El Gobierno buscará avanzar en las inminentes sesiones extraordinarias con la aprobación de nuevas legislaciones diseñadas para acentuar el extractivismo. Agroindustria, hidrocarburos y minería de litio, entre las prioridades de la gestión de Alberto Fernández pensando en 2022. La caja política, cada vez más atada al colapso.
Por Patricio Eleisegui
El final del primer mes del nuevo año será de culto exacerbado al extractivismo en las filas oficiales.
Por si no tuvimos suficiente durante 2021 con la ofensiva para reavivar el acuerdo para instalar granjas de cerdos con el fin de abastecer a China, los intentos por habilitar la megaminería en la Patagonia, los incendios que expanden la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria, la siembra de trigo transgénico y los agrotóxicos en general, este enero concluirá con una apuesta renovada por el saqueo ambiental como principal política económica.
Abrazado a la consigna de recaudar a como de lugar, el Gobierno va por la aprobación de una batería de propuestas de corte ecocida que se debatirán en las sesiones extraordinarias previstas para la semana del 24. Resultarán de la partida en estos encuentros legislativos que están al caer: la ley agroindustrial, un marco para estimular aún más la extracción de hidrocarburos y la ley de “movilidad sustentable”, apuesta de la cartera de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas para consolidar la minería de litio.
La primera iniciativa, denominada “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal”, respalda sin rodeos un incremento de la generación de “commodities” a partir de la entrega de beneficios fiscales. Estos estarán atados al cumplimiento de pautas como la mayor generación de productos y el incremento en los volúmenes exportados.
El marco que se buscará abrochar en el tramo último de enero surge de un pacto rubricado por el Estado nacional con los popes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), organización que integra a entidades de la agricultura intensiva y exportadora como la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) y la Federación de la Industria Molinera (FAIM), entre otras. La Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) fueron parte del CAA hasta hace escasas semanas.
La propuesta en cuestión estimularía, además, la ampliación de la ganadería bajo el esquema de “feed lot”. Sistema que en los últimos años ha ido ocupando las superficies arrasadas por los incendios intencionales en provincias como Córdoba. Los tres ejes que se resaltan en el texto de la probable ley:
- Incrementar el uso de semillas fiscalizadas.
- Estimular el uso de fertilizantes y agrotóxicos –mencionados apenas como “insumos”–.
- Incrementar la productividad de la ganadería vacuna.
Para acceder a las bondades tributarias, se señala en la iniciativa, los productores deberán informar plan de siembra y plan anual de fertilización y uso de plaguicidas. La eventual normativa contempla el otorgamiento de un bono de crédito fiscal computable ante el Impuesto a las Ganancias para quienes adquieran semillas, agroinsumos químicos y biológicos, y material genético animal. También propone devolución rápida del IVA, la creación de Fondos Comunes de Inversión y facilidades para la compra de maquinaria.
Pro “commodity”, a como de lugar.
Agroecología es una palabra ausente en todo el proyecto de ley. No se la considera bajo ningún punto de vista. Para el CAA es una opción inexistente. También para el Gobierno, más allá de que aún mantiene en funcionamiento la dirección nacional.
El CAA, con respaldo oficial, va por otro beneficio que podría tratarse en próximas semanas: acercó al Ministerio de Agricultura un proyecto de ley de seguro agrario. Mediante este recurso, el agronegocio apunta a garantizarse líneas de financiamiento “fresco” para compensar pérdidas económicas ligadas directamente al calentamiento global. Es decir, desastres ambientales que son consecuencia del mismo modelo productivo que ahora buscan profundizar Gobierno y CAA.
Siempre en el marco de las sesiones extraordinarias que vienen, la apuesta extractivista de la gestión que encabeza Alberto Fernández también buscará la aprobación de una ley de hidrocaburos pensada para acentuar aún más la explotación de petróleo y gas en el territorio continental y la plataforma marina.
Entre otros puntos, la propuesta propone garantizarle a cada empresa una exportación de hasta el 50 por ciento de los hidrocarburos que se extraigan, libre disponibilidad de dólares para operaciones internas y el giro a casas matrices, además de una reducción de impuestos como el tributo por Ganancias. Este dejar hacer que alienta el oficialismo no se acotará a Vaca Muerta: las facilidades y ventajas estarán al alcance de quienes hacen extracción convencional u operan en cuencas ya “maduras”.
