Acuerdo de Escazú: un horizonte para lxs activistas ambientales

Por Florencia Da Silva

El Acuerdo de Escazú entró en vigencia el 22 de abril, y Argentina forma parte de este nuevo compromiso con el ambiente y sus ciudadanos. Es el primer tratado de América Latina y el Caribe que busca garantizar el derecho a la información ambiental y la participación de la ciudadanía en cuestiones que les afectan. A nivel mundial es el primero que defiende los derechos de lxs activistas ambientales, que muchas veces son perseguidos por manifestarse. Algunos de los países que forman parte de este acuerdo son Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

Respecto al acuerdo y la fuerza que puede traer a América Latina y el Caribe, en la Jornada celebratoria por la entrada en vigor del Acuerdo -realizada por el Ministerio de Ambiente- Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresó que los países de la región tenemos problemáticas en común: nos están depredando la biodiversidad, la situación climática, la desertificación y los incendios. “Sin embargo, según explicó el especialista en derecho ambiental, no tenemos respuestas iguales. Cada uno se arregla como puede”, concluyó. 

La democracia ambiental es fundamental en nuestra región ya que escasea. En el caso de Argentina, al igual que otros países, no hay transparencia en las acciones que dañan al ambiente y las empresas multinacionales -con el aval de los gobiernos- utilizan el territorio, sin permiso ni consulta social, para su propio beneficio. A lo largo del país, tenemos cientos de casos en donde el dinero de unos pocos valió más que los derechos humanos y ambientales. Sucede en Catamarca y Chubut con la minería, en Entre Ríos con los pueblos fumigados y en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco con la deforestación. 

Las distintas provincias hace años que luchan en contra de estos negocios de pocos que afectan a muchos, pero no son escuchadas. Por eso, es fundamental que de ahora en adelante se respete el Acuerdo de Escazú y se incluya a la ciudadanía en las decisiones políticas que afecten al ambiente y la vida de las personas. 

Foto: @lobisfemina

 Además, el acuerdo busca proteger los derechos de las personas defensoras del ambiente. En América Latina, las agresiones contra lxs activistas ambientales en el contexto de proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales es muy común. Según el informe “Defender al mañana”, de la organización Global Witness, en 2019 se registraron 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En Colombia se asesinaron 64 personas, en Brasil a 24, México 18, Honduras 14 y en Guatemala a 12. “Como activistas ambientales creemos que un acuerdo como el de Escazú, visibiliza para la humanidad lo importante que es la escucha y el reconocimiento de las poblaciones y activistas, no solo desde lo discursivo sino desde las políticas regionales y el ámbito legal que engloba este acuerdo”, expresó el activista de Jóvenes por el Clima. Además, recalcó que Latino América es el territorio más peligroso en el mundo para los activistas ambientales, tanto por los asesinatos a las poblaciones que defienden sus territorios, así como causas falsas con implantación de culpas y otros miles de vulneraciones a los derechos humanos como sucedió en Andalgalá, Catamarca. Y agregó: “esperamos que los diferentes actores dentro de la vida social, política, cultural y económica tengan en cuenta este acuerdo ante la toma de cualquier decisión”. 

Por otro lado, el tratado es un avance para que haya mayor estabilidad en las políticas ambientales. Esto es crucial, ya que es habitual que no se respeten las leyes ambientales existentes y que la información que debería ser pública esté oculta. “El acuerdo es una herramienta que permite que los actores vinculados al cuidado del ambiente tengan mayor acceso a la información del impacto ambiental de cada proyecto minero, agropecuario o inmobiliario”, declaró a Revista Sudestada Alejo Morán Lozano, activista de Jóvenes por el Clima. Y agregó: “Las empresas deberán buscar un acuerdo y cumplirlo con las poblaciones ante cualquier nuevo proyecto presentado”.