El gobierno que encabeza Javier Milei apuró la marcha para promover un cambio en la Ley de Glaciares que, orientado a expandir la megaminería, es exigido por Estados Unidos y el FMI. La modificación que busca asentar La Libertad Avanza (LLA) cuenta con la complicidad de mandatarios provinciales como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan). Y vacía de alcance a la normativa que hoy protege a los cuerpos de hielo, alienta la actividad minera e industrial en zonas resguardadas por su relevancia hídrica, y otorga poder absoluto a las gobernaciones extractivistas. Peligra el 40% de las cuencas hídricas de la Argentina y está en riesgo el abastecimiento de agua para al menos 7 millones de personas.
Afianzar la entrega minera y garantizar que ese mismo saqueo quede en manos de, sobre todo, Estados Unidos, cumpliendo con los preceptos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mismo Donald Trump a cambio de algún que otro salvavidas financiero, mantiene inquieto al gobierno que encabeza Javier Milei y su plan para modificar —aquí interpretable como eufemismo de destruir— la vigente Ley de Glaciares. Febrero se vuela y en ese transcurrir parece que la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 1°de marzo no le permitirá avanzar con el desastre que planea La Libertad Avanza (LLA) para las áreas glaciares y periglaciares de nuestro país.
Pero este no alcanzar en febrero no debe interpretarse como un freno real a semejante intentona, sino más bien una pausa para que el oficialismo acelere —dádivas o coimas mediante— las negociaciones con quienes puedan asegurarles en el recinto el aval que exigen los popes de la megaminería.
Este peligro latente, o pausa tensa del mientras tanto, es bien leído por organizaciones y colectivos que vienen promoviendo la defensa de la normativa y, en esa línea, acumulan semanas divulgando argumentos y explicaciones respecto de por qué es tan relevante para el presente y el futuro continuar blindando a los glaciares y sus zonas linderas ante la voracidad del extractivismo minero.
Desde el frente que integran la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y Consciente Colectivo, entre varias organizaciones, hasta el bloque del que forman parte la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, Rebelión o Extinción Argentina, el Museo del Hambre y el Colectivo Sanitario Andrés Carrasco/ALAMES Argentina, y otras tantas agrupaciones y colectivos, se multiplican las acciones que aportan precisiones respecto de los cambios que buscan aplicar Milei y sus secuaces. Y, en simultáneo, los argumentos que dan cuenta de la relevancia de sostener el marco tal como está.
El plan de modificación que busca consolidar LLA busca quitar la potestad a la Nación sobre la protección de los glaciares, esto bajo la excusa de falta de financiamiento, para transferir a las provincias el destino final de los cuerpos de hielo. Las gobernaciones, según el cambio que se plantea, también tendrán a su cargo la opción de recategorizar los glaciares y sus áreas cercanas protegidas por la ley actual.
La libertad de arrasar
La modificación que se propone otorgará a las provincias la alternativa de proteger únicamente a aquellos glaciares que resulten considerados como reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
“En términos prácticos, esto significa que todos los glaciares y ambientes periglaciares pueden ser destruidos, siempre que una autoridad provincial declare que no cumplen una función hídrica relevante o suficiente. Arbitrariamente considera y valora sólo dos funciones de los glaciares y periglaciares: la de reserva estratégica y recarga de cuencas hidrográficas…”, detalla un documento de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.
“… eludiendo otras funciones fundamentales: hábitat para la biodiversidad, reguladores del clima global, influencia en nivel del mar, dependencia de las comunidades vecinas, liberación de nutrientes en suelos aledaños, complementariedad ecosistémica”, añade.
Otro aspecto que se propone cambiar es la inclusión del principio precautorio pero bajo una lógica inversa a la aplicada usualmente en el derecho ambiental.
Así, en lugar de establecer la protección per se de un glaciar o área periglaciar ante la amenaza de daño agravado, el proyecto de LLA establece que un cuerpo de hielo o sus zonas ligadas sólo gozarán de protección siempre y cuando las provincias informen que éste o éstas cumplen funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y actúan como proveedores de agua para la recarga.
“Es decir, la protección deja de ser la regla y pasa a ser una excepción transitoria, sujeta a tecnicismos o peritajes totalmente funcionales a la actividad minera. Pensemos por caso, la situación de las provincias mineras como Mendoza y San Juan, que están promoviendo esta reforma en conjunto con las grandes corporaciones mineras como la Barrick Gold. Podrán acordar criterios técnicos para desafectar funciones inherentes a todo glaciar o ambiente periglacial, habilitando la explotación minera o hidrocarburífera sobre estos ecosistemas”, precisa el documento de la entidad.
