Todo fuego es político en un territorio que en menos de dos décadas acumula más de 700.000 hectáreas arrasadas por las llamas. La gestión de Schiaretti alienta la expansión de la frontera agropecuaria, incumple la ley de bosques y desfinancia el combate a los incendios.
Por Patricio Eleisegui
Más de 63.000 hectáreas arrasadas sólo en los primeros 10 días de octubre, según la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Cerca de 700.400 hectáreas devastadas en menos de dos décadas, de acuerdo a mediciones del Instituto Gulich de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la ya mencionada CONAE. Esta última superficie equivale a 12 ciudades del tamaño de la capital mediterránea. El Instituto Gulich añade que, en el período 1987-2018, la provincia vio asolado el 57,9 por ciento de su territorio por la misma causa.
Nada de lo que sucede en Córdoba es ajeno a lo que define, apadrina e incentiva su gobierno al menos en los últimos 20 años. Y todo lo que ocurre desde 2015 a esta parte, siempre en términos de ecocidio, es inseparable de la gestión que vienen llevando a cabo Juan Schiaretti y su gente. Y vaya que los colectivos y las organizaciones socioambientales cordobesas pueden hablar largo y tendido de la expansión de este desastre permanente.
En la previa al diálogo con uno de los referentes de las asambleas en la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa), me acercan un video divulgado por el medio de comunicación cooperativo La Tinta. Las imágenes corresponden a un acto encabezado por Schiaretti el pasado 8 de octubre en San José de la Dormida, localidad del norte cordobés afectada recientemente por las llamas.
Dice el primer mandatario provincial en ese registro: “Yo veo que el norte viene progresando. Y nuestro norte viene progresando por la voluntad de su gente y porque se ha extendido la frontera agropecuaria en estos últimos años. Antes, cuando uno sobrevolaba el norte, veía el monte. Hoy, la parte más llana, se ve lleno de cultivos, lleno de animales de los que crían ganado. Se ven establecimientos agropecuarios modelos. Porque también en el norte, la producción agroalimentaria es fundamental, es motor del progreso”.
La impunidad con micrófono.
Para ahondar en las particularidades de este modelo de gestión basado en el aniquilamiento de los ecosistemas y la vulneración de cuanto marco legal exista consulté a Darío Ávila, integrante de CoDeBoNa y uno de los abogados ambientalistas de mayor prestigio en lo que hace a la lucha contra el extractivismo en el ámbito de los tribunales.
Ávila ha sido pieza clave en la “causa Madre” del Barrio Ituzaingó y la batalla contra el proyecto de Autovía Pedemontana en Punilla. Hoy también es el experto clave en cuanto a conocimiento de las arbitrariedades, la violación de leyes y los atropellos institucionales que viene ejecutando el gobierno de Córdoba a través de fuegos que prácticamente no se combaten.
“En las asambleas cordobesas tenemos un lema: ‘Todo fuego es político’”, comenta Darío, en los primeros minutos de nuestro diálogo. “Los incendios son utilizados como herramienta o instrumento político para eliminar el bosque nativo. Pero esa acción tiene un complemento legal a partir de incumplimientos que lleva a cabo la Provincia y que terminan alentando los negocios detrás del fuego”, amplía.
“Por ejemplo, este año se quemaron 40.000 hectáreas en el norte de Córdoba. Y en esa área, en torno a Sinsacate o Jesús María, se concentra el núcleo duro del agronegocio provincial. Están desde CARTEZ, la confederación de asociaciones rurales de la Tercera Zona, hasta La Rural de Jesús María, pasando por CONINAGRO y Federación Agraria. En esa área queda el último espacio de bosque nativo de Córdoba sin intervención. Y es lo que se estuvo quemando ahora. Aprovechan que, aunque hay prohibiciones legales para hacer modificaciones de uso de suelo en los puntos donde se pierde un bosque, la Provincia incumple la ley 26.331 por lo que eso les permite avanzar con sus planes para ampliar la superficie de ganadería intensiva”, precisa.
Señala Ávila que el gobierno de Schiaretti infringe aquellos artículos del marco que establecen que “cuando un bosque se pierde, lo que debe volver a generarse en el mismo espacio no es más que otro bosque”. En paralelo, la gobernación cordobesa también viene incumpliendo otro punto de la 26.331 que fija la obligación de actualizar cada 5 años el ordenamiento de bosques existentes.
