En marzo se cumplieron tres décadas de la liberación comercial de la primera soja resistente al cancerígeno glifosato. Desde el menemismo para acá, todas las gestiones de gobierno se alinearon con los intereses de las multinacionales de la transgénesis y la comercialización de plaguicidas. Bayer-Monsanto, Corteva, Syngenta-Chemchina y BASF controlan un nicho de negocios cuya consecuencia más visible es el desastre ambiental y sanitario que atraviesan los pueblos fumigados del interior. Transgénicos y agrotóxicos, una alianza funesta que mueve millones de dólares en la Argentina.
El agronegocio ligado a la siembra de semillas manipuladas genéticamente acaba de cumplir tres décadas de instaurado en la Argentina. Y la apuesta extractivista y pro empresa contaminante de la que viene haciendo gala la presidencia de Javier Milei promete acercarles más negocios a depredadores como Bayer-Monsanto, Corteva (Dow + DuPont), Syngenta-Chemchina y BASF, las empresas controlan la oferta de transgénicos —OGM, en la jerga— y la comercialización de agrotóxicos.
Treinta años atrás, en concreto el lunes 25 de marzo de 1996, Felipe Solá, por entonces Secretario de Agricultura del menemato, habilitó la primera soja transgénica RR —Roundup Ready, por la formulación del cancerígeno glifosato que en ese momento sólo comercializaba Monsanto— y desde ahí la liberación de “eventos” OGM se volvió una política de estado apuntalada por todos los gobiernos nacionales. Por estos días, suman 92 los transgénicos habilitados de forma comercial en la Argentina desde la presidencia de Carlos Menem a esta parte.
Voy con un primer detalle al respecto: a excepción del mandato de Fernando de la Rúa —de seguro no hizo tiempo dada la debacle socioeconómica que derivó en las masacres de 2001—, desde los 90 para acá todas las gestiones han liberado OGM en mayor o menor número.
Así, durante el período 1995-1999, el gobierno de Carlos Menem aprobó 5 eventos transgénicos —sendas variedades de maíz, soja y algodón dotadas con BT y resistencias a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio—. En tanto, las gestiones de Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, correspondientes al lapso 2001-2003, habilitaron 2 OGM —maíz y algodón, con BT contra lepidópteros y tolerancia a glifosato—.
Néstor Kirchner, en el período 2003-2007, aprobó 4 transgénicos: todas variedades de maíz resistentes a glifosato y glufosinato de amonio + toxina BT contra lepidópteros. Durante los dos mandatos de Cristina Fernández se liberaron 24 eventos transgénicos, correspondientes a variedades de soja, maíz, algodón y papa.
A excepción de esta última —presunta resistencia a virosis—, el resto de los OGM acumuló resistencias a herbicidas y BT. Dicha gestión liberó, además, una variedad de soja con tolerancia combinada a 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato.
Por su parte, el macrismo aprobó 26 transgénicos en tan sólo cuatro años. Con la particularidad de que los últimos 19 fueron habilitados en el transcurso de apenas 22 meses. En su paso por la cartera de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere oficializó casi un organismo genéticamente modificado por mes.
En cuanto a las variedades promovidas, el maíz resultó predominante con 11 aprobaciones, seguidos por la soja con 8 semillas. También durante esa administración emergieron OGM de papa, alfalfa y cártamo. Y quedaron a un paso de su aprobación sendas manipulaciones genéticas aplicadas a la caña de azúcar.
Ya con Alberto Fernández vio la luz el primer trigo transgénico del planeta. Esa gestión liberó 14 OGM: 6 semillas transgénicas de maíz, 4 de soja, 2 de trigo, una variedad de alfalfa y otra de algodón. Por último, la administración libertaria de Milei acumula 17 eventos habilitados de forma comercial desde diciembre de 2023 a estos días y con el siguiente detalle: 11 semillas modificadas de maíz, 5 de soja y una variedad de algodón.
Los transgénicos, un vector para vender más y más agrotóxicos
La liberación de transgénicos es inseparable del negocio de los agrotóxicos, aunque las compañías que controlan ambos rubros —básicamente, las mismas— acumulan décadas generando campañas publicitarias e incluso financiando estudios de científicos digitados para tratar de instalar lo inverso a esa verdad.