En tanto la iniciativa propone entregar a las provincias la relevancia de los glaciares y sus áreas inherentes, el cambio vacía el inventario de cuerpos de hielo efectuado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Como se indicó antes, las gobernaciones definirán el cuidado o la destrucción de esas áreas. “… el organismo científico queda subordinado a la decisión política provincial y las presiones de los sectores que históricamente se han opuesto a la defensa de los glaciares y periglaciares, como la megaminería y la industria petrolera. Esto rompe el carácter nacional, científico y federal del Inventario”, enfatiza la asociación.
Megaminería para todos
En la modificación que propone el mileismo resalta el cambio del artículo 6 de la normativa vigente. En ese apartado se habilita de plano la megaminería, la extracción de hidrocarburos, la instalación de industrias y el uso indiscriminado de químicos y otros compuestos en aquellas zonas donde existan glaciares o ambientes periglaciares que las provincias no consideren, como ya se dijo, que cumplen con funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y resulten proveedores de agua de recarga.
“En primer lugar, al flexibilizar la protección integral establecida en la Ley 26.639 todos los glaciares y ambientes periglaciares pasan a ser potencialmente destruibles, en la medida que la autoridad provincial determine que no cumplen una ‘función hídrica relevante’, señala el trabajo de la asociación.
“En segundo término, la reforma elimina expresamente la prohibición de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en el ambiente periglacial, prohibición que constituye uno de los pilares del régimen actual de presupuestos mínimos. En consecuencia, tanto los glaciares como los ambientes periglaciares dejan de ser bienes comunes protegidos por la ley nacional y quedan sujetos a decisiones discrecionales de las provincias”, añade.
En un comunicado reciente, Enrique Viale, titular y fundador de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, subrayó que “lo que está en juego es el agua. Se plantea sacrificar glaciares de miles de años, que dan agua para la vida, el trabajo y la agricultura para proyectos de grandes mineras transnacionales. Pero estos ríos nutren gran parte de nuestro país”.
Ante la consulta de Sudestada, Viale amplió su opinión. “Es una reforma a demanda, a medida de las grandes transnacionales mineras. La modificación (regresiva) a la Ley de Glaciares ya tiene nombre: es la reforma ‘Barrick Gold’. Son los grandes intereses mineros quienes están detrás de la destrucción de la norma (y los glaciares)”, dijo.
“Quieren explotar los minerales que están debajo de los glaciares y los ambientes periglaciares. La actual norma no se los permite. Para ello, en vez de adecuar los proyectos a la Ley, adecuan la ley a sus intereses particulares en detrimento de los ecosistemas y el interés general”, amplió, para enseguida dejar un interrogante clave en el aire: “¿En serio vamos a entregar los espacios donde nacen los ríos de gran parte de nuestro país para el saqueo de 4 o 5 mineras?”
Por el lado de la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, Irene Calabria, Maga Salerno y Delfina Del Sel, integrantes del colectivo, subrayaron que, en virtud del contexto extractivista imperante, la avanzada de LLA “nos encuentra una vez más organizándonos para frenar al actual gobierno en su intento de modificación de esta ley, que garantiza la protección de nuestra fuente de agua dulce”.
“Todo este plan se sostiene de la mano del FMI, con un presidente arrodillado ante Trump y los intereses imperialistas, sionistas y extractivistas de las élites del mundo. Seguiremos defendiendo la democracia, nuestros derechos, el agua y la vida de los territorios, apoyándonos en la autodeterminación de los pueblos a decidir cómo queremos vivir”, añadieron, en diálogo con Sudestada.
Para luego concluir: “Sabemos que el agua vale más que todo y seguiremos diciendo que nuestras vidas no son mercancía”.
En cuanto al pronunciamiento de otras organizaciones, Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN expuso recientemente que “la reforma propuesta es altamente regresiva e inconstitucional, y terminará por erosionar las bases mismas de la seguridad jurídica que pretende promover. La Ley de Glaciares no necesita ser reformada; necesita, simplemente, ser cumplida”.
Los gobernadores Cornejo y Orrego, embajadores de las mineras
Por su parte, Matías Arrigazzi, de Greenpeace, se pronunció en un tono similar a lo asentado en los textuales anteriores: “Modificar la Ley de Glaciares en plena crisis climática e hídrica implica reducir la protección de reservas de agua dulce estratégicas para los argentinos y poner en riesgo la seguridad hídrica de más de 7 millones de personas. Los glaciares y el ambiente periglacial no son ‘hielo sin valor’: regulan los caudales de los ríos, sostienen las cuencas en contextos de sequía y cumplen un rol clave frente al aumento de las temperaturas”.
