Las grandes empresas de comestibles y gaseosas deben entregar sus productos con el etiquetado a partir del 20 de agosto. Para bloquear esto, reactivaron la amenaza de que mudarán la producción a Brasil y hasta acercaron cartas a los gobernadores tratando de romper la adhesión. Amenazan con la pérdida de empleos y buscan confundir a los consumidores para generar rechazo a la regulación.
Por Patricio Eleisegui
Dos meses después de reglamentada, la ley de etiquetado frontal –nombre popular de la normativa 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable– continúa bajo el asedio de las principales empresas de comestibles y bebidas perjudiciales de la Argentina. En plena recta final hacia su aplicación concreta en el ámbito de las góndolas, la normativa sigue siendo presa de lobbys en contra, ataques frontales en la arena política e intentos de desacreditación mediáticos por parte de las marcas que deben cumplir con el marco.
La intensificación de estas acciones no es casual: la ley establece que, a partir del 20 de agosto, empresas de la talla de Arcor, Coca Cola, Mondelez, Danone y Nestlé, por mencionar algunos “peso pesado” de la venta a gran escala, deberán entregar a los puntos de comercialización –hipermercados, supermercados, autoservicios, tiendas, almacenes y kioscos– productos presentados con el packaging que fija el marco aprobado. Es decir, y según corresponda, rotulados con octógonos negros en el frente de los envases que informen que el consumo excesivo de esos artículos representa un atentado a la salud.
La cercanía de la fecha reavivó el movimiento de multinacionales y compañías locales de los comestibles en otro intento por retrasar el arribo a los comercios de los artículos con el etiquetado. Sólo en la última semana, y tras la asunción de Guillermo Hang como nuevo secretario de Comercio Interior, la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) –que integra a más de 30 cámaras de la producción industrial de comestibles– amenazó con mover parte de la fabricación que realizan sus socios a Brasil si no se detiene la aplicación de la 27.642.
El encargado de transmitir el mensaje intimidatorio fue Daniel Funes de Rioja, precisamente titular de COPAL, quien argumentó ante Hang que FEMSA –embotelladora de Coca Cola–, Fargo, Ledesma, Molinos, Paladini, PepsiCo, Quickfood y Unilever, sumado a los gigantes mencionados en párrafos anteriores, no tienen espalda financiera suficiente para afrontar el costo de colocar los octógonos en sus paquetes, cajas y botellas.
Esta legislación también alcanza a las pequeñas y medianas empresas domésticas, pero estas últimas tienen hasta finales de febrero del año próximo para implementar el etiquetado. “Funes de Rioja y la COPAL ya dijeron que no van a cumplir con la ley y hasta amenazaron con irse a Brasil. Recurren a las chicanas de siempre al hablar de la potencial pérdida de empleo y otros aspectos parecidos”, comentó al respecto Andrea Graciano, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Apelan a amenazas que pegan fuerte en este contexto de crisis. Ya durante la discusión parlamentaria también dijeron que se perderían empleos o que los productos en la góndola se encarecerían. Son los mismos argumentos que escuchamos en otros países donde se discutió el etiquetado. Lo particular es que estas empresas, que acá se quejan de los costos por el packaging, sí entregan productos en envases con octógonos cuando exportan a Perú, Chile o Uruguay. O sea, cumplen con lo que exigen las leyes locales”, añadió.
Desde la Sociedad Argentina de Nutrición en Alimentos Reales (SANAR) su coordinadora en el área de salud, María Belén Núñez, expuso que, en meses recientes, numerosos profesionales del ámbito sanitario y académico atravesados por conflictos de interés con la industria alimentaria “han logrado con cierta facilidad un acceso a medios hegemónicos para tergiversar la letra de la ley y la evidencia científica que la avala”.
Los mensajes de estos actores, señaló Núñez, “llevan confusión al consumidor en tanto alegan que la norma afecta algunos comestibles considerados ‘saludables’ por estas mismas empresas”.
La especialista aportó otros detalles respecto de qué ocurrirá con la ley a partir de lo fijado para el cierre de agosto. “En tanto y en cuanto las industrias no soliciten prórrogas, las empresas más grandes serán las primeras en mostrar los productos etiquetados. Será cumpliendo con la gradualidad de los límites de corte de los nutrientes críticos correspondientes a la primera etapa”, dijo.
Para enseguida ampliar: “Es decir, vamos a ver menos sellos en menos comestibles en esta primera etapa en tanto regirán límites más laxos. Por ejemplo, en el límite de azúcares, el parámetro permitido será del 20 por ciento en esta instancia inicial y, ya en la segunda, se reducirá al 10 por ciento. Confiamos en que la industria alimentaria utilizará los plazos de gradualidad para reformular sus productos, aunque este no sea un propósito explícito de la norma”.