“En 2015 debió actualizar ese ordenamiento y no lo hizo. El Gobierno tampoco cumplió en 2020. No se cumple, además, el requisito de participación popular que establece la misma ley para llevar a cabo esa actualización. La Secretaria de Ambiente de Córdoba no respeta ese proceso. Hace 6 años, Schiaretti presentó un proyecto para directamente modificar la Ley de Bosques. En ese momento hicimos una presentación y la Justicia hizo lugar por lo que no pudo avanzar con su intención”, recuerda el abogado.
Mientras tanto, el tiempo transcurre. Y los incumplimientos de la Provincia operan como puertas abiertas de par en par para la activación de más proyectos extractivistas. Ávila me comenta que, por la falta del ordenamiento actualizado, hoy se desconoce cuánto bosque por proteger queda en Córdoba.
“Esa falta de certeza alienta más incendios y en el interín se van aprobando proyectos mineros, de especulación inmobiliaria y se expande la frontera agropecuaria. El 95 por ciento de los incendios que ocurren en Córdoba son provocados, intencionales”, agrega.
Uno de los caminos que encontró la gestión que gobierna la provincia para acentuar el drama de las llamas es la quita de financiamiento a la ley de manejo del fuego. Hasta 2017, la población abonaba un adicional en su boleta de electricidad que tenía como destino la compra de equipamiento y el pago de labor extra a los cuerpos de bomberos. La Provincia llegó a recaudar casi 100 millones de pesos mensuales para combatir los incendios.
Schiaretti dio de baja ese mecanismo de financiamiento mediante un decreto –decisión inconstitucional en tanto una ley no puede ser cercenada mediante ese recurso–.
“En 2017 comenzó el desfinanciamiento del plan de manejo del fuego. Hasta ese momento funcionó un sistema de alerta temprana con bomberos que cumplían tareas de vigilancia de forma permanente. Hablamos de al menos 390 vigías que, situados en torres ubicadas en zonas de riesgo, permitían la respuesta más rápida ante el surgimiento de un foco. Hoy, para cuando llegan los bomberos ya es tarde. El Gobierno de Córdoba liberó todas las zonas para los incendios”, sostiene el experto.
Nada de esto podría haberse llevado a cabo sin un poder judicial cómplice. Provocar incendios es un delito tipificado y cuya condena comprende penas de entre 3 y 10 años. Aunque los focos se han vuelto prácticamente ininterrumpidos en los últimos 20 años, lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia cordobés apenas acumula 25 causas en el único período del que generó estadísticas: 2015-2019. “En ese lapso hubo sólo 44 imputados, 1 condenado y 11 sobreseídos. Otra muestra de lo mal que estamos a nivel institucional”, comenta Ávila.
El Ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandié ¿tiene responsabilidad en el desastre cordobés? Explica el abogado: “El Gobierno nacional no puede intervenir porque el plan de manejo del fuego es potestad de cada provincia. Si el fuego sobrepasa los límites de una provincia, entonces la intervención es regional. Como ocurre en el delta del Paraná. Sólo si el incendio supera esa capacidad combinada es posible la intervención de Nación y siempre tiene que suceder previo pedido de las provincias. En Córdoba dejan que aumenten los incendios y demoran por completo los pedidos de auxilio”.
“Ambiente sí es responsable de las infracciones a la ley de bosques que ejecuta Córdoba. El ministerio que encabeza Cabandié jamás intimó a la Secretaría de Ambiente provincial por los incumplimientos en el ordenamiento. Desde CoDeBoNa denunciamos, hicimos informes, hasta intimamos a Ambiente de la Nación por estos incumplimientos y la cartera nunca respondió. Saben bien que Córdoba no hizo el ordenamiento en dos períodos y no dicen nada”, añade Darío.
Semejante despliegue ecocida por parte del Estado encuentra oposición y resistencia en el accionar de asambleas, colectivos y organizaciones de vecinos en general. Grupos que, además de batallar de manera legal contra los desmanes que propicia el gobierno provincial, incluso han generado brigadas voluntarias que combaten el fuego en el territorio cordobés.
La acción popular por supuesto que le cae pésimo a Schiaretti y su gente: Ávila me comenta que policía e infantería en más de una oportunidad no han dejado intervenir a los brigadistas.
“Alegan que no son personal capacitado, que el deber es cuidar la seguridad de estos voluntarios. Sin embargo, las brigadas crecen y crecen. Funcionan en Calamuchita, en Punilla, en Río Ceballos. Proliferan en todos los rincones de la provincia. Ahora estamos aunando esfuerzos para el regreso de las asambleas tras la pandemia. Sabemos que, si nos movilizamos, lograremos cosas buenas para nuestra gente. Así lo hemos demostrado en varios momentos de nuestra historia”, concluye.
