8.701 personas fueron asesinadas por el Estado desde el comienzo de la democracia, en 1983, hasta diciembre del 2022, según el informe que lanzaron ayer desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). El año pasado se contabilizaron 436 muertes en manos de integrantes de las fuerzas armadas. Sobre esto, Revista Sudestada dialogó con María del Carmen Verdú, directora de la organización.
Por Florencia Da Silva
Las muertes en custodia policial crecieron exponencialmente en los últimos años. 319 personas fallecieron en este contexto. Una de las historias que llegaron a los medios fue la de Daiana Abregú, de 26 años, que fue detenida por “generar disturbios en la calle” en la comisaría de Laprida y apareció ahorcada. Los policías dijeron que se suicidó, la familia sigue sosteniendo que la asesinaron. Todavía no se hizo justicia. Como ella, hay cientos de historias. Por eso, la consigna “Nadie se suicida en una comisaría” continúa tan vigente.
“Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional, y el índice de encarcelamiento. Entre 2001 y 2021 pasamos de 34 mil personas privadas de libertad en cárceles a más de 100 mil”, explican en el informe. Como contraposición a estos datos, también aclaran que en el año 2001, la tasa de robos o tentativas de robo era de 1.058,3 y en 2021 descendió a 860,4. La tasa de homicidios dolosos era de 8,6 en 2001, y bajó a casi la mitad (4,6) en 2021. Es decir, hubo una disminución de delitos pero aumentaron las detenciones y muchos de los espacios de encarcelamientos están colapsados, en condiciones precarias y con personas detenidas sin una condena firme.
“En el caso de las cárceles, hay un juez que tomó la decisión de la detención. En las comisarías, más de la mitad de las personas muertas desde 1983 hasta hoy son personas que no estaban acusadas de un delito. Ni un juez ni un fiscal había pedido la detención. Fueron víctimas de alguna de las muchas facultades que tienen las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente, como es la averiguación de antecedentes, detención para identificar, arrestos preventivos en materia contravencional -que simplemente te tendrían que notificar, dar el acta y citarte a la fiscalía para pagar la multa-”, sostuvo Verdú. Además, destacó que se cumplen 20 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino en el caso Bulacio como responsable de la detención, tortura y muerte de Walter, y le ordenó como sanción terminar con el sistema de detenciones arbitrarias y restringir la privación de libertad a las únicas dos causales constitucional y convencionalmente permitidas: por orden judicial o porque se encontró a la persona en el momento de cometer el delito. “Si se cumpliera esa sentencia moriría la mitad de la gente en las comisarías. No estaría muerta Florencia Magalí Morales, no estaría muerta Daiana Abregú, no estaría muerto Alejandro Muñoz. Ninguno de los tres estaba detenido por un delito”, agregó.
Por otro lado, 80 de las muertes fueron consecuencia de fusilamientos de gatillo fácil; 20 en contexto de violencia intrafamiliar (19 femicidios –incluida una desaparición- y un femicidio relacionado). “Es un problema sistémico. La represión es una herramienta que forma parte del conjunto de mecanismos que tienen los Estados capitalistas para ejercer el control social. Sin embargo, eso no significa que no haya cosas que se puedan hacer para bajar la letalidad. Concretamente el 66% de los casos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniformes ocurren con el arma reglamentaria y fuera de servicio. Por ende, con la prohibición del uso y portación del arma fuera de servicio, así como desaparecieron los casos de la PSA tendría que bajar en los otros casos”, explicó Verdú. El caso de la Policía Aeroportuaria es el ejemplo: en 2020 -a partir de la derogación de los protocolos Bullrich- se prohibió a esa fuerza la portación de armas de fuego por fuera de su horario de servicio. Como consecuencia, no se registraron fusilamientos a manos de ese personal. “El arma es el último recurso, es lo que solamente se utiliza cuando todo lo demás ya falló y cuando del otro lado hay una agresión equivalente. Expresamente está prohibido disparar en caso de fuga, disparar para evitar un robo -porque matar al alguien, aunque sea el presunto ladrón, estás causando un daño mayor al que querías evitar-. Se detiene usando inteligencia. En todos los países escandinavos, en Alemania, los policías que van por la calle no llevan armas de fuego. Los londinenses llevan unos bastones que son menos peligrosos que la tonfa, que es un arma letal”, destacó la directora de la organización.
Cuando le preguntamos por los diversos protocolos que podrían aplicarse para disminuir los casos de gatillo fácil, apuntó: “Uno de los grandes problemas es el arma en condición de disparo inmediato. Estamos cansadxs en CORREPI de ir a juicio y escuchar que el policía diga ‘se me escapó el tiro, fue sin querer, el gatillo era muy celoso, me tropecé y apreté sin querer, se cayó al piso y se disparó, forcejeamos y se disparó’. Son siempre las mismas excusas. Tienen la instrucción de llevar el arma en condición de disparo inmediato, es decir sin seguros, bala en recámara”. Además, destacó la importancia de erradicar las Leyes Blumberg, Ley de Flagrancia y Ley Petri que tuvieron como consecuencia el aumento de las penas de prisión y los años de condena.
Algunas de las exigencias que expresaron para erradicar las muertes a manos de las fuerzas de seguridad fueron:
• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente.
• ¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio ya!
• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.
• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.
• Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional entre 2004 y 2017, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.
• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.
• Anulación de la directiva que tiene la policía federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).
• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.
• Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
• Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.
