La población travesti-trans comparte enormes similitudes en sus detenciones. La mayoría no tiene condena firme, está detenidx por un delito relacionado a la venta de drogas, y muchxs de ellxs son migrantes. Sobre esto, la situación de la cárcel Batán y la muerte de Sasha Barrionuevo -una mujer trans que estaba detenida y falleció después de que le negaran la atención médica-, hablamos con Agustina Ponce, integrante del Comité de Emergencia LGTB de Mar del Plata y quien trabaja en la protección de derechos de la población travesti-trans de la Cárcel ubicada a pocos kilómetros de Mar del Plata.
Por Florencia Da Silva
Gran parte de las personas trans que están en la cárcel no tiene una condena firme. En 2021, el 73,2% estaba procesadx y solo el 25% tenía una pena, según informó el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena y la Comisión por la Memoria. Sobre este tema Agustina Ponce, integrante del Comité de Emergencia LGTB de Mar del Plata, sostuvo: “Hay tantas prisiones preventivas por el pésimo funcionamiento del sistema judicial. Debería ser una excepción y en este momento en Argentina es la regla porque no hacen los juicios en tiempo y forma. Hay gente que pasa años en esta situación. Hubo una compañera que estuvo 7 u 8 meses con preventiva en la Unidad 44 de Batán y terminó absuelta por falta de mérito ¿quién le devuelve todo ese tiempo que estuvo detenida?”. Y agregó: “Después dicen que las cárceles están congestionadas, tengo el juzgado lleno de expedientes, las defensas no alcanzan, pero también sucede porque está la política de encarcelar al eslabón más débil de la cadena”.
Las historias se repiten. Una de las que ilustra esta situación es la de cinco mujeres trans que en 2017 vendían drogas en el barrio porteño de Constitución y fueron detenidas. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi determinó que había una organización criminal detrás, que usaba a estas mujeres trans para vender en pequeñas cantidades. Una de las principales razones para sobreseerlas fue que se encontraban en una extrema vulnerabilidad. Sentencias como estas son la excepción. “Distribuyen a partir de las mujeres travestis y trans y las que terminan detenidas son ellas”, explicó Ponce, que durante el contexto de encierro comenzó a ayudar, junto a otras mujeres, a muchas compañeras del colectivo travesti trans, que se encontraban en extrema pobreza. Cuando fue a las casas, volvió a constatar que las que habían cumplido condena en algún momento, no viven dignamente. Su contexto es la extrema pobreza. “Nosotras siempre dijimos que no encontramos casas de Pablo Escobar, ni nada parecido. No encontramos piletas climatizadas, ni grandes livings con televisores de 70 pulgadas. Encontramos personas muy pobres. Es más, cuando no encontrábamos el domicilio porque estaba mal la enumeración, golpeábamos la casa más empobrecida de la cuadra y ahí encontrábamos a la travesti”.
En cuanto a los delitos por los cuales se imputó a personas del colectivo travesti-trans, se destaca la violación a la Ley de Tenencia y tráfico de estupefacientes (Ley 23737). Muchas de ellas se dieron en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” -aumentó con la campaña de Patricia Bullrich- y está comprobado que la mayoría de esas causas son contra personas que no tenían antecedentes y que los delitos que cometieron eran de penas bajas. En 2017 fue el 84.2%. En 2020 este número disminuyó y fue el 31% de los casos. “Hay patrones que se repiten. La mayoría son migrantes y están detenidas por violar la Ley de Estupefacientes. Criminalizan a una comunidad. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante con esta problemática. Cuentan las noticias sin ningún tipo de presunción de inocencia. Para los medios de comunicación que crean sentido, ser travesti, migrante, te pone bajo la etiqueta de “narcotravesti”. Constantemente se habla desde ese lugar y los gobiernos no ayudan”, expresó la activista. Además sostuvo que si efectivamente encuentran una sustancia a la hora de hacer un allanamiento, un chequeo, lo que se evidencia es que existen redes delictivas que se valen de la vulnerabilidad de las compañeras. “¿Y qué hace el sistema? Encarcelar al eslabón más débil de la cadena sin investigar qué pasa que se distribuye cocaína y sin averiguar quién está en la pileta climatizada”, y aclaró: “No hicieron ninguna guerra contra el narcotráfico. Lo único que hicieron fue criminalizar a determinados grupos poblacionales empobrecidos, sin ningún tipo de solución específica de fondo”.
La cárcel de Batán y la Unidad Penal 44
Hace pocos años la cárcel ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, incorporó un pabellón para el colectivo travesti trans: la Alcaldía 44. Como sucede en otras cárceles del país, en muchos de los casos no hay condena. Hay prisión preventiva. La mayoría son migrantes y están ahí por violar la Ley de Estupefacientes.