Es a través de esos mismos mecanismos que Bayer-Monsanto, Corteva y similares no dejan de sostener que los OGM generan una baja en el uso de plaguicidas cuando la empiria muestra exactamente lo contrario.
Vuelvo a un testimonio que publiqué en la reedición de mi libro Envenenados (2017, Gárgola Ediciones): quien habla es Medardo Ávila Vázquez, referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados: “En los años 90, en toda la Argentina se consumían 30 millones de litros de agroquímicos. El último consumo declarado por las cámaras que nuclean a estas empresas en el país, de 2014, fue de más de 300 millones de litros. En alrededor de 20 años la cantidad de agroquímicos que se aplicaron en la Argentina aumentó 1.000 por ciento”.
“Mientras que la superficie cultivada aumentó un 60 por ciento, la cantidad de agroquímicos, insisto, subió 1.000 por ciento. Esto muestra un desbalance que impacta”, añadió el experto en ese momento.
Incentivada por la siembra de transgénicos, la venta de agrotóxicos mueve a nivel nacional millones de litros y, claro, también de dólares. Comparto el último dato respecto del uso de plaguicidas que divulgó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): al menos 580 millones de litros de agrotóxicos se vierten cada año sobre territorios y poblaciones de la Argentina.
De ese total, 230 millones corresponden a formulaciones de herbicidas como el cancerígeno glifosato y la porción restante comprende bombas químicas rotuladas por la industria de los agrovenenos cómo insecticidas, acaricidas y fungicidas, entre otras categorías.
Semejante volumen, dividido entre los 46 millones de personas que padecen este modelo prácticamente en todas las regiones de nuestro país, arroja que por cada habitante se aplican 12.6 litros de veneno siempre en términos anuales.
Ajustado sólo a aquello le importa al agronegocio, esto es, la ecuación productiva en desmedro de la salud colectiva y la seguridad y la soberanía alimentaria, la cuenta da un uso superior a los 13.6 litros de agrotóxicos por hectárea –42.5 millones destinadas a la agricultura intensiva, según datos de entidades del agronegocio como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)–.
La industria de los venenos también tiene sus números, claro, aunque se cuida de comentarlos de forma pública para evitar la crítica al ecocidio que promueven las compañías que integran ese nicho comercial. A mediados del año pasado, se informó que la venta de agrotóxicos mueve en la Argentina a razón de 3.100 millones de dólares —en 2023 se alcanzó un pico de facturación del orden de los 4.314 millones, siempre en moneda estadounidense—.
Y que, a nivel oficial —las ventas sin declarar y el contrabando de plaguicidas son un rasgo característico de ese sector—, las compañías declaran un volumen de comercialización de agrovenenos que oscila entre los 337.4 y los casi 400 millones de litros anuales.
Al mismo tiempo, trascendió que las empresas que registran mayor éxito comercial a partir de la venta de estas bombas químicas son Syngenta, Bayer, Albaugh (Atanor), BASF, Sigma, Corteva, Summit Agro, ACA, ADAMA y FMC.
Por qué los transgénicos impactan de la peor forma en el ambiente y la salud
A lo largo de las décadas, los popes de la industria agrotóxica-transgénica han aunado esfuerzos para difundir e intentar consolidar la idea de que las semillas modificadas genéticamente funcionan separadas de los plaguicidas.
Pero lo cierto es que, al menos hasta el momento —y las más de 90 aprobaciones de OGMs vegetales en Argentina lo prueban— las empresas no han hecho más que mantener unidos a ambos elementos con el fin de instalar un paradigma comercial: el del llamado “paquete tecnológico”, que integra a venenos con transgénicos y al que usualmente se añade la técnica de la siembra directa.
Una fórmula que la agroindustria apuntala con discursos que publicitan al “paquete tecnológico” como la única forma actual de realizar agricultura, en claro desprecio por la agroecología y las técnicas de cultivos sin plaguicidas ni semillas transgénicas que nos han asegurado alimentos a lo largo de los siglos.
Con relación a las características técnicas de los transgénicos y su relación con los agrotóxicos, comparto aquí los dichos del doctor Claudio Martínez Debat, académico e investigador especializado en biología molecular y celular, una referencia continental en el tema, con quien hace ya algunos años mantuve una charla acerca del impacto negativo relacionado a la siembra de semillas modificadas genéticamente.
