Detrás de cada una de las mujeres privadas de su libertad hay una historia: las que entraron por abortos clandestinos o espontáneos criminalizados, las que no tienen otro lugar en donde estar, las “mulas” que para poder comer o alimentar a su familia caen en engaños o manipulaciones para trasladar droga. La mayoría de ellas son el sostén económico de la familia, eso provoca que las que salen vuelvan a delinquir porque conseguir un trabajo digno es más complicado con antecedentes. La feminización de la pobreza, la marginación, la falta de trabajo y el nulo acceso a oportunidades hacen crecer de manera significativa la población de mujeres en contexto de encierro, que lejos de conseguir que las presas “se reinserten en la sociedad” produce una doble condena que las aplasta y aísla, haciendo que no sólo se les prive de la libertad, sino también de todos sus derechos, exponiéndolas a la más cruda violencia represiva y patriarcal.
Por: Jaz Gauna
Cuando los medios hegemónicos no cumplen otro rol más que estigmatizar estas historias, surgen nuevos espacios de diálogo y disputa. Es por eso que desde Sudestada conversamos con Malena García, Pierina Garofalo, Valentina Gaggiotti y Camila Sayus, militantes de Atrapamuros, una organización que trabaja por el feminismo popular en las cárceles de Buenos Aires con compañeras detenidas, encontrando movimiento, resistencias y tejiendo redes de solidaridad.
¿Cuales son las causas que más ven en las cárceles de mujeres y disidencias?
La mayoría se encuentra detenida por delitos no violentos, y hay una selectividad penal que opera en función de género, clase, etnia y orientación sexual, persiguiendo y criminalizando, fundamentalmente, a las mujeres, lesbianas, travestis y trans de los sectores populares -buena parte de ellas migrantes- que han desoído los mandatos históricamente asignados: aquellas que han salido a disputar el espacio público, que han transgredido los roles previstos para las “buenas mujeres” y “buenas madres”, que han decidido sobre su cuerpo, que se han defendido de la violencia machista por parte de sus parejas o ex parejas, incluso en algunos casos habiendo denunciado.
Además, a veces son acusadas de delitos que cometieron bajo presión de varones, o que en realidad fueron cometidos por ellos. Y también hay detenciones por causas armadas, sobre todo hacia las mujeres trans y travestis, que constituyen la población más hostigada y criminalizada por las fuerzas de seguridad y la justicia, justicia a la que casi nunca pueden acceder. Un alto porcentaje se encuentra detenida sin haber recibido una condena firme por el delito presuntamente cometido. Otras son condenadas en el marco de juicios abreviados de carácter extorsivo.
¿Se revisan las causas de las detenidas por defenderse de situaciones de violencia?
Se intenta, pero es muy difícil cuando la condena ya está hecha y se agotaron las instancias de apelación. Un caso que a nosotras nos movilizó mucho fue el de Marcela Mendoza. Su ex pareja, Eduardo Gómez, a quien había denunciado dos veces por violencia de género, la hostigaba y un día intentó quemarla dentro de un auto. Ella logró tirarse, y él, por las quemaduras, falleció días después. Y mientras a él lo llevaron al hospital, a ella la llevaron a la comisaría, aunque también estaba lastimada. Sobrevivió a un intento de femicidio y aún así estuvo presa cuatro años, alejada de sus hijxs, sin trabajo y sin salud, por un homicidio que no cometió, y que de haberlo cometido, la hubiesen encerrado igual por defenderse. Después de mucha lucha se logró que Marcela espere el juicio en libertad, pero todavía no logramos su absolución.
Estos casos ponen sobre la mesa la necesidad urgente de una reforma judicial feminista, de la formación con perspectiva de género y diversidad de todas las personas que intervienen en la justicia, y en este sentido el movimiento feminista, las militantes, las abogadas feministas, hacen una diferencia fundamental, porque hay muchas Marcelas más.
¿Cómo es la realidad en cuanto a sus otros derechos, y cómo afecta esto en la salud mental?