Núñez indicó que el etiquetado estará vigente en todo el país. Pero aclaró que aún resta definir cómo se implementarán el resto de los puntos que abarca la ley. Desde la regulación de la publicidad en los entornos escolares hasta la obligación de que el Estado, al llevar a cabo compras públicas, evite la adquisición de productos con algún tipo de exceso.
Las empresas intentan romper la adhesión de las provincias
La ofensiva de COPAL no se reduce únicamente al planteo transmitido a Hang por Funes de Rioja: en días pasados, el bloque envío una carta a las distintas gobernaciones buscando desarticular el acatamiento de la ley alegando “inconvenientes operativos”, “imposible cumplimiento” de los tiempos establecidos para la adecuación, “inconsistencia de los plazos” y presunta “incompatibilidad con otras normas”, entre otras justificaciones rumiadas para mantener el negocio.
“… debemos señalar que se evidencia que el tamaño del sello, en los productos alcanzados por más de uno, excede los márgenes del área frontal del envase. La declaración de sellos de acuerdo con las superficies indicadas en el Anexo II del Decreto, impide la declaración del resto de la información legal obligatoria establecida en la cara frontal”, expone, entre otras nimiedades, la misiva que la organización remitió a las administraciones provinciales.
“A la fecha, aun cuando se ha reglamentado, la ley 27.642 no es operativa, en tanto restan aspectos por reglamentar, necesarios para que la norma pueda ser puesta en práctica y, por ende, se pueda exigir su cumplimiento. De lo contrario, es decir, sin la reglamentación de aquellos aspectos, y sin perjuicio de las inconsistencias desarrolladas anteriormente, la ley es impracticable, de cumplimiento imposible”, añade COPAL a modo de excusa en otro tramo del texto.
Núñez, de SANAR, brindó su mirada sobre esta acción orientada a romper la adhesión de las provincias. “La carta no debe interpretarse como una ofensiva hacia los gobernadores. Con ese movimiento, COPAL buscó y busca de alguna manera aliarse a las provincias para, así, intentar posicionarse como vocera de las necesidades de los gobernadores para el cumplimiento de la norma”, dijo.
“El rol de COPAL es de estricta interferencia, así como resultó durante todo el proceso legislativo, instancia donde logró una comunicación directa con quienes toman decisiones en el Ejecutivo nacional y las provincias. Todo esto, en un contexto de negociación constante con el Gobierno para establecer acuerdos de precios y mantener el abastecimiento de alimentos”, acotó.
El MERCOSUR, la pausa que buscan Arcor, Nestlé y compañía
No satisfechas con el asedio a los gobernadores, las compañías que deben cumplir con esta primera etapa de la normativa también acrecentaron la presión mediática y política en búsqueda de trasladar al ámbito del MERCOSUR el cumplimiento final de la 27.642.
La maniobra nada tiene que ver con la eventual discusión de una ley mejor: las integrantes de COPAL saben que cualquier ítem que se acerca al bloque consume años de tratativas. Semejante pausa les permitiría seguir comercializando sus productos como hasta ahora.
“La reglamentación de la ley es muy buena, el marco no ha sido debilitado en ese sentido. El lobby fuerte en contra de la normativa viene desde el sector privado. El pedido de discusión en el ámbito del MERCOSUR es algo que las empresas pidieron a lo largo del proceso parlamentario. El trasfondo de ese pedido es ganar tiempo”, afirmó Graciano.
La experta sostuvo que la industria “solicita la armonización en ese espacio porque saben que demoraría años”, por lo que de esa forma “entienden que eludirían el cumplimiento de la ley local”. Sin embargo, recurrir al MERCOSUR tampoco exceptuaría a las empresas de tener que respetar la legislación nacional.
“Hoy por hoy, Argentina es el país que tiene la mejor ley de la región. De ahí este nuevo intento por tirarla abajo. Armonizar con el MERCOSUR, como pretenden las empresas, implicaría desmejorar la calidad de los controles que establece la norma argentina”, precisó Graciano.
Lo particular radica en que, incluso si llegaran a alzarse con la posibilidad de la discusión en el bloque, estas compañías igual deberán cumplir primero con la legislación local. “No es que la espera de una norma armonizada las libraría del compromiso. Igualmente, siguen buscando la manera de ganar tiempo para estirar la adecuación”, concluyó la especialista.
El negocio de mal alimentar con total impunidad empieza a manifestar sus últimos estertores y la virulencia de los renovados ataques de los patrones de ese nicho comercial prueba que ese final está ahí nomás, al doblar la próxima esquina. Igual que el kiosco más cercano.
