Desde el inicio del período ordinario a esta parte los bloques mayoritarios eludieron el tratamiento de proyectos como la relanzada protección de los humedales y, por efecto del lobby empresarial vigente, podrían dejar caer iniciativas de fomento a la agroecología o que apuntan a sancionar los delitos ambientales, entre otras. El extractivismo, blindado por oficialistas y el macrismo. La política juega al desaliento y la separación del drama social.
Por Patricio Eleisegui
Se va la primera mitad del año y en la Argentina de la crisis ambiental acelerada el Congreso de la Nación hace de cuenta que no pasa nada. Desde el inicio del período ordinario en marzo pasado hasta la fecha, el tratamiento de leyes y regulaciones relacionadas directamente con la protección de ecosistemas, el estímulo a la agroecología, la sanción a los delitos ambientales y la responsabilidad en la generación de envases, por mencionar algunos tópicos, es igual a cero.
Por supuesto que esta inacción no es un brote de casualidad: representa la manifestación de lobbys, acuerdos, diferencias y representación de intereses privados que encarnan los principales legisladores que integran los bloques mayoritarios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Detrás de cada decisión que se demora o, directamente, no se toma hay un privilegio que se otorga. En este caso, a favor de un extractivismo que, en mayor o menor medida, dice presente en todas las gestiones vigentes –nacional, provincial y municipal– y explica por qué hoy prolifera tanto proyecto en el cajón. A la espera, en más de una situación, de que se pierda estado parlamentario.
Desde la Asociación Argentinas de Abogados/as Ambientalistas uno de sus referentes, Rafael Colombo, me acercó un detalle de las iniciativas apiladas en el freezer por efecto, también, de una burocracia que se amolda perfecto al deseo de amplios sectores de la dirigencia política de mantener el saqueo y la contaminación de áreas naturales.
Entre las propuestas que siguen sin tener lugar en la agenda inmediata del Congreso se destacan:
- Proyecto de ley de humedales.
- Fomento a la agroecología.
- Proyecto de ley de protección de los derechos de la naturaleza –perdió estado parlamentario y se propone el reingreso–.
- Incorporación al Código Penal de los delitos contra el ambiente y la naturaleza.
- Proyecto de ley de envases –también perdió estado parlamentario y la intención es reingresar la iniciativa–.
Colombo indicó que, si no es tratada en los meses venideros, la propuesta de legislación que contempla el fomento a la agroecología se caerá este año. Para evitar esto, precisó, deberían sortearse las trabas que surjan en comisiones como Agricultura y Ganadería, espacio bajo control de Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.
Otro que también podría perderse este año es el marco que amplía la penalización de los delitos contra el ambiente. Respecto del proyecto de ley de humedales, en cambio, la iniciativa se volvió a presentar hace más de dos meses –perdió estado parlamentario el año pasado– pero aún no arribó a las comisiones correspondientes para su discusión.
La potencial normativa propone, entre otras cuestiones, penalizar los incendios intencionales en estos territorios y contempla, también, una serie de controles sobre la aplicación de químicos en general y agrotóxicos en particular. La iniciativa, presentada a principios de marzo por el diputado Leonardo Grosso, crearía, además, un inventario nacional de humedales con detalle de ubicación y características de estos ecosistemas.
La agenda ausente
El experto de la Asociación Argentinas de Abogados/as Ambientalistas se refirió a los factores negativos que se combinan para que no exista tratamiento de este tipo de normativas.
“La agenda legislativa ambiental en el Congreso se encuentra de momento paralizada por una serie de razones. La primera tiene que ver con una demora casi dos meses y medio del mismo Congreso en iniciar su funcionamiento regular y con comisiones integradas y constituidas. Recordemos que el Presidente abrió el periodo ordinario el 1° de marzo. Desde ese momento a la fecha no ha habido una actividad continua”, dijo.
Como segunda variable en contra Colombo mencionó “la ausencia de consensos políticos robustos para estudiar, analizar, debatir, tratar y llevar al recinto las principales leyes ambientales actualmente en agenda”.