Las cárceles fueron construidas bajo los parámetros cisnormativos y diseñadas por y para varones, por lo que desde la arquitectura y la normativa institucional no están contempladas las realidades, experiencias y necesidades de las mujeres y de quienes se corren de la norma y hay una gran exposición a violencias que deben leerse en clave interseccional: la falta de intimidad, las requisas arbitrarias, vejatorias y recurrentes (muchas veces llevadas a cabo por personal penitenciario masculino), la oferta educativa y laboral no sólo limitada sino también atravesada por estereotipos y mandatos de género que confinan a las mujeres a las tareas domésticas y de cuidado. En algunas Unidades las actividades educativas son al mismo tiempo, entonces tenés que elegir entre ir al taller de escritura o a teatro, o tenés una materia de la escuela secundaria a la misma hora que un taller. Eso también es violento y tiene repercusiones.
¿Acceden a una salud digna?
El sistema de salud es muy precario y con acceso muy limitado, como los controles ginecológicos y obstétricos, por lo que lamentablemente hay pérdidas de embarazos, incluso este año también falleció un bebé en la Unidad N° 33, donde hacemos taller. Todo esto repercute en su salud mental porque, por ejemplo, tienen que ver morir a una compañera por falta de atención médica. La lógica de control se extiende hasta un extremo insólito y la violencia obstétrica que viven en el cotidiano las mujeres -fundamentalmente de los sectores populares-, se recrudece en el caso de aquellas que se encuentran privadas de la libertad: así lo señala Nora Calandra, quien siempre cuenta que tuvo que parir con una cadena en los pies, como si fuera posible escaparse cuando se está con trabajo de parto.
Estar detenida y no poder estudiar, no poder trabajar, no poder acceder a la salud, todas esas cosas demuestran que las mujeres terminan pagando penas absolutamente desproporcionadas en relación a los delitos cometidos.
¿Cómo es la situación de las madres en contexto de encierro? ¿Notan una selectividad machista del sistema penal cuando se le concede con facilidad la domiciliaria a los genocidas, pero a ellas no?
Se las juzga de acuerdo al mandato cisnormativo y patriarcal de las buenas mujeres y buenas madres. Eso aparece no sólo en los informes que elaboran algunxs psicólogxs y trabajadorxs sociales (que llegan a referir explícitamente a la idea de “malas madres”), sino también en los encuentros con jueces/zas y fiscales, que también cuestionan – cual guardianes de la moral y las buenas costumbres – su maternidad. Cabe señalar que transitan situaciones dispares. Las embarazadas y con niñxs de hasta cuatro años, pueden permanecer con ellxs en los pabellones de madres, y luego de esa edad deben solicitar que algún familiar lxs cuide. Y aquí destacamos la gran figura de las comadres, que contra todo prejuicio y con gran esfuerzo, les ayudan en el cuidado y crianza de sus hijxs.
Quienes no cuentan con familiares que puedan asumir la tutela, se enfrentan a que sus hijes sean institucionalizadxs, situación que empeora debido a las dificultades para sostener un vínculo con ellxs y comunicarse, ya sea por la lejanía del lugar, por la violencia que se vive dentro o por el impacto emocional. En plena pandemia, todavía hay niñxs, bebés y mujeres embarazadas viviendo en las hacinadas cárceles bonaerenses, cuando desde 2009 la ley permite la prisión domiciliaria en estos casos.
Que se la otorguen a los genocidas y no a ellas, nos muestra el carácter patriarcal, clasista, racista y corporativo de la Justicia y sus vínculos con familias poderosas, con la corrupción y con la impunidad. Porque se trata del genocidio más cruento de nuestra historia nacional, que desapareció una generación militante, que le robó la identidad a cientas de personas, que empobreció y saqueó al país. Y en contraposición, hay personas que cometieron delitos no violentos, que causaron un daño realmente ínfimo a la sociedad, que tienen patologías graves en la cárcel y no pueden acceder a ella.