Algo similar opinó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, quien expuso que los ambientes periglaciarios “no son territorios vacíos”, sino que albergan una gran diversidad de formas de vida que cumplen funciones ecológicas clave y sostienen equilibrios ambientales delicados.
“Muchas de estas especies y procesos naturales trascienden las fronteras políticas de las provincias, la naturaleza no reconoce límites administrativos. Hoy, estos ambientes y la biodiversidad que resguardan están seriamente amenazados, y su protección requiere una mirada integral, federal y basada en la ciencia”, precisó.
Clarisa Néztor, integrante de Rebelión o Extinción Argentina, aportó otras precisiones respecto de los objetivos que busca LLA con el quiebre de la ley vigente: “En Mendoza, el proyecto Minera San Jorge pretende instalarse en plena alta montaña, en cabeceras de cuenca donde el agua proviene directamente de glaciares y ambientes periglaciares que alimentan el río Mendoza”.
“No se trata de un riesgo hipotético: el propio emplazamiento del proyecto se encuentra en una zona donde la dinámica hídrica superficial y subterránea está conectada de forma directa con el sistema del río Mendoza, del que dependen más de un millón de personas, la producción agrícola y gran parte de la economía provincial”, comentó.
Néztor enfatizó el carácter destructivo de la megaminería, basado en voladuras masivas con explosivo, la remoción de millones de toneladas de roca y el uso sistemático de químicos por demás tóxicos.
“En el caso de Minera San Jorge, el proyecto prevé el uso de xantatos, poliacrilamidas, explosivos ANFO y la generación de enormes volúmenes de relaves con metales pesados, sin sistemas de aislamiento adecuados del suelo, el aire y el agua. Todo esto en un territorio atravesado por fallas geológicas activas, con alta sismicidad y una hidrología compleja, lo que incrementa de manera exponencial el riesgo de contaminación irreversible de las aguas superficiales y subterráneas”, especificó.
Cuando un glaciar se contamina o se destruye, no hay remediación posible, destacó la integrante de Rebelión o Extinción Argentina. Y recordó que ya en la provincia de San Juan la minera Barrick Gold opera en ambientes glaciares y periglaciares con yacimientos como Veladero —también lo intentó con el proyecto binacional Pascua Lama, paralizado desde 2020—, denunciado en reiteradas oportunidades por contaminación agravada.
“La propuesta de modificar la Ley de Glaciares aparece como la pieza que falta para destrabar lo que hoy la ley impide. Y aquí la responsabilidad política es clara. Los gobernadores de Mendoza y San Juan, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego, respectivamente, impulsan de forma activa la megaminería a cielo abierto en sus provincias y presionan para flexibilizar una norma que protege glaciares y ambientes periglaciares. No se trata de ´federalismo ambiental’, sino de habilitar legalmente la destrucción de las fuentes de agua en su lugar de origen”, concluyó Néztor.
Un cambio que atenta contra la supervivencia en el territorio
Según asambleas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, Argentina posee alrededor de 17.000 glaciares distribuidos en 12 provincias. Dichos cuerpos de hielo abastecen a 36 cuencas hídricas con alcance a cuanto menos un millón de kilómetros cuadrados.
Precisamente, un informe de FARN señala que, respecto de la modificación que propone LLA, un aval al proyecto en cuestión implicaría la afectación del 40 por ciento de las cuencas hídricas del país, las cuales garantizan el acceso al agua a 7 millones de habitantes. Esto es, cerca del 18 por ciento de la población total de la Argentina.
“En caso de ser aprobado, quedaría además asentado un precedente negativo y peligroso para el derecho ambiental argentino. Cualquier ley del Congreso de la Nación que fijara un criterio uniforme y un umbral mínimo de protección ambiental para todo el país podría ser reinterpretada, modificada y reemplazada por criterios dispares entre provincias, anulando los objetivos y fundamentos por los cuales dicha ley fue sancionada”, afirmó la fundación.
“Modificar la Ley de Glaciares no solo debilita la protección ambiental, sino que también socava la generación de información científica clave para el ordenamiento ambiental del territorio y la gestión de los riesgos climáticos”, completó.
Semejante fuente de agua dulce, clave para la continuidad de la vida en el territorio, orilla la posibilidad cierta de la desaparición ante una gestión de gobierno que ha hecho de la depredación ecosistémica, social y cultural una marca identitaria. Y que, apalancada por lo más rancio del capitalismo nacional y foráneo, reúne todos los rasgos de la peor presidencia entreguista de la que se tenga registro en décadas.