Por último, el Gobierno irá por todo en lo que hace a la explotación de litio. En esa dirección, promoverá la aprobación del proyecto de “Promoción de la Movilidad Sustentable” el cual, además de estimular el cambio de producción en las plantas automotrices, detonará aún más la actividad minera en la Puna.
En concreto, el litio aparece mencionado como una de las “razones estratégicas” por la cual, a los ojos oficiales, conviene aprobar la normativa que se propone. “Argentina no tiene que ser un mero espectador. Queremos poner en valor nuestras materias primas, lo que tenemos en materia de minería de litio, las capacidades industriales adquiridas, la trayectoria del sector automotriz”, enfatizó Matías Kulfas, titular de Desarrollo Productivo, durante la presentación del proyecto en octubre del año pasado.
La extracción en los salares es uno de los puntales de la iniciativa que motoriza, justamente, el ministerio mencionado, cartera que reconoce estar a la pesca de al menos 1.000 millones de dólares que podrían llegar a las arcas oficiales en el lapso de 5 años.
“Se espera una importante ola de inversiones nacionales y extranjeras en el sector de las terminales automotrices”, dijeron desde el oficialismo. Lo omitido es que esas mismas compañías tendrán prioridad sobre el mineral a extraer, además de que ostentarán pleno dominio –a través del control de áreas de explotación y procesos– sobre su destino industrial y comercial.
En el Gobierno se destaca que el objetivo es “crear en Sudamérica el primer enclave productivo integral, que sirva como plataforma para el país y para exportar a los países vecinos, que ya están avanzando en integrar vehículos con baterías de litio a su parque”.
Queda fuera de toda mención tanto el avance potente que ya evidencian las automotrices internacionales sobre los salares donde se confirmó la presencia de litio como, también, el posicionamiento de China en la carrera por el control del material estratégico para la industria. Mucho menos se repara en la primera gran consecuencia negativa que genera este tipo de minería: acaba con las pocas reservas de agua disponibles en la Puna, zona de reconocida aridez.
En plena confección de esta columna intercambié mensajes con Flavia Broffoni, politóloga y cofundadora de XR Argentina. Me acercó su mirada sobre esta búsqueda de avales que comenzará la próxima semana.
“Las tres leyes siguen un patrón: ingresarán en el Congreso en este tiempo político en particular. Si bien el Consejo Agroindustrial viene haciendo sus movidas desde hace más de dos años, su propuesta recién entrará en el tratamiento de sesiones extraordinarias que viene. Lo mismo aplica para la ley de hidrocarburos. Se tratarán ahora porque, de ocurrir en el transcurso del año, ambos proyectos podrían ser evaluados en profundidad por las organizaciones socioambientales. Aprovechan, entonces, que las organizaciones no están en actividad plena en este momento”, dijo.
“La propuesta de la agroindustria es más semillas transgénicas, más fertilizantes de síntesis química y todo lo que el paquete tecnológico viene necesitando en un contexto en el que, por las consecuencias de la crisis climática, el sector necesita de mayor ayuda estatal para seguir teniendo una rentabilidad elevada”, añadió.
Respecto del proyecto de “Promoción de la Movilidad Sustentable”, Broffoni opinó que, en tanto fija metas de migración hacia 2041, el marco no hace más que “crear más espejos de colores frente a una realidad caótica y de corto plazo”.
“En el mediano plazo, el auto individual será un lujo para una porción muy minoritaria de la población. Sin embargo, acá se pone como prioridad estatal un consumo superfluo. Los tres proyectos están pensados, elaborados y trabajados para seguir sosteniendo la acumulación de riqueza material en sectores muy concentrados”, aseguró.
Para luego concluir: “Se sigue promoviendo el subsidio a todas estas actividades extractivistas, como la agroindustria o los hidrocarburos, en lugar de meterse de lleno con un aspecto clave y de fondo: el cuestionamiento que debe hacerse a las bases del sistema económico actual”.
