por el INEGI en 2022, estos espacios aglutinan a más de 38,1 millones de gallos, gallinas y pollos. En este caso, hablamos de algo más de 16 ejemplares avícolas por cada residente local.
Cada uno de estos indicadores engrosa estadísticas cuyo reflejo en el territorio es una presión socioambiental que apabulla. Y que a la vez no deja de agigantarse por las características mismas de las mega granjas en tanto modelo incapaz de coexistir con cualquier otra práctica económica. Menos aún, con la producción tradicional maya basada en el equilibrio con el ambiente, la interrelación permanente con la tierra y el cuidado de los ecosistemas.
Colectivos y organizaciones comunitarias, expertos legales y científicos coinciden en que las factorías de cerdos y pollos distribuidas en Yucatán comparten, a modo de perfil general, un paquete funesto que incluye desde el uso intensivo de agua hasta la destrucción de zonas ambientalmente sensibles del territorio pasando por la explotación laboral, el maltrato animal, y la violación sistemática de normativas ambientales y derechos sociales tanto mexicanos como internacionales.
El combo incluye la descarga al manto freático de líquidos cloacales y excretas, la deforestación, la contaminación del suelo con minerales que son el resabio de la aplicación de antibióticos, y el uso de plaguicidas para el control de plagas. “Se trata de impactos que en muchos casos se ven desde el inicio de estas explotaciones. En la actualidad, y tras tantos años transcurridos, se comenzó a ver un movimiento legislativo estatal y nacional con vistas a la regulación de este tipo de industrias. Pero los impactos negativos están desde la misma preparación de los proyectos de instalación. Desde el momento en que se planean las mega granjas sin considerar los derechos indígenas, hasta la deforestación que sigue y la radicación en muchos casos en zonas protegidas”, dice al respecto Lourdes Medina Carrillo, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal AC.
“Así llegamos a un escenario en el que más del 90 por ciento de las 800 factorías de cerdos que se estiman en Yucatán opera sin ningún tipo de permiso ambiental. En todos los casos, proyectos sin registro de consulta indígena previa, surgidos a partir de la destrucción de selvas consideradas como las segundas más importantes del continente después del Amazonas, sin permisos de cambios de uso de suelo, y con impactos subsecuentes como la contaminación del agua”, agrega.
Génesis del modelo: la irrupción de Kekén y las granjas de pollos
El despliegue del modelo de porcicultura intensiva en Yucatán viene siendo tan acelerado como incontenible. Comunidades y actores en el territorio señalan que la instalación de mega granjas se aceleró en los últimos 15 años, aunque existen dos eventos interrelacionados que permiten situar el inicio de la expansión en 2003. Ese año, y por incidencia del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, únicamente Yucatán y Sonora alcanzaron el status de zonas libres de Fiebre Porcina Clásica (FPC) y enfermedad de Aujeszky.
Dicho status abrió por completo la exportación de carne de cerdo a Estados Unidos y, por efecto de ese mismo cambio, activó los primeros acuerdos comerciales con Japón, Chile y Corea. La apertura de semejante negocio tuvo lugar a partir de la injerencia del segundo aspecto que explica buena parte del despegue de la producción industrial de cerdos en Yucatán: la empresa Kekén –“cerdo”, en lengua maya–, también conocida por su nombre financiero Grupo Porcícola Mexicano SA de CV, dueña absoluta de la explotación de carne porcina en el sureste mexicano.
Hasta 2003, Kekén concentraba su estructura de granjas en la zona del Bajío –integrada por áreas de los estados de Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Estado de México–. Precisamente El Bajío y su cuenca hídrica, se encuentra hoy entre las zonas más contaminadas de México por, entre otros factores, las descargas efectuadas por la ganadería intensiva de cerdos.
A partir de ese año, la obsesión económica de Kekén se centralizó en Yucatán por las exportaciones que incentivó el nuevo status sanitario derivado del TLCAN y las amplias facilidades que el estado garantizó a la compañía. Controles laxos o directamente inexistentes, permisos prescindidos, amplia disponibilidad de agua y ausencia de restricciones para instalar mega factorías en áreas selváticas o zonas protegidas, fueron algunos de los ítems que alentaron la expansión de la firma.
En su despliegue, Kekén trasladó a Yucatán un modelo que antes le garantizó amplias ganancias en El Bajío a un costo bajo de responsabilidad ambiental: la aparcería. Este sistema comprende la proliferación de mega granjas promovidas por terceros, quienes luego se ocupan de abastecer buena parte de los cerdos que el Grupo Porcícola Mexicano SA de CV procesa para su venta dentro y, mayormente, fuera de México. Por estos días, todas las instalaciones de grandes dimensiones que crían y engordan cerdos en Yucatán trabajan para Kekén.
La empresa reconoce 108 aparceros operativos en la Península de Yucatán y un total de 53 mega granjas propias. A esa estructura hay que añadirle tres plantas de almacenamiento de alimentos para el ganado y tres plantas procesadoras de carne. El negocio de Kekén integra, también, una cadena de tiendas que, bajo el nombre de “Maxi Carne”, se ocupa de comercializar, sobre todo en Yucatán, casi la totalidad de la carne de cerdo que la porcícola no exporta.
