La gestión presidencial de Javier Milei va por la aprobación de la denominada “ley ómnibus”, que a partir de esta tarde inicia su derrotero por el plenario de comisiones. El atentado socioeconómico que propone el marco incluye, entre aspectos funestos, la decisión oficial –ya no una presunción– de avanzar con la entrega total de las semillas a los gigantes de la transgénesis y la edición génica locales e internacionales. En detalle, Bayer-Monsanto, Corteva (Dow, DuPont, Pioneer), ChemChina (Syngenta), Limagrain, Don Mario y Bioceres, entre otras tantas.
Semejante atentado a la soberanía alimentaria y la producción campesina cobrará forma a partir de la decisión del Gobierno de adherir a UPOV 91, la versión correspondiente a ese año de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales. Hasta este momento, Argentina suscribe la versión de UPOV correspondiente al año 1978, la cual contempla el derecho al “uso propio” de las semillas que aportan las cosechas para una posterior resiembra.
En contrapartida, y según un documento firmado por cientos de organizaciones, asambleas y colectivos que defienden la soberanía alimentaria en el país, UPOV 91 “reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer ‘uso propio’ de sus reservas de semillas, extiende la ‘protección’ también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
“Lo que está en juego es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, se remarca en el texto. De consumarse, la adhesión a UPOV 91 abrirá la puerta a la ultra pretendida modificación de la Ley de Semillas que las corporaciones de la manipulación genética de los cultivos persiguen desde hace al menos una década.
El cambio de régimen que impulsan Milei y sus secuaces integra, escueto, el detalle del artículo 210 del proyecto de “ley ómnibus”.
Los cultores de los agrotóxicos nucleados en el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de la República Argentina (CPIA), los popes del monocultivo fumigado y la casta terrateniente concentrados en CONINAGRO y, por supuesto, las empresas que integran la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), ya explicitaron su aval a este salto a la privatización absoluta de las semillas. Por si no nos quedaba claro quiénes serán los únicos beneficiados en este otro atropello a los derechos y libertades que propone el gobierno del desastre.