Pero a pesar de todo esto, destacamos las redes de solidaridad que entretejen las compañeras. En los pabellones de madres se desarrollan crianzas y cuidados colectivos: Las más grandes ayudan a las recién llegadas, las que tienen experiencia acompañan a las primerizas, aquellas cuyxs niñxs ya crecieron, comparten la ropa y los juguetes con las demás. Y entre todas hacen de la maternidad un motor de organización y de resistencia para garantizar el acceso a la salud y la educación de sus hijxs, que son quienes generan en ellas ganas de pelearla y seguir de pie.
¿La violencia institucional en las cárceles empeoró durante la cuarentena?
Sin dudas. Es una de las problemáticas más urgentes que sufren sobre todo las compañeras travestis y trans, más en este contexto. Este año nos involucramos por primera vez con los pabellones “de diversidad”, en donde se encuentran detenidas personas trans en las cárceles bonaerenses. Hay personas trans/travestis dentenidxs en unidades y alcadias exclusivamente de varones cis. Esto expone algunas de las muchas violencias que sufren. La violación a la ley de identidad de género es frecuente; Desde llevarlxs a unidades que no respetan su género autopercibido, pasando por restricciones de actividades educativas, culturales y trabajo, hasta múltiples violencias físicas y verbales.
Nosotras estamos terminando la próxima revista Atrapamuros que todos los años aborda distintas dimensiones de la realidad carcelaria. Este año la revista habla justamente sobre este tema, las trayectorias de las personas trans encarceladas. La idea es que salga antes de fin de año, esperamos que sirva para debatir y poder seguir visibilizando la problemática.
Para finalizar, ¿En qué creen que tendrían que basarse las políticas penitenciarias relacionadas con las mujeres?
Las cárceles están sobrepobladas y hacinadas, por lo tanto, para las mujeres pasar por el encierro implica también la posibilidad de enfermarse, de sufrir lesiones, de no tener un trabajo formal por los antecedentes penales, de tener depresión. Entonces en primer lugar, hay que descomprimirlas, dejando de encarcelar delitos menores (lo cual abarca más de la mitad de la población penitenciaria femenina) y personas en prisión preventiva (también, más de la mitad de las mujeres se encuentran procesadas). Hay que enfocarse en la persecución del delito organizado: narcotráfico a gran escala, trata de personas, delitos económicos.
La última vez que se construyó una cárcel específica para mujeres fue en 1996, hace casi 25 años. La infraestructura sin dudas tiene que cambiar: no se puede vivir en una celda chica, fría, húmeda, donde hay ratas. Y muchas compañeras viven así. También se tienen que garantizar alimentos de calidad, el acceso a la educación y a las herramientas para la salida en libertad, y el tratamiento psicológico. Si bien no creemos que la cárcel tenga un tratamiento “resocializador”, hoy prima la lógica punitivista y eso no puede ser así en una institución estatal que aloja personas: tiene que tener una perspectiva de género en la cual prime el principio de derechos. El trabajo en la cárcel no puede pensarse como una actividad recreativa, es trabajo y como tal tiene que ser remunerado, tiene que tener cobertura para accidentes, capacitaciones, representación gremial, y vincularse afuera para tenerlo una vez en libertad.
A la hora de delinquir, identificamos como causa mayor una falta de oportunidad laboral, que se suma a la vulneración de muchos otros derechos, o la combinación de trabajos precarios con actividades ilegales. Es un problema que nos habla de la cadena de violencia que sufren antes de llegar a una cárcel: si la mayoría de ellas cometió una infracción a la Ley de Estupefacientes por razones de supervivencia económica ¿Qué otras alternativas tenía para subsistir?
En cuanto a la perspectiva de género, tienen que poder acceder a la salud integral, incluyendo la salud sexual (acceso a anticonceptivos, a información y tratamientos ante enfermedades de transmisión sexual y reproductiva), y acceder a información acerca de la violencia contra las mujeres y disidencias, a quienes se debe respetar su identidad de género tanto en el proceso penal como en los pabellones donde son alojadas.