Desde Montevideo, Uruguay, el experto se refirió, justamente, a las particularidades de los OGM que se siembran en esta parte del mundo.
“La construcción del transgénico es sólo una parte: después está todo el modelo que lo acompaña, basado en un uso masivo de agrotóxicos. De esos agrotóxicos quedan remanentes en los alimentos. Por lo tanto, estamos consumiendo agrotóxicos porque vienen con los transgénicos”, aseveró en un tramo del diálogo.
“Se puede decir que los agrotóxicos no son privativos de los transgénicos y eso es cierto. Pero los transgénicos fueron diseñados para eso. La transgénesis es una técnica, pero el tema son los productos comerciales basados en ella. Tiene como ventaja que podés estudiar cómo funciona una secuencia genética en otro organismo. Lo podés hacer en una bacteria, ver cómo se comporta. Para avanzar en cuestiones como la medicina está bien, no hay problemas con eso”, expuso.
Para luego aclarar: “El problema está cuando se ignoran las limitaciones que tiene. No es una técnica exacta por más que se la llame ingeniería genética. Es un oxímoron. Un ingeniero trabaja con materiales inorgánicos, muertos, con objetos. La vida no es eso. Entonces, ¿cómo podemos pensar en hacer ingeniería sobre la vida? Ahí tenemos un problema conceptual mayor”.
Martínez Debat dijo que, en concreto, uno de los inconvenientes de esta opción tecnológica pasa por “pretender que al insertar secuencias de otras especies en una planta o animal lo único que se exprese en ese vegetal o animal sea esa única secuencia (añadida) y el resto deje de existir. (Que) lo demás resulte una nube blanca que seguirá ahí, inalterada”.
“Eso no es así”, comentó en la charla. El experto uruguayo aportó otra explicación por demás valiosa: “Todo organismo vivo es un sistema. Si se altera, aunque sea mínimamente, y más desde el punto de vista genético, el resultado es una alteración de (ese) todo”.
“En el caso de las plantas transgénicas, se ha comprobado que no son sustancialmente equivalentes, como se nos quiere hacer creer, respecto de su contraparte no transgénica. Hay un cambio en toda la planta, en las proteínas que se producen, en los ácidos nucleicos que se expresan, en los fenotipos. Un cambio real e importante”, concluyó Martínez Debat.
La política del peor agronegocio
Tres décadas después de liberada la primera soja OGM que promovió Felipe Solá, un repaso de todo de el período expone con claridad cómo cada gestión de gobierno —discurso progresista o no vigente— ha hecho del apoyo a la industria de los transgénicos y los agrotóxicos, con foco en la exportación de “commodities” agrícolas, una auténtica política de estado.
El agronegocio gobierna en la Argentina más allá de la bandera política del momento. Y las consecuencias del modelo se evidencian en el desastre ambiental y sanitario que atraviesan las comunidades fumigadas en el interior del país.
De 1996 a este presente los mandatarios exhiben rasgos similares: inmunidad al reclamo sanitario de los pueblos fumigados, al pedido de científicos, maestras y médicos rurales, peones, asambleas y colectivos de vecinos.
También, tolerancia a la crítica social derivada del mismo desastre, a los cuestionamientos incluso internacionales. Toxina BT contra cualquiera que se atreva a refutar estas máximas suicidas que los gobiernos consideran fórmulas indiscutibles para el desarrollo.
Hoy, con Milei al frente del Ejecutivo nacional, las multinacionales del veneno tienen en la gestión libertaria un apoyo por demás manifiesto. Ostentan un poder que antes se murmuraba entre bambalinas y ahora se expresa de forma ensordecedora, sin ningún tipo de pudor.
El rasgo común, además de la continuidad del veneno, está en la búsqueda de la perpetuidad del negocio. Una meta que las corporaciones de la transgénesis ahora tampoco disimulan. Y que la gestión de La Libertad Avanza, lo expone la decisión reciente de desregular la liberación de transgénicos en la Argentina, no hace más que estimular con decisiones políticas acordes a los intereses del peor agronegocio.