Desde 2020, el Comité de Emergencia LGTB está en constante contacto con las personas que están detenidas y tiene como objetivo asegurar que se respeten sus derechos y que las condiciones sean dignas. En ese año, en plena emergencia sanitaria, pasaron varios días sin agua. Lo denunciaron y al tiempo la recuperaron. También se hicieron públicas algunas situaciones de discriminación y violencia, pero todavía es difícil enterarse de las violencias cotidianas que reciben las personas en contexto de encierro. “Entendemos que cuando preguntamos algunas cosas, como son ellas las que se quedan adentro no van a denunciar. No pretendemos que nos digan la absoluta verdad porque las que se quedan en contexto de encierro son ellas”, sostuvo Ponce.
Por otro lado, contó que hubo conflictos particulares, como fue el caso de una compañera que movilizaba ahí adentro por los derechos de las detenidas. Al tiempo pidieron que la transladen a Sierra Chica. “Pudimos resolver con la defensa porque ella no quería irse y finalmente logramos que se quede en el lugar. Esto es parte del modo disciplinante que tiene el sistema penitenciario. Es decir, si hablás más de lo que podés enseguida te firman un informe y te derivan a otro penal más pesado, donde no tenés la contención de tus compañeras, donde tenés que armar nuevos vínculos”.
Sasha Barrionuevo y la violencia penitenciaria
Tenía 38 años, no había terminado la primaria, tenía 13 hermanxs, vivía en un contexto de pobreza enorme, en una casa sin luz, sin agua, y como forma de generar ingresos acudió a la prostitución. A lo largo de su historia vivió varios episodios de violencia por parte de la policía y fue detenida varias veces. La última vez estuvo durante un año y medio.
Sasha Barrionuevo falleció el 20 de julio en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende. Estaba detenida en la alcaidía 44 y tuvo graves problemas de salud que no fueron atendidos. Tenía una enfermedad de base y estaba comprometido su sistema inmunológico. Ella y sus compañeras denunciaron la situación para que la asistan pero no las creían. Murió a los pocos días de ingresar al hospital. “Estaba muy deteriorada, le costaba hablar. Estaba bajo efectos de medicamentos que no sabía cuáles eran. Ahí decidimos ir a la historia clínica y consultar por su situación de salud. Los médicos de Sanidad de la U44 nos dicen que a criterio de ellos era un simulacro. Que estaba simulando para conseguir algún beneficio procesal. Lo consultamos con el director y nos refiere lo mismo”, declaró para Presentes Antonella Mirenghi, directora del Comité Contra la Tortura.
La historia de Sasha se había hecho conocida cuando se difundió un video en el que se ve cómo la reprimían un grupo de agentes penitenciarios. Barrionuevo se defendió y agredió a dos de ellos. “Acá te discriminan mucho. Te tratan como basura. Un guardia me faltó el respeto, me insultó, me dijo ‘puto de mierda’. Después vinieron todos en patota, me pegaron en la cabeza donde tengo una operación. Me golpearon toda, me arrastraron como se ve en los videos”, había dicho Sasha para un medio de Mar del Plata.
“La Pepo era una compañera que no sabía ni leer ni escribir, del barrio Centenario que es uno de los más populares de Mar del Plata. Vivía sin luz, sin gas. Ella tenía pocas herramientas, las que le dio la calle. Al poco tiempo de ese episodio es abandonada, se puede intuir que hubo un abandono por parte del servicio penitenciario porque a los meses cae internada”, sostuvo Agustina Ponce.
Actualmente, desde el Comité de Emergencia LGTB de Mar del Plata y la Comisión por la Memoria piden que se investigue la muerte de Barrionuevo. “En teoría se iba a investigar la cuestión de los médicos, la desatención de la salud. Y vamos a insistir con esto, estamos pensando en presentarnos en la causa. Todos los días estamos en comunicación con la fiscalía y vamos a seguir presentando y solicitando prueba. Que se llame a declarar a familiares, a compañeras de pabellón, para que den cuenta de su estado de salud”, señaló en una entrevista la directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.
La falta de atención a la salud de las personas que viven en contexto de encierro ha sido un factor importante para sus muertes. Según informó el CELS, entre 2017 y 2021 la tasa de fallecimientos fue de 13 personas trans fallecidas cada 1000, mientras que la de hombres fue de 7 cada 1000 y la de mujeres de 6 cada 1000. Este dato coincide con la esperanza de vida de la población trans, que es de 35 años: el abandono, la discriminación y la violencia que reciben por parte del sistema son algunas de las razones.
Las historias de quienes están en pabellón travesti trans de Batán, se repiten a lo largo del país. No es una coincidencia, es la criminalización de una comunidad. La persecución de la policía a los sectores pobres y al colectivo es una realidad que se arrastra hace años. Por eso, es urgente la mirada con perspectiva de género y derechos humanos cuando hablamos de detenciones y contextos de encierros.