En el estado, los productos que ofrece la porcícola –concentrada en comercializar únicamente la raza de cerdo americano industrial– a través de “Maxi Carne” redujeron fuertemente el consumo de cerdo pelón, una variedad porcina que las poblaciones mayas criaban de forma tradicional en sus traspatios. En la actualidad, la presencia de esta especie criolla se traduce a muy pocos ejemplares y las factorías también son responsables directas de esa reducción debido a las continuas campañas publicitarias de desprestigio promovidas en el interior de Yucatán y mediante las cuales se instaló, sin argumentación científica alguna, que la raza porcina es una presunta fuente de enfermedades como la triquinosis.
La exportación es el ítem que más le reporta ingresos a la compañía: según la información financiera de Kekén, casi el 55 por ciento de su producción cárnica se vende a Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. La empresa también llega a esos mercados con la marca comercial Kiniton. Dentro del país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara concentran la demanda de los productos que ofrece la porcícola.
Kekén es propiedad del Grupo Kuo, un conglomerado industrial con empresas en sectores como el automotriz y la química, además de su división porcícola. En sus estados financieros, Grupo Kuo reconoce ingresos anuales por 53,816 millones de pesos mexicanos –más de 3,130 millones de dólares–. La división porcícola representa los mayores ingresos para el conglomerado con un 51 por ciento de participación.
Por el lado de las compañías de explotación avícola, los dos “pesos pesados” de la comercialización de carne y huevos son Bachoco y Crío. Originaria de Sonora, la primera desembarcó en Yucatán a principios de los 2000. Un detalle no menor está en que su arribo a la Península ocurrió previa compra de la división de pollos de Kekén, por lo que el diálogo entre ambas compañías es tan fluido como histórico. En sus estados financieros, Bachoco –bajo control accionario de la familia Robinson Bours– afirma que cerró 2023 con un ingreso financiero neto de 1,259.6 millones de pesos mexicanos –algo más de 73,5 millones de dólares. Sólo en el estado la empresa reconoce más de 90 granjas operativas entre medianas y grandes.
Crío, en cambio, es una empresa yucateca que opera desde principios de la década de los 60 y bajo propiedad de la familia Fernández. Con operaciones extendidas hacia Tabasco, Veracruz y Chiapas, la firma reconoce 13 mega granjas propias de crianza de pollos y producción de huevos, una planta procesadora de carne, otra de alimentos y al menos 14 centros de distribución.
Una diferencia relevante entre las compañías avícolas y la porcícola Kekén está en el público al que destinan sus respectivas producciones. Así, mientras que la empresa dedicada al negocio de los cerdos pone especial atención en la venta fuera de México, Bachoco y Crío concentran su interés comercial en el mercado interno. Combinadas, estas dos últimas compañías han colocado al estado en el cuarto lugar en cuanto a generación de carne de pollo en México y en el quinto en términos de producción de huevos, según los datos más recientes de la Asociación de Avicultores de Yucatán. Ligado a esto, Bachoco y Crío controlan el 60 por ciento del mercado mexicano de comercialización de pollos.
Mega granjas, maltrato animal y explotación laboral
El formato de mega factorías al que apelan las porcícolas implica instalaciones que pueden albergar más de 50,000 cerdos, como en el caso de las granjas operativas en Santa María Chi –500 habitantes– y Kinchil –algo más de 7,530–, dos comunidades mayas ubicadas a menos de una hora de Mérida, la capital de Yucatán, respectivamente. Otras factorías de envergadura funcionan en torno a los pueblos de Sitilpech y Chapab, ambas con alrededor de 48,000 cerdos, y Maxcanú, con más de 70,000 animales divididos en dos instalaciones.
Kekén y sus aparceras se distribuyen las fases de parición, crianza, engorde y aniquilamiento de los animales vía procesos que no escatiman violencia y maltrato. Un detalle relevante está en que toda la cadena de generación de carne está basada en una selección genética que la misma porcícola desarrolla en sus laboratorios en Xaya, a casi una hora de Mérida, la cual le permite uniformidad en las características de los ejemplares que luego crecen y son ultimados. Técnicos y extrabajadores de la compañía reconocen que, a excepción de muy pocos animales, todos los cerdos que se explotan de forma intensiva son hembras.
“En Kinchil las cerdas llevan a cabo unas 60,000 pariciones por semana. Una vez nacida, la cerda pasa apenas una semana y media con su madre. Al mes es reubicada en un área de semilleros y luego, en un período que nunca pasa las 16 semanas, se le traslada para su sacrificio en algún rastro de la misma Kekén. Por ejemplo, en la planta de Umán”, precisa un extrabajador de la firma. Precisamente en Umán, una ciudad de la periferia de Mérida, la compañía ejecuta a más de 6,000 cerdos por día. Sin embargo, la labor más intensa ocurre en Sahé, otra población cercana a la capital de Yucatán, con un promedio de 12,000 matanzas diarias. Este proceso no escatima crueldad: en una primera instancia, los animales son colocados en jaulas y luego bajados a un foso donde resultan sometidos a un método llamado “aturdimiento”, que consiste en aplicar dióxido de carbono (CO2) hasta asfixiar a cada ejemplar. En agosto de 2021, la misma empresa dio cuenta de parte de este proceso en un recorrido virtual por su planta en Umán difundido a través de redes sociales como YouTube.
Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo del Fondo para Informes sobre Animales y Biodiversidad de Brighter Green (www.brightergreen.org).