Y, por último, dio cuenta del aspecto que expone la inclinación por el extractivismo que evidencian los principales bloques: “La tercera razón refiere al lobby de legisladores y legisladoras contra determinados proyectos y el rol de estos funcionarios en cada una de las comisiones. Sobre todo, en aquellas donde predomina la racionalidad extractivista y desarrollista, como son Agricultura y Ganadería, Industria, Energía y Combustibles, Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y Minería”.
Colombo remarcó lo relevante de “entender de qué provincia proviene cada legislador o legisladora y cuáles son los intereses del gobernador y las empresas que allí arrasan con los ecosistemas y los derechos humanos de las comunidades”.
“En Agricultura y Ganadería, por poner ejemplo, yacen en una suerte de cementerio de expedientes buena parte de los proyectos que cuestionan el actual modelo agroindustrial a base de transgénicos y agrotóxicos”, graficó.
El especialista no dudó en afirmar que fue en esa comisión donde hacen de las suyas el mencionado Buryaile, el oficialista Carlos Ponce, el también macrista Pablo Torello, Gabriela Brouwer de Koning, de Evolución Radical, y Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, entre otros nombres, donde ocurrió el mitin “en el que se firmó el acta de defunción del proyecto de ley de humedales”.
Un desastre que la política no quiere ver
A la par de las presiones e influencias que juegan en contra del tratamiento de proyectos esenciales para la supervivencia socioambiental, Colombo sostuvo que la discusión en torno a la afectación que generan las actividades productivas y el consumo no representa prioridad alguna para el grueso de las huestes políticas sentadas en el Congreso.
“La situación ambiental no tiene la dimensión necesaria y por eso está ausente de las prioridades parlamentarias. Cuando el Congreso decide debatir un asunto, esto se lleva a cabo de inmediato. Lo vimos y estamos presenciando en lo que refiere a la boleta única de papel, el cultivo de cannabis, el monotributo, la ley de alquileres. Con los proyectos ambientales eso directamente no ocurre”, dijo.
Para luego ejemplificar: “No ocurrió con la ley de humedales a pesar que vimos en vivo cómo ardieron cientos de miles de hectáreas. Y no sólo esa clase de ecosistemas: tampoco se prestó atención cuando ocurrió lo mismo en bosques, áreas naturales protegidas y reservas”.
Por último, Colombo destacó la labor que, más allá de la férrea oposición de la que hacen gala los legisladores nucleados en Agricultura y Ganadería, viene llevando a cabo la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, a la que se refirió como “parte de la solución en lugar de otra arista del problema”.
“La comisión realmente funciona. Con liderazgo, reuniones periódicas, participación efectiva de la sociedad civil, acceso a la información y rendición de cuentas. Es algo que hay que preservar”, comentó.
También dio cuenta de una buena novedad dentro de tanto desaliento: en una sesión especial concretada el miércoles pasado se aprobaron proyectos para el fortalecimiento de áreas naturales protegidas en Entre Ríos, Córdoba y Río Negro.
“En rigor fueron formalidades sobre cesión y transferencia de dominio y jurisdicción. Se trataron proyectos relevantes, claro, pero que no forman parte del núcleo duro de lo que está reclamando la sociedad civil organizada. Esto es, marcos legales para los humedales, los envases, la agroecología, la evaluación de impactos ambientales o los delitos penales ambientales”, concluyó.
La ceguera que predomina en el Congreso, cuando no es interés confeso por profundizar el extractivismo, resulta fiel reflejo de la tradición dirigencial imperante desde mediados de los 90 a este presente. Pero no por ello corresponde aflojar la presión, aminorar la exigencia, y creer que, como lamentablemente ya se ha consolidado en otros países de la región, la política no es camino oportuno para la solución real de los problemas en los territorios. Todo lo contrario: la salida es por ahí.
La idea de que la dirigencia y la sociedad transitan caminos irremediablemente separados es otra máxima que, a modo de mensaje por ahora subterráneo, transmiten los cultores del lobby y la representación corporativa que hoy se disfrazan de diputados y senadores. A la par de intensificar el reclamo, desactivar semejante complot con ribetes de asociación ilícita es otra tarea que debemos asumir y emprender de un modo tan urgente como obligatorio.
